La justicia de Argentina ubicó a unas 200 adolescentes que eran explotadas sexualmente en prostíbulos de la provincia de Buenos Aires, muchas de ellas paraguayas, sólo 10 días después de que se descubriera a 40 menores bolivianos en fábricas textiles.
Las menores fueron encontradas en allanamientos practicados el martes pasado por la madrugada en cuatro locales, donde la policía detuvo a seis adultos presuntamente involucrados en el negocio del tráfico y explotación de las mujeres, que habían sido traídas en camiones desde Paraguay.
Esta operación policial es una de las pocas que concluye con detenciones, pese a que se conoce desde hace mucho tiempo la existencia de redes de explotación sexual de menores en Argentina.
El éxito se debe a la investigación realizada por un equipo del Canal 13 de televisión, que logró filmar con una cámara oculta las actividades ilícitas.
Antes de emitir el informe, titulado "Esclavas", los responsables del programa "Telenoche Investiga" presentaron la denuncia ante la justicia y entregaron copia de los vídeos, en los que uno de los proxenetas se refiere con orgullo a su condición de pionero en traer menores desde Paraguay.
Un informe divulgado en mayo por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señala que en Argentina existe un sistema organizado de explotación sexual de menores.
El documento indica que esta actividad no puede ser desbaratada, entre otras razones, por la "ineficacia de las intervenciones policiales y de la justicia, sus limitaciones y complicidades".
Silvia Chejter, autora del trabajo para Unicef, sostiene que se trata de "una realidad negada, invisibilizada" por la sociedad, y puso el acento en que esta demanda sexual es exclusivamente masculina, entre los que se cuentan estudiantes, profesionales, legisladores jueces y ministros.
La investigación fue realizada en base a 326 entrevistas a personas involucradas, entre ellas 83 menores explotadas en distintas provincias del país, la mitad de ellas menores de 15 años.
Las menores comentan sobre sus "clientes" y refieren cómo, por ejemplo, para algunas de ellas un niño de 16 años es un "viejito".
Las tarifas de estos servicios dependen de la zona o la manera en la que se desarrolla la actividad.
Existen taxistas que trabajan por su cuenta directamente con turistas, además de discotecas y bares o a través de la publicación de avisos en los diarios.
Pero es detrás de los centros de dispersión nocturnos donde están las redes de explotadores que muchas veces cuentan con la complicidad de las autoridades para operar.
Chejter aseguró que la mayoría de estas niñas y adolescentes provienen de familias o son extranjeras indocumentadas.
Sin embargo, también hay menores de la clase media y altas con problemas de abandono familiar, maltratadas o pertenecientes a familias muy violentas, que también son vulnerables y quedan expuestas a entrar en este "negocio" de explotación.
El castigo judicial a los proxenetas es el que corresponde al delito de violación si la menor tiene menos de 13 años, de estupro si tiene hasta 15 y de abuso deshonesto si tiene entre 15 y 18 años, pero casi siempre la sanción recae más sobre la perversión (el consumo) que sobre el circuito de explotación (la oferta).
En los últimos hallazgos de explotación tanto comercial como sexual, el denominador común es la procedencia extranjera de los menores, que llegan desde países limítrofes atraídos por la fortaleza de la moneda argentina respecto de la de sus países de origen.
Muchos de los menores llegan al país engañados tras la promesa de trabajo en casa de familia o en un taller, y otros, en especial niñas y adolescentes, son "canjeados" por una suma de dinero para su familia que va de los 150 a los 300 dólares, según la investigación realizada para la televisión.
Los menores bolivianos descubiertos en fábricas textiles clandestinas a fines de junio trabajaban hasta 19 horas por día. permanecían encerrados, eran golpeados, insultados, escupidos, mal alimentados y dormían amontonados en los fondos de los talleres de propiedad de emigrantes también de Bolivia.
La justicia investiga la posible existencia de una red dedicada a traficar menores trabajadores desde Bolivia, ya que aún no pudo determinar la forma en que estos menores indocumentados pasaron los controles migratorios.
Los niños llegaron al país en avión, con la promesa de percibir 200 dólares mensuales, pero una vez aquí se les exigía primero "devolver la inversión" de traslado y otros gastos con trabajo.
Así, algunos de ellos pasaron un año y medio sin recibir un solo dólar y, en cambio, incrementando la deuda por "multas" que se les imponían por no cuidar la limpieza o hacer mal su trabajo. La denuncia se realizó una vez que tres menores lograron escapar y pidieron ayuda a un vecino.
En el caso de las niñas explotadas, también se trata de un delito que se comete con la aparente anuencia de la policía.
La actual titular del Consejo del Menor de la provincia de Buenos Aires, la ex jueza de menores Irma Lima, confesó que nunca avisaba a la policía antes de hacer un allanamiento de este tipo.
"La justicia no persigue a los proxenetas, que son los consumidores que explotan sexualmente a los menores, y existe complicidad de sectores de la policía", que los alerta cuando se va a hacer un procedimiento judicial, explicó Lima. (FIN/IPS/mv/dm/hd ip/00
