La misión que la Organización de Estados Americanos (OEA) enviará a Perú podría ser la última esperanza para restaurar la democracia peruana, según organizaciones de derechos humanos en ese país.
La misión, integrada por el secretario general de la OEA, César Gaviria, y el canciller de Canadá, Lloyd Axworthy, intentará persuadir al presidente peruano Alberto Fujimori de adoptar reformas electorales y respetar los derechos humanos.
Se espera que ambos lleguen a Perú antes del 28 de julio, cuando Fujimori asumirá la presidencia por tercera vez consecutiva.
Las organizaciones de derechos humanos subrayaron la importancia de que la misión se realice en las próximas dos o tres semanas y que no se espere hasta que Fujimori haya asumido nuevamente.
La misión se decidió tras dos días de intensas negociaciones por parte de los 34 cancilleres de la Asamblea General de la OEA, celebrada en la ciudad canadiense de Windsor, entre los días 4 y 6.
La propia misión que la OEA envió a Perú para observar las elecciones en ese país se retiró antes de la celebración el 28 de mayo de la segunda vuelta electoral entre Fujimori y su principal rival, Alejandro Toledo, por haber verificado irregularidades y falta de garantías en el proceso.
Axworthy tiene la autoridad para explorar "las opciones y recomendaciones dirigidas a fortalecer la democracia' peruana, entre ellas medidas para reformar el proceso electoral, las cortes judiciales y constitucionales y eliminar los obstáculos a la libertad de prensa.
Durante la discusión de la OEA en Windsor, representantes de México y Venezuela expresaron su inquietud sobre la posible intromisión en la soberanía nacional de un estado miembro.
El canciller peruano Fernando de Trazegnies también cuestionó si la OEA tenía el derecho de interferir en los asuntos internos de su país.
Canadá tuvo un papel activo en la redacción de la resolución de la OEA, junto con Estados Unidos, que había solicitado medidas más fuertes contra Fujimori y Perú.
Parte del precio que se pagó para que Fujimori aprobara el ingreso de la misión fue que se acepte el controvertido resultado electoral del 28 de mayo.
El opositor Toledo se retiró de las elecciones, denunciando que el gobierno había preparado un fraude y que los medios de comunicación, influidos por Fujimori, se negaron a cubrir su campaña electoral.
Tiempo antes, Fujimori había sustituido a tres jueces, previamente designados por él, que declararon inconstitucional su candidatura para un tercer período de gobierno.
"Nuestras esperanzas para reinstaurar la democracia y poner fin a la enorme crisis que experimentamos en Perú como resultado de las elecciones fraudulentas descansan en los hombros" de Axworthy, aseguró Sofía Macher, directora de la Coordinadora Peruana de Organizaciones de Derechos Humanos.
Según Macher, 80 por ciento de los peruanos creen que las últimas elecciones fueron fraudulentas.
"Necesitamos un nuevo sistema electoral que asegure elecciones libres y transparentes, junto con la libertad de prensa y las instituciones democráticas que fueron minadas sistemáticamente por el presidente Fujimori", declaró.
Macher agregó que decenas de miles de personas siguen protestando en las calles, adhiriéndose a huelgas parciales y generales, pero que la única respuesta del gobierno fue la "brutalidad policíaca y la represión".
El propósito de la misión de Axworthy es "débil", dijo a IPS Bill Fairbairn, coordinador del Comité Eclesiástico de Derechos Humanos en América Latina, con sede en Canadá, luego de la reunión en Windsor de la OEA.
Fairbairn recordó la misión que la OEA envió a Perú en 1992, luego de que Fujimori disolviera el Parlamento y asumiera poderes dictatoriales mediante un golpe de Estado. La misión terminó siendo ignorada por el presidente, agregó.
Es una lástima que países como Argentina y Chile, que padecieron dictaduras militares, no hayan apoyado medidas enérgicas contra el fraude electoral y la represión en Perú, comentó Fairbairn. (FIN/IPS/tra-en/pw/da/aq/ip/00
