El sector forestal de Indonesia precisa una reforma radical para detener los incendios que azotan a todo el sudeste asiático, sugiere un nuevo informe publicado hoy por organizaciones ambientalistas.
"Juicio del fuego: Los incendios de bosques y la política forestal de Indonesia en época de crisis y reforma", un estudio de 75 páginas, critica duramente al Nuevo Orden del depuesto presidente Alí Suharto y reclama reformas profundas para prevenir una mayor destrucción.
El informe fue publicado este miércoles por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), de Washington, la filial indonesia del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la fundación indonesia Telepak.
El humo de una larga serie de incendios forestales oscureció el cielo de gran parte del sudeste de Asia en 1997 y 1998, y este año se reportaron desastres similares, aunque no tan graves, en la región.
Reformas "graduales y tecnocráticas" del tipo que exhortaba la comunidad internacional durante la dictadura del general Suharto ya no son suficientes, advierte el informe, y señala que la renuncia forzada de Suharto en mayo de 1998 ofrece "una oportunidad sin precedentes" para una reforma radical.
"La solución no consiste tanto en el aumento de la capacidad técnica de predicción, prevención y extinción de incendios, sino en la reestructuración de las relaciones entre el Estado, el sector privado, y los millones de personas que viven en o cerca de los bosques y dependen de sus recursos", afirma el estudio.
Entre otras medidas, el informe reclama una moratoria de nuevas concesiones de tierra para la plantación de palmeras oleaginosas y otros árboles hasta que se complete un inventario nacional de los bosques públicos, y una suspensión de los programas de reasentamiento por cinco años.
También solicita penas más duras para la quema de bosques y protección legal para las áreas forestadas que restan en Indonesia.
Los grupos ecologistas destacaron el "desastre ecológico y humano sin precedentes" de los incendios de 1997-98, que lanzaron humo sobre decenas de miles de kilómetros cuadrados y expusieron a 20 millones de personas a peligrosos gases tóxicos.
Unos 10 millones de hectáreas de bosques resultaron quemadas, incluso partes de 17 áreas "protegidas", en lo que el estudio llama "solo el último síntoma del sistema destructivo de administración forestal" de Suharto.
Las sequías causadas por el fenómeno climático de El Niño facilitaron la propagación de los incendios, pero éstos fueron creados por compañías agrícolas -en muchos casos propiedades de amigos de Suharto- "ansiosas de despejar bosques en la forma más rápida y barata posible", sostiene el informe.
Agrega que esos intereses privados gozaron de total libertad durante los 32 años de gobierno de Suharto, durante los cuales Indonesia perdió al menos 40 millones de hectáreas de bosques, equivalentes a la superficie de Alemania y Holanda juntas.
"Las políticas forestales de Indonesia otorgaron poderosos incentivos legales para la extracción de recursos del tipo 'corta y vete' y no crearon mecanismos eficaces para la aplicación de normas mínimas de control de los recursos forestales", dice el documento.
Además de las concesiones forestales, grandes proyectos públicos como el fallido intento de convertir un millón de hectáreas de bosques pantanosos en plantaciones de arroz, tuvieron efectos catastróficos.
Efectos similares produjeron la sustitución de bosques por plantaciones de palmeras oleaginosas y la explotación ilegal, en gran parte por las mismas empresas que recibían concesiones del gobierno.
Las mismas políticas que permitieron a una pequeña elite saquear los bosques negaron el acceso de las comunidades locales e indígenas a esos recursos, para no hablar de su derecho a opinar sobre su administración o explotación, señala el informe.
Como resultado, se produjeron constantes violaciones a los derechos humanos por las fuerzas de seguridad del gobierno, que se transformaron de hecho en un "ejército privado" de las compañías forestales para reprimir cualquier resistencia popular.
Las comunidades locales e indígenas deben tener una mayor participación en la administración forestal, exhortaron las organizaciones ambientalistas.
Así mismo, advirtieron que las empresas y los intereses que destruyeron bosques bajo el régimen de Suharto -y continúan haciéndolo, a juzgar por los incendios registrados desde la última primavera boreal- siguen siendo poderosos obstáculos para cualquier reforma significativa.
La resistencia de esos intereses exige una acción concertada de organismos internacionales, donantes bilaterales, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y comunidades, además del nuevo gobierno indonesio, en favor de la reforma del actual sistema, exhorta el informe. (FIN/IPS/tra-en/jl/js/mlm/en/00
