El proceso de paz en Colombia ingresó hoy en una etapa crítica debido a amenazas de los paramilitares de derecha, que convirtieron en "objetivo militar" a un representante del gobierno en las negociaciones con las izquierdistas FARC.
El jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, pidió este miércoles a los delegados gubernamentales actuar "seriamente y comprometidos con la defensa y la preservación de los legítimos derechos" de los colombianos.
Castaño reivindicó el secuestro del diputado Guillermo Valencia, hermano del senador Fabio Valencia, representante del gobierno en la mesa de diálogo de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), a quien señalan de apoyar a esa guerrilla.
Los paramilitares pusieron como condición para liberar al diputado Valencia que su hermano, senador del gobernante Partido Conservador, "haga un informe público respecto de los logros obtenidos para la paz de los colombianos durante más de 20 meses de negociaciones con la guerrilla".
El jefe paramilitar también condenó las declaraciones de Fabio Valencia, en las que a su entender "respaldó abiertamente las falsas y tendenciosas declaraciones de Raúl Reyes (uno de los jefes de las FARC) en detrimento de los intereses de la nación y de los colombianos honestos que somos la gran mayoría".
Reyes y los negociadores del gobierno, Valencia entre ellos, afirmaron que tienen como objetivo negociar la paz para Colombia "sin injerencia extranjera y con justicia social", en una conferencia realizada en Alcalá de Henares, España.
Ese foro fue realizado por la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, Africa y América Latina.
Según Castaño, Valencia apoyó al portavoz del grupo guerrillero, quien afirmó allí que "las FARC no son narcotraficantes" y que "los enemigos de la paz sí lo son", con las que habría hecho alusión directa a las AUC.
El comunicado de las AUC, difundido por Castaño a través de la emisora Radionet, fue condenado por el Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia, Camilo Gómez, quien afirmó que "la política de paz, que es de Estado, nunca se subordinará a lo que pretenden imponer organizaciones armadas al margen de la ley.
Gómez pidió la liberación inmediata del diputado Guillermo Valencia, cuyo secuestro consideró que es "un ataque frontal contra el Estado y sus instituciones" por parte de las AUC, a las que acusó de haber violado "todas las normas del derecho humanitario" .
También hicieron lo propio los otros dos representantes del gobierno en la mesa de negociaciones con las FARC, Luis Giraldo y Alfonso López, quienes condenaron el secuestro de Valencia por entender que es un ataque directo al proceso de paz.
Giraldo dijo a IPS que los negociadores del gobierno "no aceptarán ese tipo de presiones" de las AUC, pues de hacerlo se estarían convirtiendo también en rehenes de esas organizaciones.
En tanto, para López, el pronunciamiento de las AUC "es un duro golpe para el proceso de paz en momentos en que todos los colombianos lo que estamos esperando es la reconciliación nacional".
El comunicado de las AUC y las presiones que ejercen sobre campesinos del nordeste del país para que se opongan a la desmilitarización de tres municipios, con el fin de instalar el diálogo del gobierno con el rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue interpretado por otros analistas como un paso más en busca de su reconocimiento político.
Las AUC, que según Castaño tienen cerca de 11.000 combatientes, fueron creadas por hacendados y comerciantes a mediados de la década de los 80, con apoyo del Ejército, para combatir a la guerrilla.
El grupo fue declarado ilegal en 1989 por sus nexos con organizaciones de narcotraficantes.
Castaño admitió, en un reportaje que transmitió el canal privado de televisión Caracol, que la fuerza que dirige se financia con actividades de tráfico de drogas, y pidió amnistía para su gente en caso de que se avance en las negociaciones de paz con la guerrilla.
Tras el inicio del proceso de paz con las FARC, los paramilitares comenzaron una escalada de ataques que no sólo ha afectado a la guerrilla sino a la población civil.
Eso ha llevado a que las organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales se opongan férreamente a que se les otorgue un tratamiento político. (FIN/IPS/yf/dm/hd ip/00
