El gobierno de Argentina valoró la iniciativa militar de colaborar en la búsqueda de la verdad sobre los desaparecidos mediante un diálogo semejante al que se desarrolla en Chile, pero advirtió que se deben respetar los procesos ya abiertos por la justicia.
El ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, respondió el martes así a la propuesta del ejército a la Iglesia Católica para integrar una mesa de diálogo conformada por representantes de las Fuerzas Armadas y de organizaciones de derechos humanos, y con respaldo de la jrarquía eclesiástica.
El propósito sería alcanzar "la verdad completa" acerca de la represión ilegal de la dictadura (1976-1983), que dejó más de 10.000 desaparecidos.
La propuesta castrense, tomada de la experiencia surgida en Chile en agosto de 1999 para aclarar el destino de 1.200 secuestrados-desaparecidos durante el régimen de facto de Augusto Pinochet (1973-1990), no es apoyado por las organizaciones humanitarias ni por los representantes legales de los familiares de las víctimas.
La constitución de la mesa "depende de la voluntad de las partes", señaló el presidente Fernando de la Rúa. "En Chile está teniendo resultados", pero "entre nosotros no es fácil", agregó.
Los dirigentes humanitarios creen que esta propuesta pondrá fin a las citaciones que realiza la justicia para que los participantes en la represión aporten datos a la reconstrucción de la verdad de los hechos.
Los procesos iniciados llevaron a la detención de militares por falta de colaboración. Las leyes de amnistía impiden la condena de los responsables de los hechos investigados, pero la justicia está facultada a dictar la detención por tiempo indeterminado de quienes se niegan a declarar.
"Me parece positivo que (el Ejército) tenga espiritu de colaborar en la búsqueda de la verdad", dijo el ministro Gil Lavedra. "Pero habrá que discutir cuál es el mejor camino, si las citaciones compulsivas a declarar o algún otro. De todos modos, la vía judicial ya abierta hay que cumplirla plenamente", agregó.
La respuesta de Gil Lavedra es ambigua, porque por un lado reconoce la necesidad de mantener la vía judicial y por el otro sugiere escepticismo respecto de los resultados. Por eso no quiere descartar la posibilidad de instalar la mesa de diálogo, según señalaron fuentes del Ministerio de Justicia al diario Clarín.
El jefe del ejército, general Ricardo Brinzoni, lanzó su propuesta de abrir una mesa de diálogo con grupos de derechos humanos, abogados, funcionarios, jefes militares y miembros del clero, cuando comenzó la detención de quienes se niegan a colaborar en los llamados "juicios de la verdad".
Brinzoni envió varias veces a su secretario a visitar a los detenidos, en una señal de respaldo que fue rechazada por los dirigentes humanitarios.
Al igual que en Chile, los militares argentinos reclamarían garantías de que no habrá represalias. La información aguardada sobre la represión no consta en archivos, sino que depende exclusivamente del aporte testimonial de los represores y sobrevivientes.
El arzobispo católico de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, ya declaró la disposición de la Iglesia a apoyar iniciativas de diálogo que apunten a la llamda "reconciliación nacional". Bergoglio preconiza la reconstrucción de la "memoria completa" del período de la dictadura.
La idea es volver a los episodios históricos del surgimiento de la guerrilla izquierdista que fue, supuestamente, el motivo desencadenante de la represión y del golpe de Estado de 1976.
Los juicios celebrados a mediados de los años 80, que resultaron en la condena a reclusión perpetua de los miembros de las juntas militares, expusieron a la luz pública la gravedad de la represión practicada.
Los condenados salieron en libertad después de pasar seis años en la cárcel, indultados por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999). Pero desde hace dos años están siendo procesados por delitos por los que no habían sido juzgados, como la sustracción de menores.
Los militares que condujeron la represión están acusados de apropiarse de los hijos menores de desaparecidos, muchos de ellos nacidos en el cautiverio de sus padres. También se los acusa del cambio de la identidad y de la falsificación de los documentos de esos niños, por lo que tendrán que ir a un nuevo juicio oral.
Muchos de esos menores secuestrados viven con la identidad que les fraguaron los agentes de la dictadura, quizá adoptados por represores o por familias que desconocen su verdadero pasado, según cree la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que ya identificó a más de 50 de ellos.
La sugerencia de Brinzoni de tomar el modelo chileno para cerrar el capítulo sobre la represión tiene un amplio rechazo, no sólo por la enorme magnitud del caso de los desaparecidos, sino por que quienes la resisten sospechan que se trata de un intento de ponerle fin en el plano legal.
En Chile, la mesa de diálogo consiguió el reconocimiento de los militares de que hubo desapariciones y torturas cuando gobernaba Pinochet y los comprometió a colaborar para esclarecer los hechos.
Una ley promulgada en tiempo récord hace algo más de dos semanas garantiza en Chile el secreto de la identidad de quienes faciliten información. La norma contempla sanciones penales para quienes ignoren la obligación del secreto.
En Buenos Aires, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, consideró "inmundo y repudiable" el hecho de que Brinzoni formulara su propuesta para salvar a los suyos, como creen los activistas.
"Nos denigra", dijo Carlotto, quien pidió a De la Rúa que repudiara a Brinzoni por respaldar a los detenidos que no colaboran.
Carlotto se reunirá a fines de este mes con el presidente de Uruguay, Jorge Batlle, quien está interesado particularmente en conocer el paradero de cuatro menores uruguayos presuntamente secuestrados en Argentina durante la dictadura.
"Batlle tiene una actitud positiva", distinguió Carlotto. El presidente uruguayo logró a mediados de marzo, 15 días después de llegar al gobierno, localizar a la nieta del poeta argentino Juan Gelman, nacida en Montevideo cuando su madre se hallaba en cautiverio.
Gelman buscaba a su nieta desde que su hijo fue víctima de la represión en Argentina. En cuanto a la nuera del poeta, llevada clandestinamente por sus captores a Uruguay, que también estaba entonces bajo dictadura, fue supuestamente asesinada después de dar a luz.
En el caso de Chile, los abogados humanitarios mantienen el diálogo con las Fuerzas Armadas y el presidente Ricardo Lagos y el Congreso respaldaron la solución alcanzada por consenso.
No obstante, el acuerdo de la mesa de diálogo y la ley posterior fueron rechazados en Chile por la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, por organizaciones humanitarias y por sectores de izquierda extraparlamentaria. A juicio de esos grupos, se privilegia la búsqueda de la verdad a costa de la justicia.
En Argentina, la propuesta es rechazada por todas las organizaciones de derechos humanos. (FIN/IPS/mv/ff/hd/00)
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