Los problemas de la prensa independiente con el gobierno de Rusia sugieren que la tolerancia de las autoridades a las voces disidentes se agota.
La cruzada del Kremlin contra la emisora independiente de televisión NTV preocupa en especial a los gobiernos y periodistas occidentales, pero el presidente ruso, Vladimir Putin, asegura que no hay motivo para alarmarse.
Putin prometió ayudar al desarrollo de la sociedad civil en el país, incluyendo el elemento clave de los medios de comunicación independientes, durante una entrevista con periodistas extranjeros y locales difundida la semana pasada, pero también señaló que la democracia no debía confundirse con anarquía.
A comienzos de este mes, el presidente había pedido a magnates de la industria local que no usaran los medios de comunicación que poseen para colocar en la agenda política intereses personales opuestos a los del Estado.
El mandatario sostuvo en esa ocasión que los medios de comunicación no deberían ser controlados por magnates influyentes, pero es discutible que los allanamientos policiales sean una solución del problema.
Cada vez más periodistas rusos se vuelven peones de guerras entre facciones políticas y económicas. Durante la campaña electoral del otoño (boreal), los magnates Boris Berezovsky y Vladimir Gusinsky, muy vinculados con la política, se atacaron el uno al otro mediante las emisoras de televisión que controlan.
Gusinsky posee NTV, y Berezovsky uno de los propietarios de la emisora ORT, la única que llega a todo el país y a la cual se considera responsable en parte de la victoria de Putin en aquellas elecciones presidenciales.
Tras los comicios, la policía allanó varias veces oficinas de la firma Media-MOST, centro del grupo económico al cual pertenece NTV. El hostigamiento policial fue considerado un castigo por críticas a la guerra en la república separatista de Chechenia e intentos de investigar denuncias de corrupción en el Kremlin.
El martes de la semana pasada, la policía allanó por primera vez las oficinas de NTV, y pidió los documentos de propiedad de la emisora, cuya vinculación económica con Media-Most no se conoce con precisión.
Los funcionarios policiales no llevaban sus cabezas cubiertas con pasamontañas ni empuñaban armas automáticas, como los que realizaron el 11 de mayo un allanamiento contra Media-MOST.
La firma afirmó que había prestado total colaboración a la policía y acusó al Kremlin de acosar a Gusinsky para tratar de silenciar las críticas a Putin de NTV y de otros medios de comunicación del grupo.
Gusinky había sido acusado de malversación de fondos por valor de 10 millones de dólares y encarcelado durante tres días el mes pasado. Los cargos se relacionaron con la presunta privatización ilegal, en 1997, de la emisora de televisión estatal de San Petesburgo, la segunda ciudad de Rusia.
Ahora los fiscales arremeten contra el núcleo del imperio de medios de comunicación de Gusinsky, para tratar de determinar con exactitud a quién corresponde la propiedad de las compañías que controla, así como los vínculos de Media-MOST con la firma Gazprom, poseedora del monopolio del gas natural.
Putin declaró el mes pasado, durante una gira por Europa, que las relaciones entre Media-MOST y Gazprom debían ser investigadas, y acusó a Gusinsky de crear un sistema irregular de garantía de deudas.
A comienzos de este año, Gazprom pagó 211 millones de dólares por un préstamo que el banco First Boston concedió a Media-MOST. La firma de gas natural había garantizado ese préstamo y otro por 170 millones de dólares, que vence el año próximo.
Andrei Loschilin, un asesor de Media-MOST, dijo a IPS que las relaciones entre esa firma y Gazprom no violan las leyes rusas.
Los fiscales señalaron, sin embargo, que el Estado posee 38 por ciento de las acciones de Gazprom, y arguyeron que es probable que las obligaciones asumidos por esa empresa afecten los intereses del gobierno.
Vasily Pimenov, subjefe del departamento de investigación de casos especiales de la Fiscalía General, dijo a la agencia de noticias Interfax que Gusinsky puede volver a ser arrestado si los documentos requisados el martes revelan irregularidades en el compromiso de Gazprom como garantía de Media-MOST.
Gusinsky declaró al canal NTV que relaciona las últimas acciones judiciales contra Media-MOST con un programa de televisión emitido el 9 de este mes, durante el cual Yevgeny Kiselyov criticó comentarios de Putin sobre los medios de comunicación, realizados en un mensaje al país del día anterior.
El presidente había dicho que algunos medios de comunicación son usados por sus propietarios como armas en batallas políticas.
La Fiscalía General pidió a Gazprom que le entregara varios documentos referidos a su relación con Media-MOST, y la compañía de gas respondió en un comunicado que cumpliría con el pedido.
El portavoz de Gazprom, Igor Ivantsov, dijo a IPS que esa compañía está dispuesta a mostrar sus relaciones con Media-MOST.
Según Media-MOST, Gazprom es en la actualidad propietaria de 48 por ciento de las acciones de la empresa periodística, en parte como contrapartida de su papel como garantía de préstamos.
Funcionarios de Gazprom dijeron, en cambio, que la compañía de gas posee 14 por ciento de las acciones de Media-MOST, y otros dos paquetes de acciones de la misma, de 20 por ciento cada uno, como activos relacionados con la garantía de los préstamos, así como cerca de 30 por ciento de las acciones de NTV.
El caso Gusinsky ha adquirido notoriedad internacional porque es visto por muchos como un intento de coartar la libertad de prensa por parte del Kremlin.
Funcionarios estadounidenses expresaron su preocupación por el caso, y el canciller (jefe de gobierno) de Alemania, Gerhardt Schroeder, dijo que había pedido a Putin la excarcelación de Gusinky tras el arresto del magnate, cuando ambos gobernantes se reunieron en Berlín el mes pasado.
Miembros de grupos de presión por la libertad de prensa, entre ellos el Instituto Internacional de Prensa, viajaron a Moscú para manifestar su preocupación, pero el Kremlin ha negado en varias ocasiones que el objetivo de las acciones judiciales sea incidir sobre la línea editorial de Media-MOST.
El caso es sólo el síntoma más obvio de problemas entre el gobierno y los medios de comunicación. El mes pasado, el ministro de Prensa ruso, Mikhail Lesin, declaró: "Si hubiéramos aplicado las leyes vigentes en forma estricta, podríamos haber cerrado hace tiempo todos los órganos de prensa".
No fue una sorpresa que periodistas rusos encuestados hace poco señalaran a Lesin como el mayor enemigo de la libertad de expresión en el país.
Las presiones sobre los medios de comunicación privados benefician a los estatales, que demostraron ser mucho menos libres y críticos de las acciones del gobierno durante la última década. (FIN/IPS/tra-eng/sb-/da/ego/mp/hd ip/00
