La campaña nacional e internacional por la libertad de dos campesinos ambientalistas, condenados en México a entre seis y 10 años de prisión por siembra de marihuana y posesión de armas, se intensificará a raíz del fallo judicial.
Se perdió una batalla pero no habrá desmayo, pues los campesinos son inocentes y su único delito es oponerse a la destrucción de los bosques a manos de poderosas empresas, dijo a IPS Mario Patrón, abogado de la organización de derechos humanos Agustín Pro Juárez.
Un juez condenó este lunes a Rodolfo Montiel y a Teodoro Cabrera, dirigentes de la organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, del estado de Guerrero, al sur de México.
Patrón calificó la sentencia de «injusticia» y anunció que se interpondrá un apelación y, si no resulta, un amparo. El abogado afirmó que se hará lo imposible por obtener la libertad de los campesinos, detenidos por militares en mayo de 1999 y luego torturados para que firmaran una admisión de culpa.
Pero el proceso judicial podría demorar varios meses y hasta años, mientras los campesinos seguirán presos.
Montiel y Cabrera dirigen una organización opuesta a la tala indiscriminada en una zona de las sierras del estado de Guerrero, al sur de México, donde empresas nacionales y transnacionales tienen permisos para cortar madera.
Agustín Pro Juárez conformó la semana pasada, junto con la filial mexicana de Greenpeace Internacional y la organización Naturalia, una coalición con el fin de lograr la libertad de los dos campesinos, quienes en abril recibieron del premio ambientalista anual Goldman, dotado de 125.000 dólares.
Amnistía Internacional y Sierra Club, que consideran a Montiel y Cabrera presos de conciencia, trabajan desde el exterior en procura de la libertad de los inculpados.
Habrá una intensa movilización nacional e internacional para exigir el fin de esta injusticia, enfatizó Patrón.
El abogado sostuvo que el juez consideró como principal elemento la declaración de los inculpados, pero no reparó en que fue obtenida bajo tortura. Si el juez los liberaba, automáticamente reconocía que el ejército los torturó y eso quizá no le convenía, añadió.
Según testimonios de los campesinos y de sus allegados, los soldados los detuvieron y acusaron a base de torturas, de las cuales aún tienen huellas.
El grupo Agustín Pro Juárez, vinculado con la orden católica de los jesuitas, tiene a su cargo la defensa de los inculpados y espera que sus gestiones tengan éxito en las instancias posteriores a la primera condena. El grupo denuncia que por este y otros casos ha recibido amenazas anónimas.
En la misma zona donde trabajaban los campesinos detenidos hay continua vigilancia militar, pues allí operan algunos focos aislados del guerrillero Ejército Popular Revolucionario.
En junio, unos 40 legisladores de Estados Unidos enviaron una carta al presidente Ernesto Zedillo solicitándole que libere de inmediato y sin condiciones a los campesinos.
Pero el problema no radica en el gobierno sino en el Poder Judicial, y la oficina de Zedillo indicó que no puede intervenir, aunque se ofreció para estudiar el caso.
La estatal Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación, no obligatoria, en la que pide la liberación de los detenidos.
Una representación de la coalición de grupos que promueve la liberación de los campesinos los visitó a mediados de mes en la cárcel del estado de Guerrero, y afirmaron que los presos sufren problemas de salud y se les exige hacer trabajos «pesados», dijo el portavoz de Agustín Pro Juárez.
Pero Montiel y Cabrera no se desaniman y continúan adelante con la confianza de que pronto serán liberados, pues son completamente inocentes, sostuvo. (FIN/IPS/dc/mj/hd/00