El no gubernamental Tribunal Centroamericano del Agua celebrará en agosto "juicios morales" contra 12 empresas acusadas de cometer "ecocidio" en la región.
Entre el 28 de agosto y el 2 de setiembre, el Auditorio Nacional de Costa Rica será la sede de estos juicios públicos, en que las empresas acusadas tendrán la oportunidad de defenderse ante un jurado internacional.
Se trata de un esfuerzo de la sociedad civil con la finalidad de llamar la atención a las empresas privadas de América Central para que respeten a la naturaleza.
"Los fallos no serán de acatamiento obligatorio pues no son juicios con sanciones jurídicas, sino más bien procesos morales", explicó a IPS el filósofo Javier Bogantes, coordinador de este tribunal.
El Tribunal Centroamericano del Agua comenzó a funcionar en 1998. Su objetivo es alertar sobre la "crisis del agua" que ocurrirá dentro de 20 años si las comunidades y las empresas de la región continúan dañando los mantos acuíferos.
Según Bogantes, América Central vivirá una dramática escasez de agua si los ríos de la región siguen siendo contaminados con las aguas negras de las ciudades.
"Uno de los grandes problemas de esta región es que las cuencas de los ríos se están dañando rápidamente y los gobiernos no tienen una estrategia conjunta para evitarlo", explicó a IPS Carlos Granados, geógrafo de la Universidad de Costa Rica.
Los juicios procesarán a 12 empresas cuyos nombres se darán a conocer a fines de julio, luego de que las compañías hayan sido notificadas y se cumpla así con el debido proceso.
El Tribunal Centroamericano del Agua, cuya sede central está en San José, funciona en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En estas primeras sesiones internacionales, cada país presentará dos casos.
Esta corte organizó meses atrás reuniones y talleres en cada uno de los países miembros, los cuales dieron origen a comisiones nacionales para la defensa del agua y a la Declaración Centroamericana del Agua.
Los integrantes del tribunal ya han elegido a un jurado por cada uno de los países miembros y a tres invitados europeos, cuyos nombres se mantienen por el momento en secreto para evitar presiones de las empresas que serán juzgadas.
Los jurados se arriesgan a sufrir represalias violentas. En Guatemala ya fueron asesinadas tres personas involucradas en las acusaciones o en el seguimiento de casos presentados.
Los 12 casos que se llevarán a juicio se escogieron entre 72 denuncias presentadas. Su elección se debe a que afectan a grandes poblaciones, implican supuesta corrupción política o representan un peligro para el patrimonio ambiental de las futuras generaciones.
Expertos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) alertaron sobre la necesidad de que la sociedad civil se organice y promueva actividades que frenen la degradación del agua.
El "Informe del Estado de la Región", elaborado por el PNUD, menciona entre los factores que dañan los recursos hídricos en América Central la sobreexplotación, la contaminación y la degradación de la tierra.
Es muy probable que por Guatemala se enjuicie a las empresas petroleras Basic y Andarko, acusadas de daños al Parque Nacional Laguna del Tigre, que integra la Reserva de la Biosfera Maya y es un humedal protegido por el convenio internacional Ramsar.
También se considera posible que por El Salvador se juzgue el deterioro de un manto acuífero de una finca llamada El Espino, de gran importancia para los habitantes de San Salvador.
En Nicaragua se podrían atender las denuncias de contaminación en el fronterizo río San Juan y en Costa Rica se juzgarían a empresas productoras de helechos que vierten sustancias químicas en los ríos.
Olga Bianchi, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de Costa Rica, sostuvo que este tipo de violaciones al ambiente "son más graves de lo que se cree", y destacó que muchas de ellas se deben a que las empresas ponen por delante de todo sus intereses económicos. (FIN/IPS/nms/mj/en/00
