Policías de América Central son culpables de numerosas ejecuciones de niños y adolescentes en las calles, en especial en Honduras, aseguró hoy una coalición regional de organizaciones de derechos humanos.
La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca) presentó en San José un informe en que denuncia 26 homicidios por abuso de autoridad, 97 ejecuciones sospechosas y 122 asesinatos de supuestos delincuentes hondureños durante 1999.
La participación de fuerzas policiales en ejecuciones, tráfico de drogas, lavado de dinero y robo de automóviles es creciente, según el informe.
"Las ejecuciones de niños pobres en Honduras, que se justifican con el pretexto de supuesta delincuencia, es uno de los problemas que más preocupa hoy a las organizaciones de derechos humanos", aseguró Celia Medrano, coordinadora de Codehuca.
Los voceros de Codehuca, una institución no gubernamental que agrupa a 12 organizaciones de derechos humanos en toda América Central, hicieron estas denuncias al presentar el informe de situación de la región correspondiente al segundo semestre de 1999.
"Las principales víctimas han sido jóvenes de entre 13 y 24 años", indica el estudio, que detalla que 79 de ellos fueron ejecutados de forma violenta.
El informe también cita casos de grupos de víctimas ajenas a pandillas y que no parecían delincuentes, pero fueron ejecutados con saña por ser jóvenes que caminaban juntos o tenían relación de amistad o parentesco.
Tal fue lo que le ocurrió a cuatro muchachos hondureños de entre 21 y 29 años que fueron acribillados a balazos el 31 de julio de 1999 por siete hombres que, según Codehuca, están ligados a la policía preventiva.
"Pero el problema de la corrupción de la policía no es exclusivo de Honduras: está presente en todo el istmo", destacó Medrano.
La activista dijo que policías de El Salvador cometen, fuera de su horario de servicio, delitos como asaltos, secuestros, extorsión y torturas.
Codehuca estimó que la situación de los derechos civiles y políticos en Honduras había tenido en los últimos años una leve mejoría, pero ahora cayó "en picada".
El estudio subraya que en los últimos tiempos surgen nuevos patrones en las violaciones al derecho de la vida en América Central.
Mientras en la década del 80 y en la primera mitad de la del 90 las ejecuciones por motivaciones políticas se practicaron de manera selectiva, en los últimos años se cometieron de manera indiscriminada, según Codehuca.
Aunque no hay cifras precisas sobre la criminalidad en la región, analistas, políticos y medios de comunicación señalan la necesidad de afrontar la violencia que la produce e iniciar un proceso de depuración de las instituciones policiales.
En junio el presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, vivió en carne propia la crudeza de la inseguridad y la delincuencia cuando tuvo que enviar a su familia a Canadá, luego de recibir amenazas de una de las principales bandas de secuestradores de su país.
"Ese es un muy mal ejemplo para toda la sociedad, pues a la delincuencia los políticos tienen que enfrentarla y no huirle", dijo a IPS Carmen Padilla, politóloga de la no gubernamental Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala.
Otro hechos que conmocionó la región es el secuestro del empresario salvadoreño Jorge Zedán, propietario de un canal de televisión que en mayo denunció públicamente por espionaje a la empresa francesa France Telecom.
El informe de Codehuca también denunció el creciente deterioro de los derechos económicos, sociales y culturales en Nicaragua.
Solo 16,9 por ciento de los trabajadores nicaragüenses cuentan con beneficios y previsión sociales.
Otro problema mencionado por los activistas es el retraso de los procesos judiciales, que llena las cárceles centroamericanas con presos sin condena y las convierte en "bodegas de humanos". (FIN/IPS/nms/mj/hd/00
