El presidente del parlamento de Venezuela, Luis Miquilena, se sentará en el banquillo de los acusados por segunda vez en menos de dos meses, desafiado por un representante emblemático del Poder Judicial, que pedirá a un tribunal definir "las esferas de poder".
El inspector de Tribunales, René Molina, quien encabeza una cruzada para sanear la criticada justicia venezolana, anunció este jueves que presentará el recurso "aunque signifique enfrentar al segundo hombre más poderoso del país", quien además es el colaborador más cercano del presidente Hugo Chávez.
La presentación del recurso ante el Tribunal Supremo sugiere el advenimiento de una virtual guerra entre dos poderes públicos de la República Bolivariana de Venezuela consagrada por la Constitución vigente desde diciembre, en medio de la campaña para las elecciones generales del 30 de julio.
Al mismo tiempo, vuelve a colocar a Miquilena en el centro de la agitación política que ha caracterizado el proceso de cambios iniciado por Chávez desde que llegó al gobierno en febrero de 1999, y que el oficialismo califica de "revolución pacífica y democrática".
Molina acaparó titulares el lunes, cuando pidió la suspensión de un juez que había ordenado la detención del director de un semanario de Caracas, provocada por la demanda del presidente de una poderosa empresa aseguradora que se consideraba injuriado por una serie de reportajes publicados en ese medio.
La reacción de Miquilena, amigo del asegurador Tobías Carrero, fue lapidaria: sugirió que Molina habría tomado esa decisión a favor del semanario La Razón para evitar que el medio sacara informaciones insinuando que era homosexual, y denunció la aparición de "una nueva mafia judicial".
El inspector de Tribunales consideró el comentario como una intromisión, y denunció durante una declaración a un canal de televisión que su empeño por sanear el Poder Judicial lo ha sometido a meses de presiones, perjudiciales para la calidad de vida de su familia.
Su recurso ante el Tribunal Supremo, que no tiene precedentes en el país, buscará determinar "si es tolerable en el Estado actual que un representante de un poder se inmiscuya groseramente en las esferas de otro poder".
Molina descartó una acción penal, pero advirtió que pese al tono institucional de su reclamo éste debe entenderse como un recurso contra Miquilena, presidente de la Comisión Legislativa de transición, creada para ejercer como parlamento mientras se eligen los representantes a la Asamblea Nacional.
"El ha tratado de descalificar al inspector de Tribunales", dijo, al destacar que decidió emprender el traumático enfrentamiento con el poderoso político octogenario porque "no lo puedo tolerar".
Molina también cuestionó severamente las diferencias entre el discurso y la realidad, y denunció que no se está haciendo realidad el proyecto de combate a la corrupción judicial. "Vamos por mal camino", sugirió el funcionario.
El inspector participa activamente en la renovación de un Poder Judicial, que había sido calificado reiteradamente como "podrido" y "corrupto" por especialistas y autoridades. En los últimos meses se ha suspendido a unos 400 jueces, y cerca de 50 han sido destituidos.
En forma parelela ha comenzado el proceso de selección de los nuevos jueces, pero Molina advirtió que el proceso no ha marchado bien pues "se están repitiendo viejos esquemas intolerables en la actualidad", y advirtió que el proceso es ambicioso y requiere "un cambio en la cultura venezolana".
Los reformadores del Poder Judicial tienen pendiente la evaluación de aspirantes a 1.374 cargos de jueces, y Molina planteó públicamente que necesitan ayuda de la sociedad, en especial para cooperar en la integración de los jurados evaluadores.
"Nos estamos jugando la vida", aseguró el abogado, quien ejerce por primera vez un cargo público. "Estoy asqueado de la política", confesó este jueves, cuando anunciaba su batalla contra Miquilena.
Los roces entre poderes públicos han sido frecuentes durante esta etapa de "transición" constitucional, y para Miquilena esta sería el segundo enfrentamiento de esa naturaleza, nuevamente ante los tribunales.
El 2 de junio el Fiscal General, Javier Elechiguerra, acudió al Tribunal Supremo con el fin de solicitarle que determinara si existían méritos suficientes para procesar al presidente de la Comisión Legislativa por supuesto tráfico de influencias.
Los casos analizados por la fiscalía estaban relacionados con contratos que habrían favorecido a Carrero, quien en el pasado fue socio de Miquilena.
El Tribunal Supremo falló contra la petición del Fiscal, pero el caso provocó la ira de Miquilena, quien descalificó públicamente a Elechiguerra, en medio de un visible distanciamiento entre el Poder Legislativo y el recién estrenado Poder Ciudadano o "Moral".
El Poder Ciudadano está integrado por la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.
La nueva Constitución, que consagró la República Bolivariana de Venezuela en la primera línea del artículo 1, decreta la existencia de cinco poderes públicos, pues agregó los poderes Ciudadano y Electoral a los tres tradicionales, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. (FIN/IPS/lc/mj/ip/00
