Las tres principales centrales sindicales de Argentina, la Iglesia Católica y políticos oficialistas y opositores participaron hoy en una multitudinaria protesta contra el ajuste fiscal y el FMI, como preámbulo de una huelga general convocada para el 9 de junio.
La protesta colmó la Plaza de Mayo, el paseo público situado frente a la sede del gobierno nacional, mientras la repudiada delegación del FMI (Fondo Monetario Internacional) demoraba dos días su llegada al país y el presidente Fernando de la Rúa —que gobierna hace seis meses— se trasladaba a Alemania.
Antes de viajar a Berlín para participar de una reunión de presidentes socialdemócratas, De la Rúa justificó el ajuste de salarios estatales anunciado el lunes, y dijo que las protestas deberían dirigirse contra su predecesor, Carlos Menem, que contrajo una enorme deuda.
El líder de la protesta fue el camionero Hugo Moyano, quien en su discurso convocó a la huelga y anunció una serie de medidas como apagones, golpes de cacerolas y "desobediencia fiscal" en apoyo de pequeños empresarios, comerciantes y agricultores.
"No vamos a permitir que el esfuerzo de los argentinos se lo lleven para pagar la deuda externa y no la interna", dijo Moyano en uno de los tramos más aclamados de su discurso, ante un auditorio que incluyó a 14 diputados de la Alianza oficialista, disconformes con el ajuste dispuesto por el gobierno.
El sindicalista concentró sus críticas contra los organismos financieros multilaterales, a los que responsabilizó por los ajustes de los últimos gobiernos, que, sin embargo, actuaron como "cómplices".
Moyano comparó a la "dictadura financiera" de esos organismos con la dictadura militar (1976-1983).
"La dictadura militar torturaba, hacía desaparecer gente y mataba, y la dictadura financiera también mata a 55 niños por día en Argentina, tortura a jubilados y hace desaparecer a hombres y mujeres sin trabajo", clamó.
El gobierno de De la Rúa asumió en diciembre con la promesa de redistribuir la riqueza, generar empleo y devolver al país condiciones de crecimiento tras un año de recesión, pero debido al fuerte déficit fiscal debió lanzar un aumento de impuestos y ahora un ajuste en la administración pública.
El alza de impuestos fracasó debido a la ineficacia en la recaudación y al escaso nivel de actividad económica, según coincidieron economistas de los más diversos sectores. Así, la recaudación de abril apenas subió dos por ciento respecto de marzo, y en mayo se prevé una caída de la recaudación.
Ahora, los empleados públicos nacionales están indignados contra el recorte de 12 por ciento a los salarios superiores a 1.000 dólares, el cierre de organismos públicos y los despidos para achicar los gastos. Consideran que para obtener recursos el gobierno debió cobrar deudas de grandes empresarios.
El propio Ministerio de Economía reconoce que hay tres grandes empresas que deben al Estado alrededor de 200 millones de dólares — un tercio de lo que se recaudará con el último ajuste— en concepto de concesiones de servicios públicos por los que se comprometieron a pagar un canon anual.
En el medio de la reforma impositiva y el último ajuste, el gobierno también llevó adelante una reforma laboral muy controvertida que tuvo el rechazo del sindicalismo, de la oposición y hasta de un sector del oficialismo que es el mismo que ahora se sumó a esta protesta.
Los dirigentes de la Alianza que asistieron a la marcha consideraron que la reforma laboral apunta a bajar salarios en el sector privado y el nuevo ajuste los bajó en el sector público, pero no obstante ninguno acepta abandonar el bloque de legisladores del oficialismo.
"Queremos insistir en que el gobierno aplique el programa de medidas por el que fue votado y no esta serie de ajustes que lo único que logran es achicar el mercado interno y generar recesión", advirtieron a coro los diputados rebeldes.
La marcha de este miércoles fue una iniciativa del grupo de dirigentes sindicales que se escindió de la Confederación General del Trabajo (CGT) cuando se aprobó la reforma laboral. Pero después del ajuste anunciado el lunes, la cúpula de la CGT se plegó a la medida.
Lo mismo hizo el Congreso de Trabajdores Argentinos, otra central sindical que aglutina básicamente a empleados estatales. Esta agrupación realizará el 14 de junio una protesta y ya lanzó una campaña de recolección de firmas para lograr que se subsidie a los jefes de familia sin empleo.
La desocupación en Argentina ronda 14 por ciento, la subocupación es apenas inferior a esa cifra y se estima que miles de trabajadores desalentados ya no buscan empleo y, por lo tanto, quedan fuera de las estadísticas.
La Iglesia Católica, a través de algunos obispos, respaldó la marcha para advertir a los organismos financieros internacionales sobre la necesidad de cambiar sus recetas de ajuste, tal como lo recomienda también el papa Juan Pablo II para los países más pobres.
La marcha contó con el apoyo de los partidos de izquierda y del principal partido de oposición, el Justicialismo, que hasta hace seis meses era gobierno. (FIN/IPS/mv/mj/ip lb if/00
