La guerra de la coca parece reanudarse en la selva de Perú, según autoridades que informaron del ataque de campesinos armados por narcotraficantes a un destacamento policial en el valle de Monzón.
El problema no muestra aún la intensidad del conflicto socio- político de mediados de la década de los 90, cuando la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso brindaba apoyo armado a operaciones de compra y transporte de cocaína por parte de organizaciones colombianas.
Sin embargo, las autoridades no descartan una escalada de esta actividad ilegal en el país, debido al aumento del precio de la coca y a la próxima implementación del llamado Plan Colombia, de desarrollo y lucha contra el narcotráfico en ese país.
El presidente Alberto Fujimori anunció el 23 de julio, en una ceremonia castrense, que 18 de los 39 aviones de guerra Sukhoi-25 comprados a Rusia serán adaptados para destinarlos a la lucha antidrogas.
Esos aparatos fueron encargados en 1995 en pleno conflicto fronterizo con Ecuador, "pero en la medida que ese problema fue definitivamente resuelto con los acuerdos de paz de octubre de 1998, esos aviones servirán a otros fines igualmente importantes", explicó.
El ataque de campesinos productores de coca al puesto policial de vigilancia antidrogas instalado en Cachicoto, uno de los poblados de Monzón, en la provincia de Amarilis, se produjo hace dos semanas y fue mantenido en reserva por las autoridades.
El incidente trascendió públicamente el martes, cuando fue enviado al lugar un grupo de fuerzas antidrogas para reforzar a los efectivos allí estacionados.
Una radio de Huanuco, ciudad próxima a Monzón, reveló que el puesto de vigilancia de Cachicoto fue incendiado y que la mayoría de los hombres de la zona se han internado en la selva para escapar de la previsible represalia policial.
"Cachicoto parece una aldea fantasma, las casas están casi abandonadas, sólo deambulan ancianos y algunas mujeres y niños, ya que los hombres están en el monte (selva), cerca de sus plantaciones clandestinas de coca", reveló la periodista Matilde Soto.
El Ministerio del Interior rehusa informar si se produjeron bajas en el ataque al puesto de Cachicoto, pero el general Ibsen del Castillo, secretario ejecutivo de la Comisión de Lucha contra las Drogas (Contradrogas), dijo que había aumentado las actividades de narcotráfico en la zona.
Del Castillo explicó que las organizaciones ilegales de Colombia comenzaron a pagar a los productores del Monzón hasta 2,60 dólares el kilogramo de hoja de coca, el doble del precio abonado tres meses atrás.
El funcionario recordó que en 1995 en Perú existían 115.000 hectáreas dedicadas al cultivo de coca, arbusto de cuyas hojas maceradas artesanalmente se extrae la pasta básica de cocaína, mientras que en la actualidad no alcanzan a 39.000 hectáreas.
La eficacia del control aéreo y fluvial de las fuerzas antidrogas peruanas cortó los circuitos de exportación de esa pasta, lo cual redujo la actividad de los traficantes colombianos en el país.
La caída de la demanda derribó los precios y, a su vez, determinó el abandono de parte de las plantaciones ilegales.
"El nuevo incremento de los precios significa el retorno de las compras colombianas, lo cual repercutirá en un nuevo aumento de la superficie sembrada de coca", comentó el experto Roger Rumrill,
En tanto, el alcalde de Cachicoto, Hugo Herrera, afirmó que en su distrito no hay nuevas plantaciones de coca sino que los campesinos han regresado a sus antiguos cocales en la selva, abandonados en su momento por los bajos precios".
Añadió que "la cosecha es muy pobre en los antiguos cocales, porque la tierra se ha debilitado, y hoy el rendimiento es de apenas de 60 kilogramos por cada hectárea, frente a 400 kilogramos en el pasado".
El valle de Monzón es uno de los lugares en que se ha implementado el programa de erradicación de plantaciones ilegales, mediante la promoción de cultivos alternativos.
El plan de desarrollo alternativo de 62 millones de dólares benefició entre 1995 y 1999 a 1.369.000 campesinos, quienes recibieron ayuda social, técnica y financiera para dedicarse a otros cultivos, según el último informe de Contradrogas.
El documento precisa, además, que hasta el momento los proyectos productivos alternativos se desarrollan en 44.403 "hectáreas asistidas", donde se han sembrado diversos productos con semillas, insumos y financiamiento aportados por el programa.
En esa área se sembraron 23.226 hectáreas de café, 10.860 de cacao, 3.887 de arroz, 1.820 de legumbres, 1.565 de pastos y 3.000 de maíz, piñas, plátanos, hortalizas y otros plantíos.
Las autoridades indicaron que la población beneficiada con el programa de desarrollo alternativo recibe "también incentivos de mercado, además de un trabajo de concientización sobre el tema de las drogas"
"Los éxitos de ese plan son tan efímeros como la reducción de la extensión cultivada de coca, ya que sólo persisten mientras los precios se mantengan bajos. Los campesinos volverán a plantarla cuando los valores vuelvan a aumentar", afirmó Rumrill, crítico de los programas oficiales.
El experto, crítico del programa gubernamental, entiende que no se deben promover cultivos alternativos sino procesar un desarrollo regional, "que saque a los campesinos de la pobreza que es el principal factor social que causa la expansión de los narcocultivos". (FIN/IPS/al/dm/ip/00
