SWAZILANDIA: Castración química de los violadores

El parlamento de Swazilandia pretende la castración química de los violadores convictos y el ministro de Justicia, Maweni Simelane, prepara un proyecto de ley para imponer esa medida extrema.

El proyecto tiene origen en una intervención del parlamentario Marwick Khumalo, quien propuso la castración para enfrentar las violaciones, un delito generalizado, que aumentó diez por ciento en 1999.

Khumalo cree que la castración química puede levantar menos resistencia de las organizaciones humanitarias que los procedimientos quirúrgicos.

Integrantes del parlamento favorables a la propuesta pretenden que también se aplique a las mujeres condenadas por violación. Si las mujeres exigen igualdad, se les debe aplicar las mismas penas que a los hombres, arguyeron esos legisladores.

"Las mujeres que violan a niños u hombres también deben ser castradas", dijo el parlamentario Nthuthuko Dlamini, que aludió a "apetitos sexuales peligrosos". Sin embargo, los archivos de la policía no registran ningún caso de violación de un hombre por una mujer.

Dos de los 65 miembros de la asamblea legislativa de Swazilandia son mujeres, pero ninguna de ellas intervino en el debate sobre castración.

El colegio de abogados y los médicos creen que la propuesta no logrará el propósito de reducir las violaciones, aunque compartieron la preocupación de los legisladores acerca de un delito de alarmante incidencia.

"Las violaciones fueron casi desconocidas en la sociedad tradicional" de Swazilandia, señaló el abogado Fikile Mtembu. "El sexo antes del matrimonio fue impensable hasta hace poco, cuando los matrimonios eran arreglados entre familias".

El rey Mswati II, coronado en 1986 y que gobernó de modo absoluto hasta fines de la última década, condenaba a muerte a guerreros solteros que mantenían alguna relación sexual.

La ruptura de la tradición y el creciente desarraigo de la población urbana ha liberado a la generación actual de trabas sexuales. Tampoco hay estructuras familiares para proteger a las mujeres de los abusos.

En 1994, la violación fue incluida entre los delitos que no admiten la libertad provisoria bajo fianza. El presidente del colegio de abogados, Sam Earnshaw, objetó esa disposición legal, pues afecta la facultad discrecional del juez y el principio de presunción de inocencia" de los acusados hasta que se demuestra su culpabilidad.

Earnshaw reconoció que la exclusión de la libertad bajo fianza de los procesados por casos de violación fue la respuesta de la conservadora sociedad swazi ante un delito que la ofende.

Mientras, la psiquiatra Rebecca Malepe advirtió que la castración "no es respuesta a la violación".

La ley propuesta por el gobierno "se origina en el pánico, tiende a la represalia y no a la prevención. La violación no es gratificación sexual, sino un modo de imponer el poder sobre otra persona", observó Malepe.

"Hombres impotentes han perpetrado violaciones con botellas de cerveza o con la emangedla", el bastón tradicional del guerrero swazi, agregó.

En opinión de Malepe, las violaciones continuarán, aunque sea promulgado el proyecto de ley que elabora el Ministerio de Justicia.

"La única respuesta es la terapia y la rehabilitación de los violadores. No es un método infalible, pero no hay otro", advirtió.

Pero el proyecto de ley tiene el apoyo de Khosi Mthethwa, directora ejecutiva del Grupo Swazi de Acción Contra el Abuso.

Su organización es la primera del país que asesora a víctimas de violación e incesto, ya sean hombres o mujeres. "El traumatismo psicológico que comprobamos diariamente es desolador", dijo Mthethwa.

"La castración de violadores tendrá un efecto de inhibición y disuasión de potenciales perpetradores. Los varones swazi están muy orgullosos de su pene, y sólo pensar en perder su instrumento sexual sería suficiente para disuadir a algunos de cometer abusos", opinó.

El ministro Simelane advirtió que la castración está considerada "un castigo cruel" por los países occidentales donantes, de los que Swazilandia recibe ayuda, y la aprobación del proyecto de ley podría tener impacto negativo en esa asistencia.

Simelane propuso reimplantar la pena de muerte, como respuesta política ante la alarma pública por el aumento de la cantidad de asesinatos, en un país en que los casos de homicidio fueron casi desconocidos hasta hace poco tiempo.

Su iniciativa fue criticada por la vecina Sudáfrica, que abolió constitucionalmente la pena de muerte.

El ministro informó a los legisladores que pedirá opinión a expertos en legislación internacional antes de continuar la redacción del proyecto de ley de castración de violadores. (FIN/IPS/tra-eng/jh/sm/ego/ff/hd ip/00