Tailandia comenzó a aprender el valor de la dignidad humana ocho años después de una sangrienta represión de manifestaciones por la democracia y tras la crisis financiera de 1997, observaron expertos en derechos humanos.
Esta nación del sudeste asiático, gobernada por regímenes autocráticos hasta 1992, todavía tiene mucho camino por recorrer, pero existen señales de que está en la ruta correcta hacia una verdadera democracia social y política, agregaron.
La comunidad internacional elogió los progresos registrados en Tailandia en materia de derechos humanos, aunque los críticos se encargan de señalar que persisten algunas limitaciones.
"No estaremos entre los 10 mejores en derechos humanos, pero en comparación con otros países de la región, estamos mucho mejor", destacó Somchai Homlaor, un activista tailandés.
Aunque Tailandia todavía tiene algunas manchas en su boletín de calificaciones, "ahora se presta más atención a ellas, porque la sociedad civil se está fortaleciendo", dijo Homlaor a IPS.
Las semillas para el fortalecimiento de la sociedad civil fueron sembradas con la aprobación en 1997 de la primera Constitución democrática, que recibió los elogios de la comunidad internacional.
"Hubo un gran cambio en Tailandia, y la principal salvaguarda de los derechos y el desarrollo humanos es la Constitución de 1997", destacó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su último informe anual, publicado a fines de junio.
El PNUD resaltó que los cambios introducidos por la nueva Constitución no son meramente superficiales.
"En el pasado las autoridades eran renuentes a reconocer a la sociedad civil, pero ahora sí lo hacen", concordó Vitit Muntarbhorn, especialista en derecho constitucional y profesor de la Universidad de Chulalongkorn, de Bangkok.
La nueva Constitución fue sometida a una prueba a mediados del pasado junio, cuando el gobierno debió sacar nuevamente a la luz una versión censurada de un informe sobre los enfrentamientos producidos en mayo de 1992 entre manifestantes por la democracia y militares.
Esto fue posible gracias a la garantía del derecho de acceso a la información pública establecida en la nueva carta fundamental, que fue esgrimida por los familiares de las víctimas de aquel "mayo negro", como se dio en llamar.
A diferencia de anteriores constituciones, los tribunales de justicia pueden hacer aplicar los derechos establecidos en ella, y éstos no precisan el respaldo de otras leyes.
Los enfrentamientos de 1992, en que fuerzas del gobierno mataron a tiros a decenas de manifestantes que protestaban por la designación del general Suchinda Kraprayoon como primer ministro, constituyeron un punto de inflexión en la historia política de Tailandia.
Aquel mayo negro marcó el fin de seis décadas de gobierno militar, directo o indirecto. Hasta ahora, existen versiones contradictorias sobre aquellos hechos.
Sin embargo, los analistas coinciden en que fue la crisis económica de 1997 la que puso a Tailandia irreversiblemente en el camino hacia la democracia.
"La crisis hizo tomar conciencia a la sociedad tailandesa de que debía acelerar las reformas políticas o de lo contrario la nación no podría sobrevivir", señaló Homlaor.
"Paradojalmente quizá, el colapso de la economía nacional tuvo un impacto positivo en el ámbito político", añadió Muntarbhorn.
La crisis financiera también expuso el desfasaje existente entre el sistema político y el económico, porque debido al retraso de aquél, Tailandia "no pudo enfrentar la crisis", según Homlaoor.
Además, los nuevos derechos civiles y políticos ayudan a corregir los desequilibrios económicos y sociales, en un país donde solo la mitad de los 60 millones de habitantes tenían un ingreso superior a 512 dólares anuales en 1998, y donde 20 por ciento de la población posee 60 por ciento de la riqueza nacional.
Sin embargo, a diferencia de anteriores planes quinquenales, el actual plan de desarrollo económico y social "tiene un enfoque más humano y participativo", subrayó Muntarbhorn.
Los cambios políticos en Tailandia "deben conducir a un mejor desarrollo económico, que beneficie al pueblo y no solo a una elite", señaló Homlaor.
Si no pueden exigir el respeto a sus derechos mediante la movilización política, los pobres no podrán beneficiarse del crecimiento económico, concluyó. (FIN/IPS/tra-en/mu/js/mlm/hd/00
