El gobierno de Colombia y la rebeldes FARC intercambiaron hoy propuestas de cese del fuego, el mayor avance logrado desde el inicio de las negociaciones de paz.
Los delegados de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y del gobierno de Andrés Pastrana se abstuvieron de comentar el contenido de los planteos, entregados en sobres cerrados, que comenzarán a discutirse probablemente dentro de 15 días.
Los portavoces de las partes comentaron que las iniciativas serán manejadas "con discreción", para evitar errores como los que se cometieron en conversaciones anteriores.
Fabio Valencia, uno de los representantes del gobierno en la mesa de negociaciones, calificó la entrega de las propuestas como "trascendental" para el diálogo de paz, que adquiere a partir de este lunes "una nueva dinámica".
El senador Valencia, del gobernante Partido Conservador, agregó que la discusión del cese del fuego es indicativo de la confianza que existe entre las partes.
Para Juan Uribe, otro representante de Pastrana, el intercambio de propuestas es una voz de esperanza para "la ciudadanía en general que quiere salir de esa melancolía en que está sumergida por los efectos que causa la guerra en sus familias".
En tanto, las FARC desean que el cese del fuego vaya más allá del silenciamiento de los fusiles, e incluya el combate contra los paramilitares de derecha, según indicó este lunes a la emisora Radionet el portavoz guerrillero Carlos Lozada.
"Proponemos el cese de operaciones militares y de las hostilidades que afecten al común de los colombianos, como el desempleo, el alto costo de la vida y todas las políticas neoliberales", dijo Lozada.
También destacó la importancia del intercambio Alfonso Cano, de la dirección de las FARC, la principal guerrilla del país.
Cano dijo a la revista Semana, en circulación desde este lunes, que la entrega de propuestas de cese del fuego es una muestra del significativo avance que se ha logrado en los 18 meses que lleva el proceso negociador.
El presidente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, Alberto Giraldo, advirtió que llegar al cese de hostilidades "es delicado e implica muchas cosas, pero es interesante, y sólo saber que estamos trabajando en esa dirección vale la pena".
Intentar poner fin al esquema de "negociar en medio de la guerra", con que se inició este proceso en enero de 1999, es el tema más sensible y complejo, sostuvo, a su vez, Luis Valencia, profesor de la estatal Universidad Nacional.
Valencia precisó a IPS que para las FARC la propuesta del cese de operaciones militares va ligada a la solución de problemas sociales, como el desempleo, y la lucha contra los paramilitares, mientras que el gobierno entiende por hostilidades el secuestro, las extorsiones y ataque a civiles por parte de la guerrilla.
Un acuerdo de cese del fuego requiere la participación activa de los altos mandos militares que, si bien formalmente han afirmado que apoyan el proceso de paz, "no pierden oportunidad para hacer distintos cuestionamientos a la guerrilla", agregó.
Entre esas acusaciones están los presuntos vínculos de los insurgentes con grupos de narcotráfico, los secuestros a civiles y las posibles violaciones a normas del derecho internacional humanitario.
El alto comisionado para la paz, Camilo Gómez, afirmó a comienzos de junio que para el gobierno el cese de hostilidades es un concepto más amplio que el fin de los enfrenamientos militares y comprende también "el fin de los secuestros y otros ataques contra civiles ajenos al conflicto".
Las FARC afirmaron en diferentes foros que no llevan a cabo "secuestros" sino "retenciones" a personas (de elevado poder económico) que, consideran, deben pagar un impuesto como lo pagan al gobierno para financiar la guerra.
Ante ello, algunos empresarios han planteado la posibilidad de que el Estado financie a la insurgencia mientras dure el proceso de negociación.
A cambio de esos recursos estatales, las FARC tendrían que comprometerse a liberar a todos los secuestrados, suspender los secuestros y no involucrarse en actividades de narcotráfico.
El último cese del fuego firmado entre las FARC y el gobierno data de marzo de 1984, entró en vigor en mayo de ese mismo año y se mantuvo con altibajos hasta agosto de 1986, cuando el Ejército acusó a la guerrilla de haber asesinado una veintena de soldados en una emboscada.
El principal error que condujo al rompimiento de aquel acuerdo en 1986 fue el no haber establecido una instancia de verificación y control de los convenios, indican analistas. (FIN/IPS/yf/dm/ip/00
