El desafuero del ex dictador chileno Augusto Pinochet esta semana coincidió con el primer caso de detención en el extranjero de un militar argentino, Jorge Olivera, acusado de graves violaciones de los derechos humanos en la última dictadura (1976-1983).
"Este es un 'leading case' (caso piloto) para Argentina", celebró este martes el abogado Horacio Méndez Carrera, en diálogo con IPS.
El representante legal de 15 franceses desaparecidos en este país durante la dictadura consideró que la detención el domingo 6 de Olivera, un mayor retirado acusado de secuestro, torturas y otros delitos, sienta una jurisprudencia "muy importante".
Olivera, quien defendió en su carácter de abogado a altos militares acusados de graves derechos humanos, está detenido en la cárcel romana de Regina Coeli acusado del secuestro en 1976 de una joven de origen francés.
El gobierno argentino defendió hasta ahora el principio de "territorialidad" para proteger a 48 militares reclamados por el juez español Baltasar Garzón. Pero Olivera fue detenido en Italia, o sea que el Estado argentino queda al margen del proceso si las autoridades italianas aceptan extraditarlo a Francia.
Méndez Carrera halló similitudes entre el caso de Olivera, detenido en el aeropuerto de Roma a pedido de la justicia francesa, y el de Pinochet, quien entre octubre de 1998 y marzo último sufrió arresto domiciliario en Londres a la espera del juicio de extradición a España solicitado por Garzón.
Ambos casos demuestran que los viajes al extranjero son un riesgo para los acusados de violaciones de derechos humanos cuando no hay justicia en el país donde fueron cometidos, indicó Méndez.
Pero a diferencia de Pinochet, Olivera no es autor intelectual sino material de violaciones de derechos humanos. También por contraste, el gobierno argentino, lejos de encolumnarse en defensa del militar detenido como ocurrió en Chile, advirtió que se limitará a darle asistencia legal consular, si lo requiere.
En cambio, lo que sí se anticipa como un problema en Argentina es una eventual reacción de la cúpula del Ejército.
El secretario general de la Presidencia, Jorge de la Rúa, aseguró que no existe malestar en las Fuerzas Armadas, pero se supo que el jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, rechazó la detención.
Olivera, además de oficial retirado, es abogado defensor de militares acusados de violaciones de derechos humanos. Brinzoni alentó los movimientos de Olivera al trabar los procesos judiciales sobre la verdad acerca de los miles de desaparecidos, comentó este martes un columnista del diario Página 12.
El militar-abogado había comenzando en Argentina una campaña para que las víctimas de actos terroristas en los años 70 reclamen indemnizaciones al Estado y para que los familiares de militares muertos entonces reclamen "saber la verdad" sobre su destino, a pesar de que no se trató de desaparecidos.
En la misma estrategia de espejo para contrarrestar los juicios contra militares en el extranjero, Olivera había demandado en julio a la ex primera ministra de Gran Bretaña Margaret Thatcher por el hundimiento de un buque argentino en el Atlántico Sur durante la guerra de las Malvinas (1982).
Interpol lo detuvo en Roma luego de realizar un trámite por esa causa. En realidad, la justicia francesa le seguía los pasos hacía tiempo. "Se movía con una impunidad, una soberbia y un fanatismo que se volvieron en su contra", remarcó Méndez Carrera, quien aportó los datos al juez francés.
Otro caso diferente es el de Adolfo Scilingo, el ex marino que confesó en público su participación en la desaparición de personas arrojadas vivas desde aviones sobre el Río de la Plata.
Scilingo fue detenido y procesado en octubre de 1999 en Madrid, donde se encontraba para prestar declaración voluntaria ante el juez Garzón, y se encuentra hoy en la capital española, procesado y en libertad provisional.
Si Olivera y Pinochet gozaban de impunidad en sus países por las leyes de amnistía, nada impedía que fueran procesados en otras naciones.
"El de Olivera es un caso novedoso, emblemático, que muestra que militares impunes en un país pueden estar en la mira de la justicia internacional", explicó el abogado.
Olivera fue uno de los tres oficiales del Ejército que secuestraron a la Marianne Erize, de 24 años y origen francés, en la provincia argentina de San Juan.
Según el testimonio de soldados y de otros prisioneros que sobrevivieron a las torturas, la joven fue llevada a un predio del Ejército donde fue violada y torturada y donde murió en menos de cinco días.
La madre de Marianne, Francisca Erize, nacida en Francia, confirmó este martes que cinco días después del secuestro unos 16 hombres allanaron su casa por la fuerza durante la noche, revolvieron todo y obligaron a sus hijos a colocarse boca abajo en el piso con ametralladoras.
Esas personas le dijeron entonces que no se preocupara por su hija porque ya estaba bajo tierra.
"Era una joven idealista y generosa. Ahora quisiera saber al menos donde está. Me imagino que no la tiraron al mar porque está lejos de San Juan. Yo voy al cementerio a la zona adonde enterraron a los NN, y pienso que ella me está esperando en el cielo", comentó Francisca Erize, residente en Argentina.
Una de las sobrevivientes, Margarita Camus, recordó que no sólo conoció a Marianne Erize y supo de su padecimiento, sino que ella misma fue torturada por Olivera, a quien denunció estando presa en 1977 ante la Cámara Federal de la provincia de Mendoza.
Esa Cámara procesó al oficial en 1985, una vez que reunió semiplena prueba de su participación en secuestros, tormentos y desapariciones, pero el militar quedó en libertad por las leyes de amnistía que sancionó aquel año el Congreso.
Eloy Camus, hermano de Margarita y activista de derechos humanos, comentó que además de las pruebas que existen del involucramiento de Olivera hay otros militares que participaron en aquel crimen. "Uno de ellos es Eduardo Cardozo, que fue ascendido a coronel en diciembre por el Congreso", condenó.
El viaje de Pinochet a Londres en 1998 derivó en un pedido de extradición de la justicia española que lo acusaba de haber sido autor intelectual de graves violaciones a los derechos humanos durante su dictadura (1973-1990).
Al final, Pinochet regresó a su país pero para ser juzgado. La Corte Suprema de Justicia chilena confirmó este martes su desafuero, quitándole asi la protección que le otorgaba su banca vitalicia en el Senado.
En Argentina, el caso de Olivera reafirma que la detención de Pinochet fue el punto de inflexión que dio inicio a una batalla mundial contra los delitos de lesa humanidad.
Este caso representa, además, una advertencia para otros militares amnistiados o indultados en Argentina, que estarán condenados a no atravesar las fronteras bajo riesgo de ir a prisión. (FIN/IPS/mv/ip hd/00
