Esfuerzos combinados del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de varios países buscan poner fin al conflicto en Sierra Leona mediante el bloqueo del contrabando de diamantes y armas del cual dependen los insurgentes.
Funcionarios y expertos de la industria y de organizaciones no gubernamentales (ONG) discutieron cómo detener el tráfico de diamantes producidos en zonas de Sierra Leona bajo control del insurgente Frente Revolucionario Unido (RUF), durante una audiencia de dos días en el Consejo presidida por el embajador de Bangladesh, Anwarul Chowdhury.
El principal procedimiento considerado para lograr ese objetivo fue establecer un sistema de certificación de origen, que evite la venta de diamantes provenientes de territorio controlado por el RUF, llamados "diamantes de conflicto" o "diamantes sangrientos".
"La comunidad internacional desea participar en el régimen de certificación que esperamos establecer. Todos piensan que un sistema mundial en la materia es necesario para deshacernos de los diamantes de conflicto", aseguró Chowdhury, quien preside la Comisión de Sanciones contra Sierra Leona del Consejo.
La audiencia mostró "un cambio asombroso" en la actitud de los gobiernos y la industria, comentó Ralph Hazelton, un economista de Partnership Africa, la ONG canadiense que más trabajó para colocar la cuestión en la agenda internacional.
Hace seis meses, ni siquiera era posible que la industria admitiera la existencia de los "diamantes de conflicto", y ahora se ha establecido una comisión para investigar el asunto, señaló.
El RUF controla la mayor parte de los yacimientos de diamantes de Sierra Leona, y se ha hecho notorio por someter a amputaciones a víctimas civiles, emplear niños y niñas como soldados y capturar como rehenes a integrantes de fuerzas pacificadoras de la ONU.
El líder del RUF, Foday Sankoh, fue arrestado en junio por el gobierno de Sierra Leona y permanece detenido desde entonces.
Los gobiernos de Burkina Faso y Liberia han sido acusados en varias ocasiones de apoyar al RUF, y durante la audiencia se presentaron nuevos cargos en el mismo sentido.
Chowdhury anunció la formación de un nuevo grupo de expertos para continuar la investigación acerca de los "diamantes de conflicto", el cual deberá presentar un informe al Consejo en octubre.
El grupo estará integrado por cinco especialistas en diamantes, tráfico de armas y asuntos legales, y su presidente será el diplomático camerunés Martin Chungong Ayafor.
El 5 de julio, el Consejo pidió a todos los países miembros de la ONU "prohibir la importación directa o indirecta a sus territorios de diamantes en bruto provenientes de Sierra Leona".
En la misma ocasión, el Consejo ofreció a Freetown asistencia para establecer un sistema de certificados de origen, con la finalidad de permitir la exportación de los diamantes que provengan de áreas bajo control gubernamental.
La resolución dispuso también que se realizara la "audiencia exploratoria" presidida por Chowdhury.
Freetown preparó un proyecto de sistema de certificación, presentado en la audiencia por el ministro de Minas de Sierra Leona, Alhaji Mohammed Deen.
La propuesta incluye establecer certificados con un "número único" y otras medidas para evitar falsificaciones, emplear contenedores especiales para los envíos de diamantes y realizar un registro de importadores más estricto que el actual.
El proyecto se elaboró en consulta con los gobiernos de Bélgica, Estados Unidos y Gran Bretaña, y con el Alto Consejo de Diamantes, una organización con sede en el puerto septentrional belga de Antwerp que supervisa la mayor parte del comercio de diamantes en bruto.
El objetivo de la propuesta es "crear un circuito de verificación cerrado por completo" y asegurar que los registros de exportaciones e importaciones coincidan en foma exacta, explicó Mark Van Bockstael, del Alto Consejo de Diamantes.
Por otra parte, Estados Unidos y Gran Bretaña anunciaron que estudian la posibilidad de aplicar sanciones económicas contra quienes apoyan al RUF, para reforzar las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad.
