El gobierno de Brasil anunció hoy el nuevo Programa Nacional de Seguridad Pública, que contempla la prohibición del comercio de armas y la dedicación total del Ministerio de Justicia al combate contra la violencia con un presupuesto especial, entre otras medidas.
"Las estadísticas son alarmantes" y se suman las "tragedias personales" para justificar la prioridad que asumió el tema, dijo el presidente Fernando Henrique Cardoso, al divulgar un plan que enfrentó intensas discusiones entre varios organismos en los últimos cuatro meses.
El impulso final a la conclusión del plan fue la conmoción nacional provocada por la muerte el 12 de junio de una joven maestra en Río de Janeiro, luego de que fuera tomada de rehén en un asalto a un autobús.
Un policía intentó matar el asaltante, con disparos de una metralleta a corta distancia, pero falló la puntería y provocó la muerte de la mujer.
El asaltante, apresado sin ser heridos por los disparos, fue estrangulado por el grupo de policías militares que lo debían conducir a un hospital.
La cantidad de errores cometidos en esa operación policial generó un escándalo en la opinión pública, lo cual agravó la falta de confianza en las instituciones de seguridad.
La lucha efectiva contra la violencia exige "acciones continuadas, duras, con apoyo de la sociedad", sostuvo el presidente Cardoso, descartando "decisiones aisladas y medidas de impacto efímero".
El gobierno central destinará 3.000 millones de reales (1.660 millones de dólares) hasta el 2002 para financiar al conjunto de 124 acciones, definidas como necesarias para reducir la violencia en el país.
En Brasil, la seguridad pública es responsabilidad de los gobiernos estaduales, que para eso cuentan con dos instituciones policiales, una militar y otra civil.
Las autoridades nacionales "complementarán esas acciones propias de los estados" y las reforzará con aporte de recursos y capacitación, entre otras medidas, explicó Cardoso.
Para eso se crea el Fondo Nacional de Seguridad Pública que, según el ministro de Justicia, José Gregori, dispondrá de 330 millones de reales (183 millones de dólares) para solventar la capacitación, equipos, sistemas de información y otras actividades policiales de estados que cumplan algunas metas.
Para tener acceso al Fondo, los gobiernos estaduales deberán reducir el índice de criminalidad local, aumentar la cantidad de detenciones, elaborar sus propios planes de seguridad y entrenar mejor a sus policías, aclaró Gregori.
Como medida de repercusión inmediata, el gobierno anunció una Medida Provisional (decreto-ley presidencial válido por 30 días), que se renovará hasta el 31 de diciembre. En ese lapso se espera que el Congreso apruebe una ley permanente sobre el asunto, cuyo proyecto ya está en tármite.
La prohibición de vender armas atiende el reclamo de un amplio movimiento, que ganó fuerza el año pasado tras una serie de tiroteos en escuelas y asesinatos por motivos fútiles.
Sin embargo, la medida enfrenta resistencias de la industria y comerciantes interesados en mantener el negocio, además de políticos convencidos de su inutilidad.
Otras medidas detalladas por Gregori son el incremento de las inversiones en la construcción de nuevos cárceles, aumento de los efectivos de la policía federal, subordinada al Ministerio de Justicia y dedicada a reprimir el narcotráfico y controlar las fronteras, mayor iluminación callejera y la expansión del sistema de protección a testigos.
Entre las 124 iniciativas del programa se incluyen también varios proyectos a ser enviados al Congreso, que prevén una reforma del Código Penal, reorganización de policías estaduales e innovaciones en el combate contra el crímen organizado, que permite la infiltración de policías en las mafias.
También establece que las fuerzas armadas brinden su aporte, intensificando su presencia en las fronteras, para evitar el tráfico de armas y de drogas, anunció el general Alberto Cardoso, jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, organismo que depende de la Presidencia.
Habrá también una reestructura del gobierno, para mejorar las condiciones de cumplimiento del programa, agregó el jefe de la Casa Civil de la Presidencia, ministro Pedro Parente.
El Ministerio de Justicia, encargado de conducir el Programa, perderá algunos organismos para concentrarse en la lucha contra la violencia.
Hasta ahora forman parte de su estructura desde la Fundación Nacional del Indígena, que presta asistencia a la población autóctona, como organismos de defensa de la competencia económica, de derechos humanos y femeninos.
Las numerosas medidas anunciadas buscan tranquilizar a una población, que considera como uno de los principales problemas la inseguridad que domina las grandes ciudades.
En Sao Paulo, la mayor ciudad del país, con 10 millones de personas, los homicidios aumentaron entre 1975 y 1999 de 8,3 a 66,9 por cada 100.000 habitantes. El crecimiento fue similar en varias regiones metropolitanas de Brasil.
Por otra parte, las arbitrariedades y asesinatos cometidos por las policías estaduales y nacionales están permanentemente en los informes de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La casi totalidad de los crímenes cometidos por delincuentes, ciudadanos sin antecedentes judiciales y la policía, quedan impunes.
En tal situación, el programa trata además de recuperar alguna credibilidad para el gobierno, que afronta desde fines de 1998 uno de los más bajos índices de popularidad de los últimos 20 años. (FIN/IPS/mo/dm/ip/00
