El ejército de Chile completó su proceso anual de calificaciones en el alto mando con el paso a retiro de 12 generales, lo cual implica que ya no quedan prácticamente en servicio activo generales considerados hombres de confianza del ex dictador Augusto Pinochet.
La nueva composición del generalato divulgada el martes demuestra, según analistas locales, que el comandante en jefe, general Ricardo Izurieta, busca a su sucesor entre oficiales con un perfil profesional, pero a la vez con buena sintonía con el mundo civil y en particular con el gobierno de Ricardo Lagos.
Izurieta, quien sustituyó en 1998 a Pinochet en la comandancia del ejército, debe retirarse el 11 de marzo de 2002, ocasión en que Lagos deberá nombrar al nuevo jefe superior entre las cinco primeras jerarquías o antigüedades del cuerpo de 41 generales.
El ex dictador Pinochet (1973-1990) estableció una marca mundial al permanecer casi 25 años al mando del ejército, desde su designación por el derrocado presidente Salvador Allende el 23 de agosto de 1973 hasta su retiro, el 10 de marzo de 1998. Al día siguiente prestó juramento como senador vitalicio.
La Constitución que la dictadura hizo aprobar por referéndum en 1980 permitió a Pinochet mantener la jefatura del ejército por ocho años más a partir del 11 de marzo de 1990, cuando debió entregar el gobierno a Patricio Aylwin como consecuencia de su derrota en el plebiscito presidencial del 5 de octubre de 1988.
Así, sólo después del retiro de Pinochet el entonces presidente Eduardo Frei (1994-2000) pudo ejercer la atribución constitucional de designar al comandante del ejército entre las cinco primeras jerarquías del arma por un período de cuatro años. Facultad que Lagos ejercerá a su vez en 2002.
La designación de Izurieta por parte de Frei fue un primer signo de renovación, ya que el actual comandante del ejército ocupaba el quinto lugar en antigüedad, con lo cual pasaron automáticamente a retiro, junto con Pinochet, los otros cuatro generales que lo antecedían en la escala de mando.
Pinochet fue suspendido del Senado en agosto, luego de que la Corte Suprema de Justicia le quitara sus fueros legislativos, abriendo así la posibilidad de que se le juzgue por delitos contra la humanidad cometidos en 1973, aunque podría ser excluido del proceso si se le diagnostica demencia senil u otra anomalía mental.
Próximo a cumplir 85 años de edad, el 15 de este mes, el ex dictador es hoy un anciano enfermo y acosado por la justicia, pero que aún mantiene ascendiente y lealtades dentro del ejército, donde numerosas generaciones de oficiales se formaron bajo su mando.
Según las normas castrenses, los oficiales deben acogerse a retiro con 38 años de servicio, aunque una norma especial emitida bajo la dictadura en 1982 permite postergar la medida en casos especiales.
Esa norma es conocida como «ley Canessa», porque el primer beneficiado por ella fue el general Julio Canessa, actual senador designado en representación del ejército.
Desde el traspaso del mando a Izurieta no se ha recurrido a esa ley, lo cual refleja la tendencia en el ejército a promover la renovación de los altos mandos, en contraste con lo ocurrido bajo Pinochet, quien en sus últimos años a la cabeza del arma la aplicó a favor de varios de sus incondicionales.
El comandante en jefe del ejército puede llamar igualmente a retiro a generales y otros oficiales superiores, aunque no hayan cumplido los 38 años de servicio, por la vía de ascender en su lugar a cuadros con menor antigüedad. Los ascensos, a su vez, deben ser refrendados por la Presidencia.
Desde 1996, cuando se comenzó a preparar de hecho la sucesión castrense del ex dictador, hasta esta última calificación, han pasado a retiro 46 generales, cifra que equivale a un alto mando completo. El generalato, conformado tradicionalmente por 40 oficiales, aumentó ahora a 41.
En octubre de 1998, en el inicio de la «era Izurieta», pasaron a retiro 12 generales, aunque en 1999 los forzados a jubilarse fueron sólo cuatro generales, en un ambiente militar altamente sensible por el arresto en ese entonces de Pinochet en Londres.
En los dos años el actual comandante utilizó las calificaciones para alejar del servicio activo a generales, brigadieres y coroneles comprometidos directamente en violaciones de derechos humanos o muy identificados con las políticas represivas del régimen dictatorial.
Entre 1998 y 1999 pasaron a retiro, entre otros, el abogado y general Fernando Torres, fiscal del ejército desde la dictadura, así como el brigadier Miguel Krasnoff, procesado en 1992 por la desaparición del chileno-francés Alfonso Chanfreau y favorecido con la ley de amnistía de 1978.
También fue alejado del ejército en 1998 el coronel Jaime Lepe, involucrado en el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, cometido en 1976, aunque en este caso fue el entonces presidente Frei quien vetó la propuesta para su ascenso.
En esta última recomposición pasó a retiro el general Sergio Candia, quien en septiembre participó como representante de Izurieta en un acto de la Fundación Pinochet calificado de político por el gobierno, que le hizo un llamado de atención al comandante del ejército.
Izurieta llamó a retiro ahora a los cuatro generales que le seguían en jerarquía, incluyendo a Candia, con lo cual hizo ascender a la segunda antigüedad al general Juan Emilio Cheyre, un oficial de alto nivel intelectual de quien se dice que es visto con simpatía por Lagos.
En 1997 Cheyre participó junto al entonces ministro Lagos y otros líderes socialistas en el encuentro de El Escorial, en España, en lo que fue uno de los primeros foros políticos con participación de un militar chileno.
Cheyre se proyecta así como el hombre que trabajará durante el próximo año con Izurieta para preparar la sucesión en la comandancia en jefe, ya que es casi un hecho su pase a retiro en 2001, salvo que se la aplique la «ley Canessa».
El movimiento de jerarquías dentro del Ejército determinó así mismo que el general Juan Carlos Salgado, quien ocupaba la vigésima primera antigüedad, pasara al casillero número 12, además de ser asignado al mando de la II División del Ejército, con sede en Santiago, la más importante del arma.
Salgado fue el general que representó al Ejército en la mesa de diálogo sobre derechos humanos, en la cual las Fuerzas Armadas se reunieron por primera vez con abogados de las víctimas de la represión para buscar una fórmula de solución al aún no resuelto problema de los detenidos-desaparecidos.
Su nombre es el que más se menciona ahora como probable sucesor de Izurieta, considerando que en el proceso de calificación del generalato de octubre de 2001 podría promoverlo perfectamente al grupo de las cinco primeras jerarquías. (FIN/IPS/ggr/dm/ip/00
