El auge inmobiliario de la zona norte de la periferia de la capital argentina tiene en estos días una contracara de horror: bolivianos pobres radicados en el área son perseguidos, asaltados y torturados por una banda que intentaría ahuyentarlos de tierras cada vez mejor cotizadas.
Una de las víctimas está internada desde hace una semana y teme volver a su casa. A Fidencio Choque lo atacaron por la noche en la precaria vivienda que construyó en su parcela. Desconocidos encapuchadis irrumpieron al grito de "policía", ataron a los hijos menores de Choque y le robaron 3.000 dólares, pero no conformes con eso lo torturaron.
Durante tres horas, mientras amenazaban una y otra vez con violar a su hija de 14 años, los asaltantes aplicaron puntapiés a Choque, que presenta lesiones en un pulmón y en el hígado. Lo golpearon con cadenas en la espalda y le quemaron el tórax con una plancha. También le ataron los genitales con alambre y le dieron corriente eléctrica.
La banda de delincuentes estaría integrada por agentes de las fuerzas de seguridad, según cree el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), que se ofreció a patrocinar a unas 80 familias bolivianas atacadas en los tres últimos meses.
Mientras, la justicia maneja la hipótesis de que la organización intentaría aterrorizar a los inmigrantes para que abandonen la zona.
"Me inclino a pensar que en estos ataques hay implicado personal que está en las fuerzas de seguridad", declaró este miércoles el director del INADI, Raúl Zaffaroni.
Esa suposición fue avalada por uno de los investigadores judiciales, que comentó además a IPS que detrás de esta aparente ola de xenofobia podría haber fuertes intereses inmobiliarios.
Cuuando se conocieron las primeras denuncias de asaltos y agresiones, la justicia, la policía y las organizaciones humanitarias coincidieron en que tenían como característica común sentimientos de xenofobia contra los inmigrantes bolivianos.
El fiscal Juan José Maraggi -uno de los investigadores- comentó entonces que las torturas se debían a la resistencia de las víctimas a revelar en qué lugar de la casa guardaban su dinero.
Pero representantes de la embajada de Bolivia que intervinieron en el asunto y el director del INADI descartaron de plano que el robo fuera la única causa de las agresiones.
Se calcula que ha habido 50 episodios, aunque las denuncias fueron sólo 20, ya que muchos bolivianos agredidos se abstuvieron de acudir a la policía, por temor a represalias de los atacantes.
Pero este miércoles, en una asamblea en la localidad de Escobar – una de las más atacadas- fueron numerosas las familias que aseguraron que, con el patrocinio del INADI, se atreverán a presentar la denuncia.
Los testimonios se sucedieron entre los asistentes. Tras un primer momento de silencio, fueron muchos los que protestaron por la falta de seguridad y por la escasa atención de la policía a sus denuncias. También destacarob la violencia de los agresores, que sistemáticamente comienzan atando a los menores.
Decenas de familias inmigrantes han regreso a Bolivia por temor a nuevos ataques, de acuerdo con los pobladores de la zona. Los asaltantes no sólo se llevan los ahorros, que los bolivianos acostumbran guardar en su propia casa, sino que torturan a sus víctimas y sólo se retiran del lugar después de pasar varias horas de golpes, insultos y amenazas.
Los dirigentes de la colectividad boliviana comentaron a IPS que una ola de racismo coincidió con la aparición en abril de un nuevo semanario de actualidad que eligió para su portada un artículo titulado "La invasión silenciosa", en alusión a los inmigrantes llegados de países limítrofes.
La supuesta investigación del semanario manipulaba estadísticas, falseaba datos y pretendía abultar la cantidad de inmigrantes, que en su opinión quitan trabajo a los argentinos, afectados por un alto desempleo. También dijo que se sirven de los servicios públicos de salud y educación sin pagar impuestos y los descalificó por "sucios" o porque "huelen mal".
La persistencia de los asaltos, que parecen perpetrarse en total impunidad, determinó a los investigadores a cambiar su hipótesis de robo con características xenófobas y presumir que se trata de una estrategia terrorista preconcebida para "limpiar" esos terrenos.
En Argentina, de 35 millones de habitantes, viven alrededor de un millón y medio de bolivianos, la mayoría en las provincias del noroeste, que ocupan la zona lindante con Bolivia. Pero en la última década, unas 150.000 familias de agricultores se instalaron en el norte de la periferia de Buenos Aires, en las localidades de Pilar y Escobar.
Allí, alojados en viviendas precarias, cultivan frutas y verduras que venden en el mercado de Escobar, un mercado prácticamente boliviano, que surgió para el comercio de las mercadería y artesanías de la colectividad. El dinero obtenido lo ahorran, pero prefieren no colocarlo en bancos, lo que los hace blancos del robo.
En contraposición a este fenómeno de radicación extranjera, los nombres de Pilar y Escobar son hoy sinónimo de barrios privados de familias jóvenes de clase media, media alta y alta que, procedentes de la populosa capital, se instalan en esa zona en busca de terrenos amplios y seguros.
En la última década se triplicó la cantidad de barrios cerrados en los alrededores de Buenos Aires. En la zona norte están los más cotizados. El negocio inmobiliario consiste en adquirir una gran extensión a precio bajo, fraccionarla, abrir calles y servicios y vender los terrenos a los nuevos clientes que se van de Buenos Aires en busca de una vida más tranquila.
Las nuevas urbanizaciones, muchas veces linderas con asentamientos muy pobres, son cercadas con alambrado o con muros de ladrillo y se les coloca una barrera en el ingreso con una casilla de seguridad. Las más grandes están rodeadas permanentemente por personal de guardia.
En Escobar y Pilar, los huertos de las familias bolivianas quedaron entre nuevas urbanizaciones y, de acuerdo con las pesquisas, desde hace tiempo hay presión de distinto grado para que los inmigrantes abandonen sus tierras, que adquieren cada vez mayor valor.
Las autoridades de los dos municipios exigieron a los inmigrantes que cercaran sus huertos con el alambre más costoso y que pagaran una red de alumbrado público, bajo la amenaza de aplicarles multas de incluso 10.000 dólares en caso de incumplimiento.
Fue así que 50 familias abandonaron el lugar y volvieron a su país, tras vender sus parcelas por debajo del precio de mercado. Pero decenas de miles de bolivianos aún permanecen allí.
"En los últimos tiempos, esta zona de pobló de barrios cerrados y el área no se puede expandir más" debido a la presencia de las parcelas de los bolivianos, comentó el legislador comunal oficialista Jorge Derra, de Escobar.
"El negocio incluye también la instalación de hipermercados y grandes centros de consumo en los alrededores, por eso no deja de tener lógica la hipótesis de la investigación", añadió el edil, convencido de que los ataques responden a la intención de expulsar a los inmigrantes. (FIN/IPS/mv/ff/pr/00
