Las comunidades urbanas pobres de Indonesia proliferan en lugares que solo pueden ofrecer las condiciones de vida más precarias, a medida que más y más habitantes de zonas rurales emigran hacia las grandes ciudades.
Los residentes de asentamientos ilegales constituyen actualmente 39 por ciento de la población de Yakarta, la capital, y 52 por ciento de la de Bandung, según el Consorcio de Pobres Urbanos.
Estos números deberían por sí mismos decidir al gobierno a incluir a los pobres urbanos en sus planes de desarrollo, exhortó Fernández, trabajador del Consorcio.
Pero hasta ahora, las autoridades no han tomado ninguna medida en ese sentido, y mientras tanto los residentes de barrios irregulares intentan subsistir en base a casi nada.
La crisis económica regional estallada en 1997, que dejó sin empleo a decenas de miles de indonesios, aumentó el número de pobres y empeoró las condiciones de vida de éstos en las ciudades.
Aunque Asia en general se recuperó de la crisis, esa recuperación ha sido despareja en la región e Indonesia permanece rezagada, observó el Banco Asiático de Desarrollo.
Cientos de familias viven al borde de la muerte en un asentamiento irregular del distrito de Kiaracondong, en la provincia de Java Occidental, dado que sus viviendas están a escasos metros de la vía férrea.
Después de todo, nadie puede pronosticar cuándo ni dónde ocurrirá el próximo descarrilamiento, ni cuándo un niño se atravesará al paso del tren.
Las viviendas ocupan a lo sumo 12 metros cuadrados cada una. Los residentes compran tanques de 50 litros de agua potable por 200 rupias (dos centavos de dólar) y se higienizan en baños públicos con una bomba de agua manual.
Apenas tres de los 20 baños públicos fueron construidos por el gobierno local, y el resto fueron hechos por los propios habitantes del asentamiento.
Para obtener energía eléctrica, las viviendas se "cuelgan" de conexiones legales de casas cercanas. Cada una de esas casas puede servir entre siete y 10 viviendas precarias, y les cobran unos 70 centavos de dólar por mes, según residentes.
El terreno ocupado pertenece a la compañía férrea estatal. Nadie sabe con certeza si la empresa les cobra a los habitantes, pero éstos sostienen que deben pagar "derechos de ocupación".
"Todo lo que sé es que debo pagar una suma al jefe de nuestra aldea cada año. Dicen que es por el espacio que utilizo", declaró Ahyar, de 41 años, quien heredó de sus padres la vivienda que habita.
Para hacer frente a estos gastos, la mayoría de las familias de la comunidad tienen al menos un miembro que se dedica a conducir "pedicabs", o vehículos de pasajeros a pedal, con tres ruedas, que alquilan a comerciantes locales.
Con esa actividad, obtienen entre 0,7 y 1,4 dólares diarios, explicó Sahdi, de 43 años, padre de cuatro hijos.
Sahdi parece despreocupado cuando se le pregunta sobre la seguridad de sus hijos, en especial los menores de cinco y siete años, que pasan la mayor parte del día jugando junto a la vía.
"Mis niños y los otros saben cuándo viene el tren. Hasta ahora nadie ha sido atropellado", dijo.
Aman, un antiguo residente del asentamiento cercano de Sukapura, relató que antes había una cerca de seguridad paralela a las vías, pero la gente comenzó a ocupar el amplio espacio entre la cerca y las vías, y con el transcurso de los años, la barrera desapareció.
Dos factores permitieron que ese espacio público inseguro para viviendas se convirtiera en un asentamiento precario, explicó Verania, una investigadora del Centro Akatiga de Análisis Social.
"Por un lado, la compañía férrea no tiene personal suficiente para controlar los terrenos públicos linderos a las vías en Java, y por otro, las autoridades locales permiten los asentamientos porque obtienen dinero de los residentes", afirmó.
Algo similar ocurre en las riberas de los ríos, que están bajo jurisdicción de la autoridad local de recursos hídricos.
Las viviendas precarias junto a los ríos son "portátiles", de modo que las familias puedan llevárselas en caso de desborde, durante la estación lluviosa.
"Cuando el río crece, desmantelamos la casa y nos llevamos todo a un lugar más alto. Cuando baja, volvemos y construimos la casa de nuevo", contó Aisyah, un residente de 46 años.
A diferencia de los asentamientos junto a las vías del tren, los de las riberas no disponen de baños públicos. La gente hace sus necesidades en el río, donde también lava la ropa.
Al menos, los cementerios todavía no fueron ocupados, pero es solo cuestión de tiempo, porque ya hay viviendas precarias en sus alrededores, advirtió Verania.
"El proceso es similar en todas partes. En una primera etapa, ocupan los alrededores, pero con el tiempo se extenderán hacia dentro", vaticinó. (FIN/IPS/tra-en/ky/ccb/ral/mlm/dv/00
