El gobierno de Andrés Pastrana reclamará este viernes a los donantes reunidos en Madrid un respaldo concreto al Plan Colombia de pacificación y lucha contra el narcotráfico, sobre la base de la corresponsabilidad entre países productores y consumidores de droga.
El canciller Guillermo Fernández de Soto presentará entonces en Madrid los proyectos del Plan Colombia, en particular los vinculados con el desarrollo productivo, a los que confrontará con señalamientos de unas 50 organizaciones no gubernamentales (ONG), que lo consideran un programa para la guerra.
El Plan Colombia es un programa introducido por el gobierno de Pastrana en respaldo del proceso de paz con la guerrilla y para acabar con el tráfico y cultivo de drogas ilícitas. El costo del Plan es de 7.000 millones de dólares, 4.000 millones de los cuales se espera recaudar en el extranjero.
Fernández de Soto explicará en la Mesa de Aportantes convocada para que los países de Europa, Asia y América Latina hagan sus colaboración es que se trata de una estrategia orientada "en un 65 por ciento a los temas sociales, humanitarios y de sustitución de cultivos ilícitos", dijo el canciller.
Para el gobierno colombiano, la lucha contra el narcotráfico compete a países productores y consumidores, y, por lo tanto, Colombia debe contar con respaldo de la comunidad internacional.
Colombia espera que la comunidad internacional "exprese con hechos concretos" en la Mesa de Aportantes "el apoyo político que ya le ha dado al país en su lucha contra las drogas y en el proceso de paz", dijo este martes el comisionado para la Paz del gobierno de Pastrana, Camilo Gómez.
A la reunión de este viernes asistirán representantes de los 15 países de la Unión Europea (UE), Canadá, Estados Unidos y Japón, así como de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México y Venezuela.
Entre las instituciones internacionales invitados figuran el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la Corporación Andina de Fomento y la Organización de las Naciones Unidas.
Gómez dijo compartir declaraciones de Raúl Reyes, de la cúpula de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quien afirmó el lunes que "la paz no sólo significa silenciar los fusiles".
Para Reyes, delegado de las FARC en las negociaciones con el gobierno, la paz para los colombianos, además del cese del fuego, significa empleo, seguridad, y que el ejército luche contra los paramilitares de derecha.
El Plan Colombia contiene unos 40 proyectos sociales dirigidos a zonas que asediadas por la guerrilla y el narcotráfico, que tienen un costo cercano a los 1.047 millones de dólares. El gobierno espera que la Mesa de Aportantes colabore con unos 900 millones.
El costo total del Plan Colombia es de 7.000 millones de dólares, de los que el gobierno colombiano aportaría 4.000 millones y Estados Unidos cerca de 1.300 millones.
La colaboración de la Mesa de Aportantes no es clara aún debido a diferencias de criterio entre los países de la UE, indicaron analistas.
El comisario de Relaciones Exteriores y Defensa de la UE, Javier Solana, anunció el jueves en Bogotá su pleno respaldo a la iniciativa de Pastrana, pero observadores de la Universidad Nacional consideran que hay países del bloque que la critican.
Las reservas de algunos países de la UE "son bastante previsibles", dijo a IPS Jaime Zuluaga, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales universitario. "El Plan Colombia se orienta fundamentalmente al incremento de la guerra en el país", explicó.
Otro aspecto "importante para los europeos" es que el gobierno de Pastrana no tuvo en cuenta al formular el Plan Colombia la opinión de las organizaciones sociales y políticas, ni de los grupos rebeldes que piensa incorporar al proceso de paz, agregó Zuluaga.
El componente social del Plan, que será destacado por los delegados gubernamentales en la Mesa de Aportantes, y el fortalecimiento de la justicia y la protección de los derechos humanos "son totalmente subordinados a la lucha contra el narcotráfico" que se llevará el grueso de la financiación, dijo.
Entre los países de la UE partidarios del respaldo al Plan figuran España, Gran Bretaña e Irlanda, y entre los que se oponen estarían Alemania, Bélgica, Francia y Holanda, según observadores colombianos.
Alemania, Francia y Holanda señalan que el Plan le da más importancia al componente militar que al social, y equipara a los grandes cultivadores de coca con los campesinos que siembran pequeñas extensiones.
Medio centenar de ONG europeas y colombianas se reunieron este jueves en Madrid para fijar su posición en la Mesa de Aportantes.
Las ONG afirman que el Plan Colombia criminalizará a pequeños campesinos y desatará grandes migraciones de comunidades del sudeste, cuando comiencen los programas de erradicación de cultivos ilícitos y las operaciones de las brigadas militares que financiará Estados Unidos.
Estas brigadas se harán cargo del combate contra el narcotráfico y contra los grupos guerrilleros que lo apoyan.
Entre las ONG que rechazan el Plan Colombia están Acción Andina (que estudia el narcotráfico en Bolivia, Colombia y Perú), y el Transnational Institute, con sede en Amsterdam.
Según estas instituciones, el Plan se propone erradicar cultivos ilícitos con sustancias nocivas para el ambiente y la salud humana.
Ricardo Vargas, de Acción Andina, dijo a IPS que el problema de los cultivos ilícitos, que sobrepasan en Colombia las 120.000 hectáreas, requiere "una propuesta integral", concertada con las comunidades, que rompa el circuito "de las drogas y la economía de guerra de los actores armados".
Las FARC, la más antigua y grande de las organizaciones guerrilleras de este país, rechaza el Plan Colombia por considerar que "atentará una vez más contra la precaria forma de subsistencia que tienen los campesinos empujados por la apertura económica" al cultivo de coca, amapola (adormidera) y marihuana. (FIN/IPS/yf/mj/ip/00
