Representantes del gobierno, de la sociedad civil y de unos 30 gobiernos debatirán este lunes en Costa Rica el Plan Colombia del presidente Andrés Pastrana y su estrategia de erradicación del narcotráfico.
La reunión en San José, que cuenta con el apoyo del gobierno de Pastrana, responde a la iniciativa de un centenar de organizaciones no gubernamentales y de personalidades que consideraron necesario abrir el debate sobre los aportes internacionales al Plan Colombia y las implicaciones del mismo.
Las organizaciones no gubernamentales y otras entidades, integrantes del movimiento «Paz Colombia», consideran necesario buscar alternativas a la estrategia gubernamental.
El movimiento cree que el plan tendrá consecuencias negativas para el ambiente y la biodiversidad amazónica y para la supervivencia de los pobres del sudeste colombiano, así como una escalada de la guerra civil.
El Plan Colombia, definido por Pastrana como «una estrategia integral para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado», tiene un costo de 7.500 millones de dólares de los cuales Colombia aportará 4.500 millones y Estados Unidos, 1.300 millones.
El gobierno espera completar el monto total con recursos de organismos multilaterales y de países que respalden el proceso.
Se prevé la asistencia a la reunión de San José de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, y del director de su oficina en Colombia, Jan Egeland, invitados por los organizadores para coordinar la conferencia.
Se crearán en esta instancia cinco comisiones que contarán con la relataría de expertos de la Universidad para la Paz, agencia de la Organización de las Naciones Unidas con sede en San José, y del Instituto Interamericano de los Derechos Humanos.
Los temas básicos de la conferencia serán el proceso de paz, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la crisis económica y las consecuencias socioeconómicas, políticas e internacionales de la lucha contra el narcotráfico y la sustitución de cultivos y propuestas alternativas.
Marco Romero, de la estatal Universidad Nacional venezolana, dijo a IPS que en la reunión también se espera ubicar en el debate la ayuda estadounidense, basada en la estrategia militarista con que encara la lucha al narcotráfico.
De acuerdo con esta óptica, «se ubica la responsabilidad en el campesinado cocalero».
De los cerca de 1.300 millones de dólares aportados por Estados Unidos, 80 por ciento tiene destino militar. En opinión de Romero, en lugar de contribuir con el proceso de paz, eso llevará a una escalada de la guerra, en la medida en que la guerrilla responderá fortaleciendo su capacidad militar.
Estados Unidos justificó su apoyo al Plan Colombia con el argumento de que se trata de un asunto de seguridad nacional.
Según el gobierno de Bill Clinton, 80 por ciento de la cocaína que se consume en territorio estadounidense procede de Colombia, y combatiendo el narcotráfico se corta una importante fuente de financiación a la guerrilla izquierdista.
El centro de la guerra contra la droga contenida en el Plan Colombia es el sudeste colombiano, donde se encuentran los mayores cultivos de coca y la mayoría de los frentes de la guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
No obstante, el diario estadounidense The New York Times teme que con esta ayuda Estados Unidos «termine arrastrado en la cruenta guerra civil que se libra» en Colombia.
Según algunos analistas, esta posición refleja la de organizaciones estadounidenses de derechos humanos y la de algunos dirigentes del Partido Demócrata, al que pertenece Clinton, opuestos al componente militar de la ayuda.
Jorge Rojas, coordinador de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, dijo a IPS que las organizaciones no gubernamentales y el movimiento social no se oponen a una ayuda internacional que ayude a solucionar el conflicto armado.
Pero la asistencia debe darse en un marco de concertación y de respeto de los derechos humanos, civiles, políticos y económicos de la población, explicó.
Las organizaciones no gubernamentales se oponen al Plan Colombia y proponen alternativas, porque el proyecto no fue concertado con la población civil y obedece a «una concepción autoritaria de la seguridad nacional», dijo Rojas.
El gobierno ha basado el Plan «exclusivamente en una estrategia de lucha antinarcóticos» que no resuelve el problema y que «pone en grave peligro a las comunidades y el ambiente, e incrementará el desplazamiento y la crisis humanitaria en las fronteras», sostuvo.
El Plan Colombia ha sido recibido con reservas por países de europeos que anunciaron su apoyo al plan de paz y los proyectos sociales de Pastrana, pero no la estrategia de guerra del Plan Colombia.
Así mismo, Perú, Ecuador y Venezuela han expresado reservas al Plan por la crisis humanitaria que prevén con el desplazamiento de unos 150.000 campesinos hacia sus fronteras, afectados por el programa de erradicación de cultivos. (FIN/IPS/yf/mj/ip dv/00)
