Las protestas anunciadas para la semana próxima en Niza, Francia, durante la cumbre de la Unión Europea (UE), pueden constituir un anticipo de las futuras campañas contra la mundialización y la liberalización del comercio.
La marcha convocada por sindicatos y grupos de la sociedad civil de los países europeos para el 6 de diciembre pretende impedir la liberalización de servicios como la salud, la educación y la cultura en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Los jefes de Estado y de gobierno de la UE discutirán en Niza una nueva distribución de poder entre los países miembros y también entre los organismos comunitarios, incluida la competencia para negociar determinados temas en la OMC.
Las normas del bloque europeo reservan asuntos específicos en el plano de política comercial, como los servicios, las inversiones y la propiedad intelectual, a la «responsabilidad compartida» entre la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la UE) y los 15 países miembros.
En esas cuestiones, como establece el artículo 133 del Tratado de Amsterdam que regula a la UE, los países pueden oponer el veto a los compromisos que concierte en la OMC la Comisión, presidida por el italiano Romano Prodi e integrada por otros 19 comisarios.
Pero el comisario europeo encargado del comercio, el socialista francés Pascual Lamy, y «los grupos de presión constituidos por las empresas transnacionales -sus allegados- tienen buena esperanza» de que la cumbre de Niza modifique ese artículo.
«De ser así, la lucha contra la mundialización neoliberal retrocederá de manera muy grave», advirtió la escritora Susan George, que preside el Observatorio de la mundialización.
La intención de Lamy, según sostiene George, consiste en aplicar a los servicios, la inversión y la propiedad intelectual, el mismo sistema de mayoría cualificada que se adopta en la UE para tomar decisiones sobre otras cuestiones comerciales, como las referidas a bienes industriales.
El método de mayoría cualificada se basa en una distribución de votos de acuerdo al peso demográfico de los 15 miembros de la UE.
Así, Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia tienen 10 votos cada uno, España los sigue con ocho votos, Bélgica, Grecia, Países Bajos y Portugal con cinco, Austria y Suecia con cuatro, Dinamarca, Finlandia e Irlanda con tres, y Luxemburgo con uno.
Con ese sistema de votación se requiere una mayoría de 62 votos para aprobar una resolución. En contraste, son necesarios 26 votos para bloquear una medida.
Pero Alemania pretende en forma paralela que en la reunión de Niza se revise ese sistema de distribución, se reconozca su condición de país más poblado de la UE y se le atribuyan más votos que a Francia, Gran Bretaña e Italia.
Esas dos cuestiones que debatirá la cumbre, la reforma del artículo 133 y de la distribución de votos, están estrechamente relacionadas con el sesgo futuro de la política comercial de la UE y preocupan a las organizaciones que convocaron a la marcha de Niza.
George afirmó que el comisario Lamy desarrolla una campaña para lograr que el régimen de mayoría cualificada se aplique también a las inversiones, la propiedad intelectual y los servicios.
En el último rubro se incluyen la salud, la educación, el sector audiovisual, el transporte, el ambiente y los servicios públicos. La propiedad intelectual abarca el tema candente de los organismos genéticamente modificados.
George, nacida en Estados Unidos pero naturalizada francesa, sostiene que la Comisión Europea, que comparte la idea de Lamy, «quiere liberalizar a diestra y siniestra» en la OMC.
Michel Servoz, principal negociador europeo en el ámbito de los servicios, estimó que «la salud y la educación están maduras para la liberalización», según citó George en un documento político denominado «Alerta Roja».
Una fuente de la OMC, que prefirió conservar el anonimato, negó que se discuta en esa institución la liberalización de los servicios que prestan los estados.
Sin embargo, la fuente vaticinó que las negociaciones para ampliar la liberalización de los servicios, iniciadas en enero, pueden convertirse en blanco de críticas de los opositores más acérrimos de la OMC y del liberalismo, como los que hace un año frustraron la conferencia ministerial de Seattle, Estados Unidos.
George estimó que, si triunfan los propósitos del comisario Lamy, la Comisión Europea quedará «sometida por completo a las doctrinas neoliberales y a las exigencias de las grandes empresas industriales y financieras».
Los manifestantes que recorrerán las calles de Niza el miércoles próximo se pronunciarán, entre otros objetivos, por la defensa del concepto de servicio público, que la Comisión Europea «pretende eliminar con el pretexto de la competencia», insistió. (FIN/IPS/pc/dm/ip if/00
