La Corte Internacional de Justicia radicada en esta ciudad holandesa ordenó a todas las partes involucradas en la guerra en la República Democrática del Congo (RDC) el cese del fuego y el respeto a los derechos humanos en las zonas de combate.
En este conflicto que ya lleva dos años, el más grave de Africa desde tiempos coloniales, decenas de miles de personas han muerto y muchas más han sido desplazadas.
Esta guerra se divide en tres, según expertos locales. La primera es por el enfrentamiento entre las fuerzas del presidente Laurent Kabila y los grupos rebeldes. La segunda es la guerra étnica en el este, fundamentalmente contra los tutsi, uno de los 250 grupos étnicos del país.
La tercera parte es un conflicto internacional que involucra a Burundi, Ruanda y Uganda, que apoyan a los rebeldes, y a Angola, Namibia y Zimbabwe, del lado de Kabila. Los seis países tienen en total 35.000 soldados en la RDC.
La decisión de la Corte para "todas las partes" se hizo pública el sábado, dos días después de que el organismo terminara sus deliberaciones sobre un pedido entablado por la RDC de medidas contra Uganda.
La corte reaccionó en esta ocasión con mayor rapidez que en casos anteriores. Por ejemplo, cuando la República Federal de Yugoslavia solicitó medidas contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte el año pasado, el organismo internacional demoró tres semanas para decidir.
Los jueces pretendieron remarcar la urgencia de este caso y desembarazarse de su imagen de órgano judicial lento y poco efectivo.
La RDC acusó a Ruanda y Uganda en junio de 1999. La corte aún debe decidir si procesa el caso, que se encuentra en la fase escrita, durante la cual las partes preparan su alegatos.
Pero los combates en la RDC a comienzos del pasado mes junio, en los que participaron fuerzas ugandesas y varios grupos rebeldes, obligaron a Kinshasa hace dos semanas a pedir a la Corte medidas provisionales.
Se trata de un procedimiento independiente que, por su propia naturaleza, requiere un tiempo más corto. El objetivo de las medidas provisionales es "preservar los derechos de los estados involucrados en el caso mientras está pendiente la decisión de la corte".
En su primera solicitud, la RDC presentó cargos en la corte contra Ruanda y Uganda por "actos de agresión armada cometidos en flagrante incumplimiento de la carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la carta de la Organización de la Unidad Africana (OAU)".
El país centroafricano solicitó a la corte que declare a esos países responsables de agresión y violación de la ley humanitaria internacional y que los ordene a retirarse de su territorio.
La RDC sostuvo que "la invasión del territorio por estos países en agosto de 1998 constituyó una violación de la soberanía y de la integridad territorial, así como una amenaza a la paz y seguridad en Africa central, en general, y la región de los Grandes Lagos en particular".
El gobierno de Kabila acusó a Ruanda y Uganda de intentar apoderarse de Kinshasa para derrocarlo e instalar un régimen controlado por la etnia tutsi.
"La asistencia a los rebeldes y la inseguridad en la frontera fueron sólo pretextos para ayudar a los agresores a apoderarse de los territorios invadidos", acusó el gobierno de la RDC, uno de los países más ricos de Africa, con enormes reservas de diamantes, petróleo, uranio y oro, y con grandes áreas fértiles.
El pedido de medidas provisionales tiene argumentos similares a los de la solicitud original. En ella la RDC se queja de que "Uganda ha persistido en su política de agresión, brutal invasión armada y saqueo", y afirma que la operación militar de junio es una nueva fase de la intervención que comenzó en 1998.
La RDC pidió que la Corte que ordene a Uganda la retirada de su ejército y desistir "de brindar apoyo directo o indirecto a estado, grupo o movimiento que esté involucrado en acciones militares en Congo", y cesar "el traslado ilegal de bienes, equipos o personas".
En respuesta, Uganda sostuvo que el pedido de medidas provisionales es inadmisible, pues la solución del diferendo ya está prevista en la resolución 1304 del Consejo de Seguridad de la ONU, del 16 de junio de 1999. Uganda afirma que está obedeciendo esa resolución.
La Corte consideró en forma unánime que todas las partes debían acatar sus obligaciones internacionales, en particular las incluidas en la carta de la ONU y de la OAU, y la resolución del Consejo de Seguridad que exige el cese de las hostilidades en la RDC.
El tribunal también reiteró su apoyo la misión de observadores militares de la ONU (MONUC), integrada por 5.000 efectivos, establecida en el país luego del acuerdo de Lusaka en julio de 1999.
En reacción a los argumentos de Uganda, la corte declaró que la intervención del Consejo de Seguridad en la guerra de la RDC no impedía a ese país actuar de acuerdo con los estatutos y reglas de La Haya.
El Consejo de Seguridad tiene funciones políticas, mientras la Corte ejerce funciones judiciales. Ambos órganos pueden, por tanto, actuar en forma separada pero complementaria en los mismos casos.
La Corte señaló que "no está en duda" que las fuerzas ugandesas se encuentran en territorio de la RDC, y que se han involucrado en los combates con gran cantidad de víctimas civiles y importantes daños materiales.
Sostuvo que, sobre la base del artículo 41 de su estatuto, su poder para indicar medidas provisionales estaba ligado a la necesidad de "prevenir el agravamiento o la extensión de la disputa".
Considerando todas estas circunstancias, la corte concluyó que las medidas provisionales eran necesarias "en forma urgente".
La decisión no es sólo una prueba de que está lista para actuar con mayor rapidez en el futuro, sino que también demuestra el aumento su interés en los conflictos más graves del mundo en desarrollo, coincidieron analistas.
Este interés, agregan los observadores, hace a la corte más oportuna y verdaderamente universal. (FIN/IPS/bm/da/rp/mj/hd ip/00
