La misión especial de la OEA que trata en Perú de conjurar la crisis política parece estar atrapada entre el "diálogo" propuesto por el gobierno de Alberto Fujimori y la "negociación" que demanda la oposición.
Portavoces opositores manifiestan escepticismo sobre los resultados de la misión especial de la OEA (Organización de Estados Americanos) encabezada por el canciller de República Dominicana, Eduardo Latorre, quien se entrevistó el martes con Fujimori .
"No hemos venido a arbitrar en una contienda política, sino a promover un diálogo entre la oposición y el gobierno", que "solo será fructífero si las partes se encuentran conformes con las condiciones del diálogo", precisó Latorre este miércoles.
Latorre, secretario permanente de la OEA, llegó a Lima el martes para una visita de dos días y anunció que retornará a Lima en agosto, después de que Fujimori asuma el día 28 de este mes asuma su cuestionado tercer periodo presidencial consecutivo.
Las críticas del oficialismo al organismo interamericano cesaron por completo. Las voces de descontento surgen ahora de la oposición, que esperaba de la OEA un respaldo a su campaña por el desconocimiento de las elecciones y por la convocatoria a nuevos comicios.
"Una misión sin plazos establecidos para conseguir sus objetivos favorece, en la práctica, los planes del oficialismo para imponer los fraudulentos resultados de las elecciones, ganadas inconstitucionalmente por Fujimori", comentó Fernando Olivera, líder del opositor Frente Independiente Moralizador.
Similares declaraciones formularon Jorge del Castillo, del socialdemócrata Partido Aprista, y Carlos Ferrero, portavoz del derrotado candidato presidencial opositor Alejandro Toledo.
Un comunicado emitido por la oficina de relaciones públicas del palacio de Gobierno expresa que el cónclave entre Latorre y Fujimori fue "fructifero y cordial" y que el representante de la OEA manifestó que su misión consiste en "facilitar el diálogo" y ofreció "cooperar con asistencia técnica".
"El papel de la Misión de la OEA (Organización de Estados Americanos) en Perú es difícil. Se trata de promover un diálogo entre sordos que solo oyen sus propios discursos", dijo Alberto Panessi, un sociólogo vinculado con la Universidad Católica.
El gobierno nombró una comisión para encaminar el diálogo, pero la oposición replica que se sentará en la mesa después de la acptación de una serie de exigencias, entre ellas desmontar el sistema de inteligencia con que Fujimori controla a las fuerzas armadas, explicó Panessi.
"En este marco, las limitaciones obvias de la OEA, que no puede imponer recomendaciones sobre asuntos internos, favorecen la posición del gobierno", concluyó el experto.
Antes de mostrar su beneplácito por la misión de la OEA, el oficialismo había criticado el papel cumplido por la organización interamericana.
"El virtual virreinato que quiere imponer la OEA en Perú, desconociendo el derecho (del país) a decidir sus propios asuntos" es "inaceptable", había dicho la ex presidenta del Congreso legislativo, Martha Chavez, una de las principales portavoces parlamentarias del oficialismo.
Ahora, Fujimori está dispuesto a conceder las reformas que la comunidad internacional y la oposición le reclamen, pero en la medida que no reduzcan su poder ni desconozcan los resultados electorales de mayo.
La crisis se origina por el rechazo de la oposición a los cuestionados resultados de las elecciones ganadas en mayo por Fujimori, asunto que motivó una reunión especial de la OEA y el envio de la misión especial que se encuentra en Lima.
La misión de observadores de la OEA que supervisó en abril la primera vuelta de las elecciones, ganada por Fujimori con 49 por ciento de los votos contra 42 por ciento de Toledo, descartó fraudes en el cómputo de votos pero señaló irregularidades, en especial abusos del gobierno para imponer su propaganda.
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Sofía Macher, pronosticó que la misión de la OEA fracasará porque el gobierno no quiere dialogar con las fuerzas democráticas.
Mientras, se mantiene el suspenso sobre el reparto de los 120 escaños en el Congreso. Se trata de una definición fundamental, pues la oposición se propone obligar a Fujimori a renunciar si logra mayoría. La Constitución autoriza al Congreso a destituir el presidente por "incapacidad física, mental o moral".
"Las infracciones inconstitucionales cometidas por Fujimori lo incapacitan moralmente para gobernar", explicó en mayo el legislador opositor Carlos Ferrero.
En respuesta a esa amenaza, Fujimori se concentra en negociar una mayoría parlamentaria que eleve los 52 legisladores que su sector obtuvo en las elecciones a por lo menos 61 votos.
Fujimori logró captar seis parlamentarios que renunciaron a sus partidos antes de asumir sus escaños. Se estima que también cuenta con algunos de los seis legisladores independientes.
La incógnita se despejará el día 28, cuando el oficialismo y la oposición compitan por la Presidencia del Congreso y otros cargos directivos.(FIN/IPS/al/mj/ip/00