"Los gobiernos de Burkina Faso y Liberia alimentan el conflicto en Sierra Leona y se benefician del intercambio de diamantes por armas, incluso mediante acciones directas de sus presidentes", afirmó el embajador estadounidense Richard Holbrooke.
El representante de Gran Bretaña ante la ONU, Jeremy Greenstock, declaró que hay pruebas de que "el presidente (de Liberia, Charles) Taylor participa en la conducción de las actividades del RUF, le brinda apoyo militar directo y promueve los ataques" contra fuerzas de la ONU y de Freetown.
El ministro de Relaciones Exteriores de Liberia, Monie Captan, pidió que se mostraran esas pruebas y declaró que "las potencias occidentales tienen la obligación de presentar evidencia concreta para respaldar sus muy graves acusaciones".
Funcionarios estadounidenses han sostenido que el RUF realiza ventas de diamantes por valor de entre 30 y 50 millones de dólares por año, en su mayor parte a través de Burkina Faso y Liberia.
Otros expertos señalaron que el volumen de la exportación oficial de diamantes por parte de Liberia es más de 40 veces mayor que la cantidad de las piedras preciosas que ese país puede producir.
Captan arguyó que "Bélgica no requiere certificados de origen para su importación de diamantes presuntamente producidos en Liberia" y que "medir presuntas importaciones provenientes de Liberia que llegan a Antwerp para calcular la producción de Sierra Leona es una metodología discutible e imprecisa".
En realidad, la mayor parte de los diamantes que se registran en Bélgica como si provinieran de Liberia tienen su origen en Rusia, y se lo presenta como liberianos para evadir impuestos, aseguró.
Liberia aún está bajo un embargo contra el comercio de armas impuesto por el Consejo de Seguridad en 1995, pero sus exportaciones de diamantes no están bloqueadas.
Holbrooke, Greenstock y expertos de ONG se refirieron al tráfico de armas para el RUF. Tanto Hazelton como Patrick Smith, de la ONG Africa Confidencial, afirmaron que Burkina Faso y Liberia participan en esa actividad, y Smith mencionó el nombre de presuntos involucrados, además de describir una ruta de contrabando con origen en Ucrania.
Otros países mencionados como posibles escalas en el tráfico de "diamantes de conflicto" son Costa de Marfil, Guinea y Libia.
Varias de las personas mencionadas como violadoras del embargo ya habían sido señaladas como infractoras por el grupo de especialistas formado por el Consejo de Seguridad para investigar el contrabando similar de armas y diamantes en Angola.
La audiencia no fue una reunión formal del Consejo desde el punto de vista técnico, y se trató de la primera con carácter público en la cual participaron representantes de gobiernos y de ONG.
Eso implicó una oportunidad sin precedentes para que las ONG plantearan en forma directa críticas a las políticas de gobiernos, en una reunión auspiciada por el Consejo.
El Consejo discute dos nuevos proyectos de resolución relacionados con Sierra Leona: uno para ampliar el mandato de la fuerza enviada por la ONU a ese país (UNAMSIL), y otro para establecer un tribunal de crímenes de guerra, presentado por Estados Unidos.
La propuesta estadounidense implica establecer un "tribunal especial", que no sería una corte internacional como las creadas para los címenes de guerra en Rwanda y la ex Yugoslavia, sino algo a mitad de camino entre una corte nacional y una internacional, con sede en Sierra Leona y "en un país huésped alternativo".
En el proyecto se indica que esa corte tendría jurisdiccón sobre "los adultos nacionales de Sierra Leona con la mayor responsabilidad en las violaciones criminales más sistemáticas atroces de la ley de Sierra Leona y de las normas humanitarias internacionales"
La propuesta para fortalecer el mandato de la UNAMSIL y aumentar el número de sus soldados será discutida por el Consejo esta semana. (FIN/IPS/tra-eng/jw/da/mp/ip/00
