Organizaciones de derechos humanos y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) temen el inicio de una persecución política en El Salvador, si el parlamento aprueba un tratado de extradición que el gobierno negocia con Estados Unidos.
El Congreso estudiará en las próximas semanas un proyecto que permite extraditar personas que hayan eludido la justicia estadounidense, pero activistas humanitarios y el FMLN advierten que la propuesta podría contener peligros y la convertirían en una ley de persecución.
"Nosotros no defendemos a quienes cometen delitos, sino que defendemos el respeto del debido proceso", aseguró a IPS Celia Medrano, coordinadora de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca).
Codehuca, que nuclea a 12 organizaciones de América Central, denunció que el acuerdo en discusión entre el gobierno de Francisco Flores y Washington no respeta el debido proceso, ya que se propone tenga carácter retroactivo.
Medrano explicó que las organizaciones de la sociedad civil pretenden el establecimiento de límites para que no se convierta en un arma contra personas inocentes.
"Le preguntamos a la opinión pública: ¿cómo le gustaría que lo trataran si fuera acusado injustamente de haber cometido un delito en Estados Unidos?", añadió.
Entiende que el plan de extradición es una manifestación más de las nuevas modalidades de "injerencia" de Washington en América Central.
El Congreso de El Salvador confirmó el 6 de julio una reforma del artículo 28 de la Constitución, aprobada en primera instancia en 1999, que deroga la prohibición de extradición de ciudadanos salvadoreños.
A partir de esa resolución, el gobierno puede tramitar acuerdos de extradición, como el que piensa acelerar con Estados Unidos, señalaron diputados de la gobernante Alianza Republicana Nacional (Arena),
La embajadora de Washington en San Salvador, Anne Patterson, afirmó que ese convenio es indispensable para tener "otra herramienta contra la impunidad".
El gran escollo que ahora tienen que superar los impulsores del tratado será lograr los votos suficientes en el Congreso, pues para ratificar un convenio de este tipo se necesita el apoyo de 56 de los 84 diputados.
Sin embargo, el opositor FMLN, que cuenta con 31 bancas, ha manifestado su rechazo al acuerdo, al menos hasta que no se cambien algunos artículos que considera "peligrosos".
"No votaremos el tratado mientras se mantenga su carácter retroactivo", explicó a IPS Manuel Melgar, diputado del FMLN y presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa.
Melgar señaló que no darán su aval hasta que el acuerdo no especifique que no será utilizado para extraditar a personas por delitos políticos, y si permite que los extraditados sean condenados a muerte en Estados Unidos.
Este condicionamiento pone contra la pared al gobierno de Flores, pues la izquierda cuenta con la bancada mayoritaria frente al oficialista Arena, con 29 diputados, y al derechista Partido Conciliación Nacional (PCN), con 14.
Según estimaciones de analistas, en la actualidad hay en suelo salvadoreño alrededor de 200 prófugos de la justicia estadounidense que podrían ser extraditados una vez aprobado el tratado.
Portavoces gubernamentales aseguraron a IPS que las peticiones de los activistas de derechos humanos serán tomadas en cuenta a la hora de presentar el borrador al parlamento.
"No se preocupen, pues velaremos para que los extraditables no sean condenados a muerte, para que no se persiga a nadie por delitos políticos y para que no se aplique de manera retroactiva", dijo a IPS el diputado René Figueroa, jefe de la bancada de Arena.
Figueroa señaló que su partido apoya el tratado de extradición para "dotar al sistema judicial de un brazo largo contra la impunidad" y como forma de enviarle al mundo el mensaje de que El Salvador "no es una guarida de delincuentes". (FIN/IPS/nms/dm/ip/00
