Grupos defensores de los derechos humanos y de los consumidores reclamaron al gobierno de Estados Unidos que castigue a los prestamistas hipotecarios que abusan de personas de bajos ingresos y de las minorías.
"Notamos un aumento de los casos de personas que pierden toda sus ganancias y aun sus casas debido a estas prácticas", advirtió Josh Silver, de la Coalición de la Comunidad Nacional para la Reinversión.
Organizaciones populares afirmaron que los llamados prestamistas "rapaces" establecen intereses exorbitantes y engañan a las personas de bajos recursos para que contraigan deudas más altas de las que pueden pagar.
A un encuentro en la filial de Brooklyn de la Asociación de Organizaciones Comunitarias para la Reforma Ahora (ACORN), que asesora a prestatarios de bajos y medianos ingresos, concurrieron más de 30 personas que afirmaron haber aceptado ofertas de prestamistas. Todos eran afroamericanos y latinos.
Entre ellos se encontraba una pareja de 50 años que recibió un crédito por 80.000 dólares de la Corporación de Financiación Delta, una gran prestamista. Aunque solo obtuvieron 10.000 dólares al contado, ahora tienen una deuda de 190.000 dólares.
Una mujer de 60 años perdió su casa debido a una cláusula en su contrato que permitía a la compañía demandar inmediatamente el pago del monto completo del préstamo.
En las últimas semanas, una serie de foros en todo el país denunciaron las prácticas de la millonaria industria de los prestamistas.
El 20 de junio, el Departamento de Tesoro y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano emitieron un informe reclamando al Congreso que tome medidas severas contra las tácticas utilizadas por prestamistas para persuadir con préstamos de bajo costo, que refinancian luego a más altos intereses.
El pedido fue el resultado de las audiencias de un grupo de trabajo conjunto de ambos ministerios sobre prestamistas, que se realizaron en Atlanta, Los Angeles, Nueva York, Baltimore y Chicago.
Así mismo, el poderoso presidente del Consejo de la Reserva Federal, Alan Greenspan, reconoció las "abusivas prácticas de préstamos dirigidos a los sectores débiles de la población".
Grupos de activistas afirmaron que el gobierno no ha tomado las medidas necesarias a pesar de que existe un creciente interés sobre el tema. Muchos están desilusionados por el rápido acuerdo alcanzado por tres organismos federales en su litigio contra Delta.
El acuerdo, logrado el mismo día en que comenzó el litigio, el 30 de marzo, no contemplaba que Delta reconociera sus errores ni que compensara a sus víctimas.
Los prestamistas sostienen que no son abusivos y que el alto costo de sus intereses, que oscila entre 12 y 15 por ciento, es necesario para cubrir el riesgo de prestarle dinero a personas sin antecedentes en créditos.
Pero organizaciones comunitarias rechazaron este argumento. "Mientras los bancos o los prestamistas tengan permitido incrementar los intereses por encima de nueve por ciento, serán prestamistas rapaces", dijo el reverendo Raymond Blanchette, miembro del ACORN de Brooklyn.
Defensores de los consumidores señalaron además que los préstamos están cargados con comisiones ilegales, como las destinadas para los intermediarios, o bien cargas financieras prepagas.
Los acreedores entonces están meses y años pagando esas comisiones en lugar de utilizar los pagos mensuales para reducir el préstamo principal, afirman.
Los activistas también consideran una práctica abusiva e ilegal conceder préstamos sin considerar la capacidad de retribución de los prestatarios, y estimularlos a no pagar deudas previas antes de la refinanciación.
Denunciaron además las agresivas tácticas de publicidad de las compañías, particularmente dirigidas a personas de bajos ingresos y de las minorías.
En su testimonio ante la Comisión de Servicios Bancarios y Financieros de la Cámara de Representantes, el 24 de mayo, los activistas citaron una serie de estudios recientes para apoyar el argumento de que los prestamistas deliberadamente apuntan a las minorías así como a pobres y ancianos.
Entre ellos se encontraba uno elaborado en abril por el Departamento de Vivienda, según el cual los préstamos refinanciables prevalecen tres veces más en barrios de bajos ingresos que en los de ingresos altos, y cinco veces más en barrios de afro-estadounidenses que en barrios de blancos.
Además los préstamos eran dos veces más frecuentes en afro- estadounidenses propietarios de casas y de altos ingresos que en blancos en las mismas condiciones, de acuerdo con el estudio.
Investigaciones previas realizadas por el Instituto Woodstock en Chicago y por ACORN en 25 ciudades del país tuvieron similares resultados.
Para los que reclaman créditos justos, esto es una evidencia de que la industria funciona con "marca roja inversa", aludiendo a la práctica por la cual los bancos excluyen a las comunidades de bajos ingresos de la posibilidad de acceder a créditos, marcándolas con rojo en un mapa.
Los prestamistas abusivos bombardean a esas comunidades con ofrecimientos de préstamos exorbitantes, sabiendo que esas personas no podrán retribuirlos luego, afirman.
Agregan que cuando las deudas conducen a la bancarrota, son generalmente los mismos bancos que niegan créditos a estas comunidades los que están en la primera fila para sacar beneficio de la situación.
Ocho de los prestamistas más importantes de Estados Unidos son subsidiarios de grandes bancos, como el Bank of America, Citigroup, First Union y Wells Fargo.
El Wells Fargo, con sede en San Francisco, eliminó el martes alusiones raciales de su sitio en Internet, un día después de la presentación de una demanda federal por activistas arguyendo que las caracterizaciones violaban la Ley de Vivienda Justa.
El presidente y jefe ejecutivo de la Coalición de la Comunidad Nacional para la Reinversión, John Tylor, dijo el 24 de mayo ante la Comisión que el Consejo de la Reserva Federal tenía el poder para analizar los préstamos y que constituía un error no hacerlo.
El Consejo de la Reserva Federal es responsable de la supervisión y regulación de las instituciones bancarias, además de dirigir la política monetaria del país.
Otros organismos federales son también blanco de críticas.
"Me decepcionan los servicios que como contribuyentes obtenemos de los organimos reguladores", dijo Patricia Sturdevant, directora ejecutiva y consejera general de la Asociación Nacional de Defensores del Consumidor y miembro del grupo de trabajo de los departamentos del Tesoro y Vivienda que estudia el problema.
Sturdevant dijo que ambos departamentos deberían utilizar su autoridad en base a una ley federal contra la discriminación para perseguir a los prestamistas que conscientemente quebrantan la ley.
"Si el presidente de alguna compañía como la Corporación Delta se enfrentara a la posibilidad de ir a la cárcel como parte del costo de su negocio, eso acabaría definitivamente con el problema", afirmó. (FIN/IPS/tra-en/sw/da/rp/mlm/hd-if/00
