El mantenimiento en actividad de militares represores de Argentina fue cuestionado por el principal foro de la ONU sobre derechos humanos, que, sin embargo, expuso «muchos avances» desde el fin de la última dictadura (1976-1983).
Cecilia Medina Quiroga, presidenta del Comité de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), cuerpo que vigila la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destacó el papel cumplido en esos avances por las organizaciones no gubernamentales y la judicatura.
Las secuelas de la dictadura militar y de las violaciones de los derechos humanos en Argentina han sido abordadas de una manera ejemplar para el continente americano, sentenció la experta de nacionalidad chilena.
Unos 10.000 argentinos figuran como desaparecidos a causa de la represión de ese régimen, según organizaciones de derechos humanos.
Los máximos responsables de esos abusos fueron condenados a prolongadas penas, pero luego amnistiados e indultados por gobiernos democráticos posteriores.
Después de una audiencia de dos días dedicados a analizar el apego de Argentina al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité llegó a la conclusión de que «es altamente inconveniente» la continuidad en las fuerzas armadas argentinas de militares sospechosos de violaciones de derechos humanos.
En algunos casos, oficiales con esos antecedentes han sido ascendidos por los gobiernos democráticos instalados desde 1983, se lamentó el Comité, integrado por expertos independientes.
La delegación del gobierno argentino, encabezada por el representante especial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Leandro Despouy, ofreció extensas explicaciones sobre las relaciones de la sociedad civil con los militares.
Los tribunales militares argentinos no pueden juzgar a civiles y solo conocen de delitos castrenses, dijo. A su vez, los delitos no militares cometidos por un uniformado son juzgados por tribunales civiles.
Despouy reconoció méritos en la solución de los problemas de los militares y de las víctimas de la represión a Carlos Menen, presidente durante los 10 años previos al actual gobierno, encabezado por Fernando de la Rúa desde diciembre de 1999.
El retiro del ejército de la vida civil se debe a la administración anterior, cuando se avanzó también en el resarcimiento pecuniario a las víctimas. Ahora no existe el protagonismo «tan perverso» de los militares, dijo.
La delegación argentina atribuyó importancia determinante en esa transformación a la autocrítica efectuada por el ex comandante del ejército, general Martín Balsa, quien interpretó que la represión había sido una afrenta para las fuerzas armadas.
Los expertos del comité interrogaron también sobre la reacción de las autoridades argentinas ante solicitudes de colaboración de organismos del exterior que se proponen procesar bajo su jurisdicción a represores argentinos.
El juez español Baltasar Garzón y otros magistrados de Alemania y Francia iniciaron diligencias para obtener indagatorias de militares sospechados de asesinatos o desapariciones de ciudadanos de esos países durante la última dictadura.
La delegación argentina explicó que el gobierno de Menem había negado expresamente, por decreto, toda cooperación con los magistrados extranjeros.
Las nuevas autoridades argentinas hablaron de cooperación pero sin que aún se conozcan los límites en que se puede prestar. El gobierno de De la Rua adelantó que no cuestionará el derecho de esos tribunales extranjeros. Ahora se espera que las autoridades fijen líneas claras sobre esa cooperación, dijo la delegación.
El Comité ventiló también el caso de los presos por el intento de ocupación, en 1989, del cuartel de La Tablada, cerca de Buenos Aires. Un experto del organismo preguntó si los condenados por el asalto armado habían tenido acceso a todas las garantías procesales y a un juicio justo.
Despouy admitió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había verificado que en el caso de La Tablada no había existido la doble instancia que requiere la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
La situación de esos presos, que realizan una prolongada huelga de hambre, creó un «enorme debate interno». El gobierno reaccionó con el envío al Congreso legislativo de un proyecto que incopora la doble instancia para los delitos que atentan contra la democracia.
La aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos encuentra en general dificultades en Argentina, dijo la presidenta del Comité de Derechos Humanos.
El informe de la delegación argentina sostuvo que el Pacto es obligatorio en todo el territorio, pero bajo la jurisdicción federal de las provincias «la situación es otra», puntualizó Medina Quiroga.
Respecto de la situación de la mujer, en la Argentina se practican cada año unos 500.000 abortos ilegales, que causan 15.000 decesos en el mismo periodo. Cuarenta por ciento de las muertes maternas corresponden a adolescentes.
Esas cifras demuestran que se trata de un problema mayor, que no puede quedar entregado a una interpretación judicial, estimo Medina Quiroga.
El Código Penal argentino establece que es impune el aborto practicado por embarazos causados por violaciones de cualquier tipo, pero los tribunales aplican una interpretación restringida, explicó Eugenio Raúl Zaffaroni, jefe del Instituto Nacional contra la Discriminación.
Los médicos argentinos temen realizar abortos sin la autorización de un juez. En el problema se advierte una fuerte presión de la iglesia católica, observó la presidenta del Comité de Derechos Humanos.
En la materia del aborto, a la Argentina le falta un enorme camino por recorrer, se lamentó Medina Qiiroga. (FIN/IPS/pc/mj/hd ip/00
