Los incendios de bosques en Indonesia se transformaron en una tradición anual, pero no dejan de crear preocupación en este país y enojo en los vecinos, que terminan por recibir los gases tóxicos.
Las autoridades indonesias se sumaron a la preocupación, pero grupos de activistas exigieron que el gobierno tome medidas más duras contra los concesionarios que inician el fuego deliberadamente como manera barata y rápida de despejar bosques para uso agrícola.
Incluso el vicegobernador Rustam Abrus, de la provincia occidental de Riau, una de las tres ásreas más afectadas por los incendios anuales, exigió al Ministerio de Bosques y Agricultura que revoque los permisos de operación a las compañías responsables de los siniestros.
"La mayor parte del humo que cubre a la provincia es resultado de los incendios iniciados por esas empresas", acusó.
Darminto Soetano, director de la oficina provincial del Ministerio en Riau, admitió que solo en la primera mitad de julio se produjeron 340 incendios en 71 áreas pertenecientes a empresas forestales y agrícolas.
Esto ocurrió pese a una advertencia del gobierno a los concesionarios en 1998, cuando una larga serie de incendios forestales oscureció el cielo de gran parte del sudeste de Asia.
Los incendios de 1997 y 1998 lanzaron humo sobre decenas de miles de kilómetros cuadrados y expusieron a 20 millones de personas a peligrosos gases tóxicos. Unos 10 millones de hectáreas de bosques resultaron quemadas, incluso partes de 17 zonas "protegidas".
Las sequías causadas por el fenómeno de El Niño facilitaron la propagación de los incendios, pero éstos fueron creados por compañías agrícolas -en muchos casos propiedades de amigos del dictador Suharto- "ansiosas de despejar bosques en la forma más rápida y barata posible", acusaron grupos ambientalistas.
El humo causó graves daños a la salud de miles de personas, en especial niños y ancianos, e interfirió con el tráfico aéreo en Indonesia, Malasia, Singapur e incluso Tailandia.
Varios concesionarios acusados de iniciar los fuegos fueron demandados judicialmente, pero los activistas señalaron que hasta ahora ni una sola empresa fue castigada, lo cual, a su criterio, las alienta a continuar con el mismo método.
Unas 16 demandas judiciales fueron presentadas en relación con los incendios de 1997 y 1998, y este año se presentaron seis más.
Barlin, un funcionario de la oficina de Ambiente de Kalimantan Occidental, al norte de Yakarta, destacó que ninguna empresa acusada recibió una sentencia adversa hasta el momento, y que ello "debilita todavía más la aplicación de las leyes".
Esos juicios a menudo terminan con arreglos fuera de los tribunales, observó Hapsoro, miembro de la organización ambientalista Telepak/Indonesia.
Este año, el humo comenzó a notarse a comienzos de julio, cuando los vientos del sudeste lo propagaron desde bosques ardientes de las provincias de Aceh, Barumun y Riau.
La Agencia de Meteorología y Geofísica también destacó que, desde el 18 de julio, detectó 14 incendios en Barumun, Tapanuli del Sur, Labuhan Batu y Tapanuli del Norte.
Aunque la neblina es menor que en 1997 y 1998, ya comenzó a generar reacciones de enojo en Malasia, donde residentes de la capital, Kuala Lumpur, y otras ciudades en los estados de Selangor, Perak, Penang y Kedah se quejaron de tos y ojos llorosos que atribuyeron a la contaminación "importada".
El fuego ya destruyó unas 20.000 hectáreas de bosques en Barumun Tengah, informó Irham Buana, del Instituto de Asistencia Legal de Medan, Sumatra del Norte.
Funcionarios de bosques destacaron que al menos ahora se tomaron medidas para prevenir la propagación de los incendios. En los últimos dos años, el Ministerio de Bosques estableció varios equipos de prevención de incendios en diversas zonas del país.
Pero varias organizaciones ambientalistas señalaron en un informe publicado en julio que el sector forestal de Indonesia precisa una reforma radical para detener los incendios que azotan a todo el sudeste asiático.
El informe, publicado por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), de Washington, la filial indonesia del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la fundación indonesia Telepak, se titula "Juicio del fuego: Los incendios de bosques y la política forestal de Indonesia en época de crisis y reforma".
"La solución no consiste tanto en el aumento de la capacidad técnica de predicción, prevención y extinción de incendios, sino en la reestructuración de las relaciones entre el Estado, el sector privado, y los millones de personas que viven en o cerca de los bosques y dependen de sus recursos", afirma el estudio.
Entre otras medidas, el informe reclama una moratoria de nuevas concesiones de tierra para la plantación de palmeras oleaginosas y otros árboles hasta que se complete un inventario nacional de los bosques públicos, y una suspensión de los programas de reasentamiento por cinco años.
También solicita penas más duras para la quema de bosques y protección legal para las áreas forestadas que restan en Indonesia. (FIN/IPS/tra-en/ky/ccb/js/mlm/en/00
