El Plan Colombia del presidente Andrés Pastrana para poner fin a la guerra civil y al narcotráfico no logrará la paz sino más conflictos, advirtieron hoy activistas de América Latina y Europa reunidos en la capital española.
El problema central del narcotráfico radica en los países del Norte industrializado y no en los del Sur en los que se producen drogas, según los representantes de 20 organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales reunidos en Madrid.
Los activistas asisten a una reunión alternativa a la Mesa de Aportantes en la que delegados de gobiernos y organismos multilaterales estudiarán este viernes, también en Madrid, su ayuda al Plan Colombia.
El Plan Colombia no es un plan de paz sino de guerra, porque no prevé atacar las bases estructurales del conflicto armado en ese país, la mayoría de carácter económico y social, dijo este miércoles en rueda de prensa Antonio Sandino, de Arco Iris, una ONG de Colombia.
"Los cultivos ilícitos de hoja de coca dependen para su existencia del capital de los narcotraficantes. Y el Plan Colombia apenas se refiere a ello", dijo a IPS el colombiano Ricardo Vargas, de Acción Andina, coalición regional de personas y grupos preocupados por el impacto de las políticas antidrogas.
La iniciativa de Pastrana "no prevé medidas para combatir el tráfico en su núcleo principal, que está en los países consumidores y sus circuitos financieros de alto nivel", agregó Vargas.
El activista negó que el narcotráfico aumente por acción de la guerrilla colombiana, que participa sólo en uno por ciento del narcotráfico mundial. En la zona que controlan se mueven unos 500 millones de dólares sobre un total de 50.000 millones, afirmó.
El Plan Colombia fue presentado el año pasado por el gobierno de Pastrana para poner fin a la prolongada guerra civil, reducir la producción y el tráfico de drogas, fomentar la deprimida economía nacional y mejorar su sistema de justicia.
El costo del Plan es de 7.000 millones de dólares, 4.000 millones de los cuales se espera recaudar en el extranjero. Estados Unidos aportará 1.300 millones de dólares.
A la reunión de la Mesa de Aportantes de este viernes asistirán representantes de los 15 países de la Unión Europea (UE), Canadá, Estados Unidos y Japón, así como de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México y Venezuela.
Entre las instituciones internacionales invitados figuran el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la Corporación Andina de Fomento y la Organización de las Naciones Unidas.
El rechazo a la represión contra los campesinos que cultivan coca fue otra coincidencia en la mesa redonda a la que asistieron Vargas, Jorge Devia, gobernador del departamento de Putumayo, y Martín Jelssma, del no gubernamental Transnational Institute, radicado en Amsterdam.
Los campesinos realizan ese cultivo para sobrevivir, mientras que los lucrativos canales de distribución y tráfico no merecen similar atención en el Plan Colombia, según la mesa alternativa.
Los cultivos ilícitos de hoja de coca en el sur colombiano se expanden por la ausencia de alternativas económicas para la subsistencia de la población, debida en gran parte a la falta de inversión estatal, en especial en infraestructura, añadieron.
También atribuyeron responsabilidad en la situación colombiana a los gobiernos de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, que se abstienen de tomar medidas contra el lavado de dinero procedente del narcotráfico, fenómeno creciente en la última década.
La Red de Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz), que agrupa a ONG, autoridades locales, instituciones varias y personas que trabajan por la paz en Colombia, también cuestionó el Plan Colombia.
Redepaz se pronunció, "como la inmensa mayoría de la sociedad civil", por una solución política y definitiva al conflicto armado de su país, con una agenda que incorpore profundas transformaciones en la sociedad, "como garantía de una paz integral, estable y duradera".
En ese sentido, la organización manifestó su respaldo al diálogo y la negociación con las organizaciones guerrilleras impulsado por Pastrana.
No obstante, agregó que el paquete de ayuda militar aprobado por Estados Unidos "so pretexto de la lucha antinarcóticos" no favorece el proceso de paz.
"La aplicación de esa ayuda agravará la crisis humanitaria y escalará un conflicto de por sí degradado, poniendo en grave riesgo las negociaciones en curso y afectando principalmente a la población civil", afirmó Redepaz.
Por ello, la organización consideró que el "componente social" del Plan Colombia, para el cual el gobierno de Pastrana solicita cooperación europea, complementa la estrategia de guerra contenida en el paquete de ayuda estadounidense.
El Plan Colombia contiene unos 40 proyectos sociales dirigidos a zonas donde operan la guerrilla y el narcotráfico, que tienen un costo cercano a los 1.047 millones de dólares. El gobierno espera que la Mesa de Aportantes colabore con unos 900 millones.
Redepaz afirmó que "se pretende, invitando a los países de Europa, proveer recursos para paliar los efectos negativos que en materia de derechos humanos generará la acción militar del Estado y, por reacción, la de la insurgencia".
Por ello, la organización invitó a ONG y gobiernos del mundo a soliciten a las autoridades colombianas y a los demás actores armados la suscripción inmediata de una tregua multilateral, "cuyo contenido central sea un acuerdo humanitario que haga inútil la ayuda militar aprobada por Estados Unidos".
La asistencia militar estadounidense también recibió críticas en Washington.
Paul Wellstone, senador demócrata de Minnesota, propuso sin éxito retirar 225 millones de dólares de la ayuda para las operaciones del ejército colombiano en el sur del país y dirigirlos a programas de tratamiento y prevención de la drogadicción en Estados Unidos.
"El efecto práctico de la estrategia ahora en consideración es una escalada del conflicto militar. Más dinero paraarmas no es la respuesta a los problemas de Colombia", argumentó Wellstone, quien mencionó informes de derechos humanos sobre la actividad de paramilitares apoyados por el ejército colombiano.
Este miércoles también comenzó una reunión convocada por las dos centrales sindicales mayoritarias de España, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, junto a organizaciones de trabajadores colombianos, con el objetivo de elevar sus propuestas a la Mesa de Aportantes. (FIN/IPS/td/mj/ip dv/00
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