Los medios políticos y judiciales de Venezuela quedaron sometidos desde hoy a las repercusiones de una bomba lanzada por la fiscalía general que, en plena temporada electoral, puso en manos de los tribunales denuncias sobre irregularidades graves.
El fiscal Javier Elechiguerra, quien comanda el Poder Moral creado por la Constitución vigente desde el 30 de diciembre, fue descalificado por los denunciados, entre quienes se encuentra Luis Miquilena, la principal figura del oficialismo después del presidente Hugo Chávez.
Miquilena, presidente de la asamblea legislativa de transición, acusó este miércoles al fiscal de haberse precipitado y le atribuyó intenciones políticas.
Elechiguerra había solicitado la investigación preliminar de denuncias contra Miquilena.
El fiscal también quedó bajo el fuego de opositores a Chávez incluidos en sus denuncias. En una tumultuosa jornada en los pasillos de los tribunales, fue públicamente acusado de actuar para favorecer la reelección del mandatario en los comicios del 28 de este mes.
Elechiguerra informó el martes haber pedido al Tribunal Supremo de Justicia el antejuicio a Miquilena por presuntas irregularidades de tráfico de influencias, declaración falsa de patrimonio y sobregiro del presupuesto en el ejercicio de funciones públicas en el gobierno de Chávez.
Al mismo tiempo dio a conocer denuncias ante tribunales ordinarios contra los militares retirados Jesús Urdaneta y Jorge Garrido, opositores a Chávez, por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado.
Las decisiones de la fiscalía estremecieron a Venezuela, un país sumido en la campaña para las elecciones del 28, en las que 30.000 candidatos se disputarán 6.215 cargos. Hay 11,7 millones de personas habilitadas para votar.
Los comicios fueron convocados para adaptar la institucionalidad a la nueva Constitución, que refuerza la figura de la fiscalía como integrante de un novedoso Poder Moral, y que en su primer artículo consagra a este país como República Bolivariana de Venezuela.
Además, las elecciones marcarán el fin de una etapa definida como de "transición" y de cambios impulsados por el gobierno de Chávez, quien en febrero de 1999 asumió el poder convocando a un proceso de "revolución pacífica y democrática" para "refundar" la democracia.
Chávez acude a los comicios para renovar su mandato presidencial, y su principal desafiante es Francisco Arias, con quien compartió la carrera militar y el liderazgo de un fallido golpe militar en 1992.
Arias asegura que decidió retar a Chávez porque el gobierno "perdió la brújula" y se aleja del proyecto original que habría inspirado el golpe de 1992. El mandatario, por su parte, califica a su contendiente de "traidor".
Todos los acusados y el mismo fiscal forman parte del proceso puesto en marcha por el fallido golpe de Estado, que años después impulsó la llegada de Chávez al poder, generó el surgimiento de una nueva clase política y el desplazamiento de los partidos predominantes durante 40 años de democracia.
Miquilena fue el primer ministro del Interior de Chávez y posteriormente presidió la Asamblea Constituyente redactora de la carta fundamental.
"Nunca habrá un caso en mi contra", aseguró el principal operador político del oficialismo.
Los otros dos acusados son prominentes figuras del bando de Arias. Urdaneta acompañó la tentativa de golpe de 1992 y es candidato a gobernador, mientras que Garrido, para quien la fiscalía pidió detención preventiva, es el jefe de campaña del desafiante de Chávez.
Analistas políticos comentaron este miércoles que el fiscal fue salomónico, al decidir dar un tiro al gobierno y otro a la oposición, y algunos cuestionaron el hecho de que los casos fueran expuestos en plena temporada electoral.
Pero durante las últimas semanas hubo fuertes presiones para conocer la opinión de la fiscalía en torno de numerosas acusaciones presentadas ante ese despacho, mientras los medios de comunicación divulgaban opiniones que ponían en duda la actuación de ese organismo.
Elechiguerra está vinculado a las transformaciones que dieron nacimiento a la República Bolivariana. Durante la última década fue abogado de Chávez y de Arias y se comprometió con el proceso que ambos representaban.
Se desempeñó como procurador general (abogado del Estado) en el primer año del gobierno de Chávez y luego fue designado fiscal general por la asamblea legislativa presidida por Miquilena y dominada por el oficialismo.
La oposición criticó su nombramiento "a dedo" y su papel como "abogado de Chávez" en el pasado. Elechiguerra respondió garantizando con insistencia su transparencia y su decisión de actuar sin aceptar presiones.
Junto con la defensoría del pueblo y la contraloría general, la fiscalía forma parte del Poder Moral o Poder Ciudadano, creado por la nueva Constitución como mecanismo para salvaguardar los intereses de la sociedad frente a abusos e irregularidades.
Las denuncias seguramente colocarán a Elechiguerra entre dos fuegos al menos hasta el 7 de junio, cuando asumirán sus puestos las nuevas autoridades y el parlamento deberá designar las nuevas autoridades del Poder Moral, incluida la fiscalía. (FIN/IPS/lc/ff/ip/00
