El informe de la Comisión Mundial de Represas creada por el Banco Mundial tiene limitaciones, pero es un avance, pues reconoce los daños causados por los grandes embalses, señalaron organizaciones no gubernamentales en Brasil.
Ahora por lo menos los organismos multilaterales tienen «parámetros, un patrón de requerimientos» que se deberá exigir para financiar esas obras, señaló a IPS Glenn Switkes, coordinador en América Latina de la Red Internacional de Ríos, sobre el estudio de la Comisión.
La investigación sobre los efectos de las represas, que suman 45.000 en el mundo, confirman lo que el Movimiento de los Afectados por Represas (MAR) denuncia hace muchos años, según Helio Mecca, uno de los coordinadores nacionales del grupo.
La Comisión, integrada por 12 representantes de comunidades afectadas, gobiernos y firmas constructoras, analizó durante dos años el impacto de las represas en varios países, e incluyó investigaciones propias, consultas con expertos y audiencias públicas
Además del daño ambiental y social, los embalses representan el destierro, el empobrecimiento y un desarrollo nulo para las poblaciones locales, ya que sus mayores beneficios se destinan a los sectores ricos y empresas lejanas, acusó Mecca, él mismo un agricultor desalojado del sur de Brasil.
El informe, divulgado el 16 de noviembre en Londres, fue presentado a las organizaciones no gubernamentales de Brasil el lunes, por el físico José Goldemberg, ex ministro brasileño de Educación y de Medio Ambiente, uno de los miembros de la Comisión formada por el Banco Mundial.
Como punto más positivo, Mecca destacó la recomendación de que solo se conceda licencia para construcción de una represa «tras el consentimiento de la población afectada», «negociaciones participativas y un acuerdo previo que proporcione buenas soluciones a los desalojados».
También se condiciona la obra a una evaluación que compruebe su necesidad y la inexistencia de alternativas válidas, añadió Selma Barros, encargada de relaciones externas del MAR.
El informe de la Comisión destaca que de 40 a 80 millones de personas, en especial campesinos e indígenas, fueron expulsadas de sus tierras por los embalses, y que pocos recuperaron su anterior calidad de vida.
La extinción de especies acuáticas, la inundación de extensos bosques y de áreas agrícolas y la emisión de gases invernadero como el monóxido de carbono, a los que se atribuye el recalentamiento del planeta, son algunos de los daños ambientales que se atribuyen a las represas.
El MAR calculó en un millón las personas desalojadas en Brasil. Al menos la mitad aún espera indemnizaciones y reubicación, dijo Mecca. El problema afecta en especial a las víctimas de obras más antiguas, cuando Brasil vivía bajo una dictadura militar y la población carecía de organización.
Los ambientalistas y el MAR temen que los efectos del informe se limiten a las instituciones financieras internacionales, que ampliarían sus exigencias en la concesión de créditos.
En Brasil, nada asegura que el gobierno adopte las recomendaciones de la Comisión. La privatización aún en curso del sector eléctrico redujo la dependencia de financiación de organismos como el Banco Mundial y su rama regional, el Banco Interamericano de Desarrollo.
La construcción de 154 centrales hidroeléctricas está planificadas en el país hasta 2008. Muchas ya tienen ubicación y diseño definidos, e incluso obras iniciadas. Las crisis económicas interrumpieron muchos proyectos.
La reanudación del crecimiento económico este año, que se acelerará en los próximos, según expertos, hacen prever un aumento de la demanda de electricidad, y el consiguiente incremento de la generación puede originar reclamos sociales y ambientales, observó Mecca.
Por eso, el MAR pretende concluir un inventario de todos los proyectos en ejecución hasta 15 de febrero y entonces desatar una nueva campaña nacional, para evitar nuevas situaciones de daños no reparados para las comunidades locales.
Audiencias con autoridades, constructoras y otros sectores involucrados, así como actos de advertencia, serán algunas de las intervenciones del movimiento, anunció Mecca.
En caso de respuestas insuficientes, se organizará un campamento en Brasilia, para forzar negociaciones con las empresas y el gobierno, «que es el gran culpable».
Además el movimiento reclama la constitución de una comisión nacional similar a la mundial, para evaluar los efectos de las represas brasileñas, con participación de organizaciones no gubernamentales ambientales y sociales, gobernantes, firmas constructoras y agentes financieros nacionales e internacionales.
Es necesario poner en primer plano la búsqueda de alternativas energéticas, como le ahorro y la conservación de energía y fuentes más sustentables y menos dañosas, según Glenn. La poca atención a ese punto constituye la gran debilidad del informe de la Comisión Mundial, coincidieron Switkes y Mecca.
Esa es también una falla de los planes energéticos brasileños, aún muy concentrados en fuentes hídricas, lamentó Mecca. Las represas generan 93 por ciento de la electricidad consumida en Brasil.
El dirigente del MAR denunció además que los líderes del movimiento pasaron a sufrir una represión policial más intensa. Trece de ellos son acusados en procesos criminales, algunos enjuiciados bajo la Ley de Seguridad Nacional, creada por el regimen militar concluido en 1985. (FIN/IPS/mo/mj/en/00
