Ambientalistas de Brasil sostuvieron que un decreto del presidente Fernando Henrique Cardoso sobre recursos genéticos viola la Constitución y los derechos de los indígenas, al legalizar la piratería.
Cardoso reglamentó el acceso al patrimonio genético brasileño por medio de una "medida provisional", un decreto con fuerza de ley a partir de su publicación, que en este caso se produjo el viernes. Su vigencia, limitada a 30 días, puede renovarse hasta que el Congreso lo convierta en ley permanente o lo rechace.
La medida da potestades a un Consejo Interministerial para autorizar el uso de recursos naturales de tierras indígenas cuando entienda que ese uso es de "relevante interés público".
La decisión se debió al escándalo provocado por un contrato con la firma suiza Novartis Pharma firmado el 29 de mayo por Bioamazonia, una organización creada por el propio gobierno, en asociación con instituciones científicas y empresariales, para promover "el uso sustentable de la biodiversidad de Amazonia".
Ese contrato implica que la compañía suiza invertirá unos cuatro millones de dólares durante tres años en la investigación de hasta 10.000 microorganismos, para desarrollar productos farmacéuticos fuera de Brasil. El país recibiría un porcentaje de las ganancias generadas por patentes de esos productos.
El ministro de Medio Ambiente, José Sarney Filho, condenó el acuerdo y acusó a Bioamazonia de exceder sus cometidos. Ante esas críticas y las provenientes de ambientalistas y científicos, el Consejo de Administración de Bioamazonia creó una comisión para proponer "ajustes" del acuerdo en un plazo de 30 días.
De todos modos, Bioamazonia arguyó que no había violado ninguna norma, y que una cláusula del contrato prevé su evaluación, alteración o anulación por parte del Consejo.
El gobierno consideró que este incidente ponía en evidencia la existencia de un "vacío legal" en la reglamentación de autorizaciones para emplear recursos genéticos, y por eso adoptó la medida provisoria.
La cuestión del uso del patrimonio genético se discute desde hace cinco años en el Congreso y preocupa a la sociedad brasileña desde 1992, cuando se aprobó en Río de Janeiro la Convención de Biodiversidad, durante la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también llamada Cumbre de la Tierra.
André Lima, experto en derecho ambiental y asesor jurídico de la organización no gubernamental (ONG) Instituto Socioambiental, señaló que el decreto no cumple la exigencia constitucional de que las comunidades indígenas consientan el uso de recursos naturales de las áreas que habitan.
Lima criticó que el Consejo Interministerial que podrá otorgar autorizaciones, y también tiene funciones de control y regulación del uso de recursos genéticos, esté compuesto sólo por representantes del Poder Ejecutivo.
El abogado dijo que el gobierno no respetó principios de gestión pública que exigen la participación de representantes de la sociedad civil, y se aplicaron al formar consejos nacionales para asuntos ambientales, sanitarios, de seguridad pública y vinculados con los derechos de la infancia o de la mujer.
En este caso, se debería haber dispuesto la participación de la comunidad científica y de otros interesados en el asunto, explicó.
Otro problema es que la medida legitima acciones anteriores de quienes explotaron conocimientos tradicionales de los indígenas sobre plantas y otros organismos, y permite que esas acciones continúen, es decir que "concede amnistía a la piratería pasada y a la futura", opinó.
El decreto contradice un proyecto ya aprobado en el Senado, en el cual se reconocen derechos de las comunidades locales en relación con el uso de sus conocimientos tradicionales para desarrollar productos comerciales farmacéuticos, cosméticos o de otro tipo, apuntó.
En la actualidad, el Congreso estudia tres proyectos en la materia, incluyendo al que ya fue aprobado por el Senado y otro propuesto por el Poder Ejecutivo. En este marco, el recurso a una medida provisional es "absolutamente antidemocrático", afirmaron 16 ONG en una declaración conjunta.
Las ONG se proponen presionar para que no se renueve la vigencia del decreto, y también para que se acelere el trámite parlamentario de una ley adecuada, anunció Lima.
El carácter "precario" de la medida adoptada por Cardoso, la cual puede ser modificada o rechazada por el Congreso, es un factor de inestabilidad e inseguridad, ya que el decreto ni siquiera ofrece garantías a las firmas privadas que podrían obtener autorizaciòn para explotar recursos genéticos, señaló.
El gobierno cometió un acto de "piratería legislativa" al usurpar funciones del Congreso y desconocer n debate parlamentario de varios años, alegó la senadora Marina Silva, del opositor Partido de los Trabajadores y autora del proyecto aprobado por el Senado.
Este episodio puede fortalecer un movimiento de parlamentarios que consideran excesivo el uso por parte del Poder Ejecutivo del recurso de las medidas provisionales, que la Constitución permite sólo para resolver cuestiones relevantes y muy urgentes. (FIN/IPS/mo/mp/en ip/00
