Los 15 países de la Unión Europea (UE), seis latinoamericanos, Estados Unidos, Japón y Canadá y organismos internacionales resolvieron crear un comité para apoyar la paz en Colombia y aportar mil millones de dólares para financiar proyectos de desarrollo en ese país.
La reunión, convocada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la activa participación de su presidente, Enrique Iglesias, para analizar el llamado Plan Colombia, generó el apoyo de los gobiernos, con algunas reservas, y críticas de organizaciones no gubernamentales colombianas e internacionales.
Las conversaciones giran en torno del Plan Colombia, y la principal discrepancia se manifiesta en determinar si en ese plan predominan la alternativa militar, de represión a la guerrilla, o un impulso serio al desarrollo económico y social.
El Plan, diseñado por el gobierno de Andrés Pastrana y que prevé una inversión de 7.000 millones de dólares, de los cuales 4.000 serán aportados por Colombia, recibió el compromiso de apoyo de Estados Unidos por 1.300 millones de dólares.
Las 65 organizaciones que se reunieron el miércoles en Madrid señalaron que 70 por ciento de ese apoyo estadounidense se destinará a incrementar la guerra.
Explicaron que la asistencia contempla un gasto de 705 millones de dólares para armar batallones antinarcóticos y helicópteros, 410 millones para control aéreo, marítimo y fluvial, y 205 para la policía nacional y fuerzas navales colombianas.
El canciller de Colombia, Guillermo Fernández, rechazó esa apreciación el viernes en rueda de prensa y señaló que la mayor parte del aporte de Estados Unidos que las organizaciones no gubernamentales entienden se destinará a incrementar la guerra lo será, en realidad, para combatir al narcotráfico.
Pero las diferencias no sólo se dan entre el gobierno colombiano y las organziaciones civiles.
Según pudo saber IPS de participantes en la reunión realizada en Madrid, mientras España, Gran Bretaña e Irlanda apoyan plenamente el Plan Colombia, Alemania, Francia y Holanda muestran reticencias, precisamente por la implicación militar estadounidense.
Al comenzar la reunión en la mañana del viernes, el canciller español, Joseph Piqué, informó que su país aportará 100 millones de dólares, en tanto que Iglesias anunció que el BID contribuirá con 300 millones.
Otros 100 millones los donará Japón, 200 adicionales Estados Unidos y el resto será proporcionado por otros países de la UE, en cantidades que serán determinadas más adelante.
El Comité de Seguimiento del Plan Colombia, que se acordó constituir, lo integrarán en principio Canadá, España, Gran Bretaña y Japón, y se podrán agregar otros países a medida que comprometan sus aportes.
El narcotráfico ocupó gran parte del tiempo de la reunión y, en especial, en las comparecencias públicas de los participantes.
Las organizaciones no gubernamentales, representadas en la reunión de los donantes, rechazan la eliminación de cultivos por fumigación, aplicación de hongos y otras medidas coercitivas, por entender que los campesinos que cultivan hojas de coca lo hacen por necesidad, para subsistir.
El ex canciller colombiano Augusto Ramírez Ocampo dijo a IPS, coincidiendo en gran medida con los grupos de la sociedad civil, que la política de sustitución de la coca por otros cultivos es ineficaz, como también lo es la fumigación.
En primer lugar, señaló, porque en las tierras donde se cultiva la coca no hay productos que puedan competir con ella en productividad. "De lo que se trata es de sustituir tierras, ofrecer a los campesinos otras en las que puedan cultivar productos que les resulten económicos", dijo.
En el Plan Colombia hay proyectos específicos en ese sentido, para cultivos de palma de aceite, cacao y reforestación, con el fin de ofrecer a los "raspachines" (cultivadores de coca) alternativas viables y concretas, agregó.
Iglesias, quien respalda las negociaciones de paz entre los grupos guerrilleros y el gobierno colombiano, sostuvo que "la solución de fondo va más allá que el cese del fuego y se centra en cuestiones económicas y sociales, con la justicia como punto central".
Los representantes de los gobiernos reunidos en Madrid, incluyo aquellos que muestran su oposición o reticencia al aspecto militar impuesto por Estados Unidos en el Plan Colombia, entienden que, en todo caso, es un tema que depende de las autoridades colombianas.
En cambio José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, organización de defensa de los derechos humanos radicada en Estados Unidos, se pronunció con claridad en contra de esa implicación militar.
Una cláusula incorporada a último momento en el Congreso de Estados Unidos en la ley que aprueba su aporte al Plan Colombia, establece que en cualquier momento, "por motivos de interés nacional (estadounidense)" Washington podrá suspender la aplicación de los condicionamientos sobre derechos humanos.
Eso significa que dejaría reducido el Plan Colombia "a un puro asunto de ayuda militar, transformando en letra muerta todo lo referente a los derechos humanos", explicó Vivanco.
Si así ocurriera, "habría una ayuda militar sin restricciones a Colombia, a pesar de que existen antecedentes sobre lazos de fuerzas de seguridad del Estado colombiano con los paramilitares de derecha, que son la principal fuente de violaciones masivas y graves a los derechos humanos". (FIN/IPS/td/ag/ip hd/00
