Una delegación gubernamental de Estados Unidos confirmó hoy en la capital de Colombia el apoyo al plan antidrogas del gobierno de Andrés Pastrana y el proceso de paz con la guerrilla.
El subsecretario de Estado para asuntos políticos, Thomas Pickering, y el jefe de la oficina de política nacional contra las drogas, Barry McCaffrey, encabezan la misión estadounidense que se reunió este lunes con Pastrana, su ministro de Defensa, Luis Ramírez, y altos mandos militares.
Los enviados de Washington permanecerán una semana en este país para hacer una ronda de consultas sobre el llamado Plan Colombia, que cuenta con ayuda especial de ese gobierno y cuya ejecución comenzará en diciembre con la erradicación de cultivos ilícitos en el departamento de Putumayo, en el sudeste del país.
McCaffrey dijo que el apoyo al Plan Colombia, aprobado este año por el Congreso estadounidense a iniciativa del presidente Bill Clinton, no sufrirá cambios con la nueva administración que llegue en enero a la Casa Blanca, porque «ayudando a Colombia en esta situación de emergencia nos estamos ayudando todos».
El nuevo programa antidrogas colombiano tiene un costo de 7.500 millones de dólares, los cuales serán financiados con 4.500 millones del gobierno de Pastrana y 1.300 millones de Estados Unidos, mientras que el resto provendrá de créditos de organismos multilaterales y de donaciones de países amigos.
El funcionario estadounidense afirmó que el consumo de drogas ilícitas cobra 52.000 vidas cada año en su país.
Agregó que la violencia generada por el conflicto interno en Colombia, que dijo esta alimentado de dinero del narcotráfico, «causa inestabilidad en el resto de la región andina», que sufre el problema del desplazamiento forzado de personas.
Organizaciones no gubernamentales aseguran que el abandono de hogares aumentó en los últimos meses, a causa del recrudecimiento de los enfrentamientos entre las guerrillas izquierdistas y los paramilitares de derecha, que buscan afianzar sus dominios territoriales ante la inminente ejecución del Plan Colombia.
La puesta en marcha del nuevo programa antidrogas ocasionará el desplazamiento de unas 150.000 personas del sudeste del país, donde se produce 60 por ciento de la cocaína que se consume en Estados Unidos, indican los grupos civiles.
Los combates entre las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) expulsaron hacia Ecuador a 17.000 campesinos de Putumayo, sólo entre septiembre y lo que va de este mes, indica un informe de organismos de seguridad.
McCffrey transmitió el deseo de Washington de que el diálogo de paz entre Bogotá y las FARC se reanude «lo más pronto posible», y afirmó que no habrá una intervención directa de su país en la lucha contrainsurgente colombiana.
Sin embargo, comprometió «el apoyo y seguridad a las fuerzas que combaten el narcotráfico, independientemente de quien sea la fuente de esa amenaza».
Las FARC, la guerrilla más importante del país, congelaron la semana pasada y de manera unilateral las negociaciones con el gobierno de Pastrana hasta tanto éste no demuestre una verdadera política para enfrentar a los paramilitares, a los que responsabilizan de 80 por ciento de las masacres en el país.
El secretario de Estado adjunto para asuntos de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos, Harold Koh, quien también integra la misión, consideró la reanudación del proceso de paz con las FARC como uno de los caminos para solucionar el problema de violaciones de derechos básicos que afronta Colombia.
Koh comentó que preocupa a Washington «la constante violaciones de los derechos humanos por parte de la guerrilla y de los paramilitares».
También forman parte de la delegación estadounidense la subdirectora de la Agencia para el Desarrollo Internacional, Hattle Babbitt, el jefe del comando sur del ejército, general Peter Pace, y el secretario adjunto de Asuntos para el Hemisferio Occidental, William Brownfield. (FIN/IPS/yf/dm/ip/00
