El gobierno español prepara una nueva Ley de Extranjería para frenar la inmigración a pesar de que el fenómeno es irrefrenable, según Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Unesco.
Más de 2.500 inmigrantes murieron tratando de ingresar a Europa, recordó Mayor Zaragoza. Por eso, es vital "ir a las raíces de la inmigración y ayudar a que permanezcan en sus países", dijo.
"Reducir el número de emigrantes (y) propiciar que vivan dignamente en sus lugares de origen es la mejor solución", afirmó este español que dirigió la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) entre 1987 y 1999.
Pero España, fuente de emigración durante siglos, se apresta a cerrar sus puertas o, al menos, a entornarlas de manera que sólo puedan entrar unos pocos inmigrantes procedentes del Sur en desarrollo.
La Ley de Extrangería vigente, cuya modificación se tratará en los primeros días de septiembre, fue aprobada en diciembre de 1999, en el último día de sesiones del parlamento que sería renovado en las elecciones generales del 12 de marzo.
El gobernante Partido Popular (PP), de centroderecha, fue el único que se pronunció en contra, pero sus votos resultaron insuficientes para impedir su aprobación. Ahora dispone de mayoría absoluta en el parlamento y se propone aprobar una importante reforma de la ley.
Sobre la base de la norma vigente, el gobierno, de nuevo presidido por José Maríz Aznar, inició el 21 de marzo un proceso de regularización de inmigrantes residentes en España sin visado o permiso de residencia.
A su término, cuatro meses más tarde, unos 50.000 inmigrantes quedaron excluidos de la regularización y, por lo tanto, amenazados de expulsión.
El delegado del gobierno para la inmigración, Enrique Fernández- Miranda, intentó suavizar la noticia al decir que "habrá un cierto número de personas que no podrán quedarse en España".
En todo el país residen en la actualidad más de 800.000 extranjeros, 44 por ciento procedentes de otros países europeos, 27 por ciento de Africa, 21 por ciento de América y ocho por ciento de Asia.
El proyecto de nueva Ley de Extranjería aprobado por el Consejo de Ministros y trasladado al parlamento ya recibió el rechazo de los partidos de oposición, sindicatos y organizaciones humanitarias.
Pero mientras los aspectos más dramáticos de la iniciativa se debaten a diario en medios de comunicación, seminarios o actos políticos, el flujo de inmigrantes aumenta como consecuencia de los intentos de ciudadanos de países en desarrollo por llegar a toda costa a Europa aun a riesgo de perder la vida.
El día 7, un operativo de la Policía Nacional y la militarizada Guardia Civil detuvo a 333 hombres, mujeres y niños marroquíes que procuraban ingresar de manera clandestina al territorio europeo de este país desde Ceuta, ciudad española enclavada en el norte de Africa.
Los inmigrantes viajaban ocultos en el techo y el interior de camiones, y aun debajo de ellos, que se dirigían a una importante feria de esa localidad. Los detenidos fueron expulsados de inmediato y repatriados a Marruecos.
No obstante, el operativo Feriante, responsable de las detenciones, sigue vigente y busca nuevas víctimas.
Sandra, una inmigrante procedente de Sierra Leona, viajó durante meses a través de Africa, huyendo de la guerra y del hambre. La mujer de 20 años llegó embarazada a costas españolas y días después dio a luz a un niño en Algeciras, ciudad de la costa norte del mar Mediterráneo.
Su caso no es el único. En la búsqueda de un destino mejor, su hijo español le asegura el permiso de residencia y la posibilidad de conseguir un trabajo. Otras en situación similar murieron ahogadas en el intento de llegar al país en frágiles embarcaciones clandestinas.
Una mujer cuyo nombre fue mantenido en reserva relató su experiencia en una carta al diario Al Ahdat al Maghbrebia, de Marruecos, publicada luego por El País, de Madrid.
"Mi testimonio es, acaso, revelador de la crisis de toda una generación. Soy una marroquí de casi 30 años, licenciada en literatura inglesa", anotó, y luego relató varios años de intentos de encontrar trabajo en su país.
Al final, una amiga residente en España le ofreció un contrato de trabajo. "Curiosamente, me fue fácil obtener mi visado de entrada (…) porque iba a trabajar como señorita de alterne en un bar", escribió.
La mujer aseguró en su carta que, cuando aceptaba su solicitud de visa, el empleado de la Embajada española le susurró: "No hay ningún problema, porque nuestro mercado necesita este tipo de mercancías."
Su destino fue la prostitución, como el de muchas otras. "Nunca perdonaré a quienes nos han obligado a sacrificarnos en el altar de las mujeres secuestradas por el mercado europeo del sexo", sostuvo.
Muchas se arriesgan así a la muerte, la degradación y la explotación para lograr un lugar en la Europa industrializada. El resto de su familia quizá permanezca del otro lado, a la espera de su ayuda.
Pero el mercado laboral español les reserva los empleos de bajos ingresos que los españoles se niegan a cubrir. (FIN/IPS/af/mj/pr hd/00
