La escalada de represión a las protestas sociales en Brasil responde al fracaso del modelo de desarrollo agrícola adoptado por el gobierno, según el principal dirigente del Movimiento de los Sin Tierra (MST), Joao Pedro Stédile.
Son las mismas estadísticas oficiales que comprueban el empobrecimiento de los agricultores en las últimas décadas, que prosiguió en los cinco años del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, dijo Stédile este viernes en entrevista con corresponsales extranjeros.
El censo agropecuario del Instituto Brasileño de Estadísticas y Geografía apuntó en 1996 la desaparición de 942.000 pequeñas propiedades rurales, 400.000 de ellas ya bajo la Presidencia de Cardoso, en 1995 y 1996.
Eso acentuó la concentración de la tierra en un país donde grandes terratenientes acaparan la mayor parte del territorio, según Stédile.
Además, dos tercios de los agricultores "patronales", es decir los 784.539 dueños de grandes negocios rurales, se hallaban al borde de la quiebra, con ingresos insuficientes o incluso pérdidas. Entre los 4,07 millones de agricultores familiares, 2,4 millones enfrentaban también una situación insostenible en 1996.
Técnicos del gobierno admitieron en noviembre, en un artículo publicado por la revista del Ministerio de Agricultura, que dos millones de familias muy empobrecidas dejarán el campo en los próximos años, ampliando la miseria en la periferia de las grandes urbes con ocho a 13 millones de personas, señaló Stédile.
El "desastre", agregó, se debe al modelo adoptado, inspirado en Estados Unidos, que fomentó la producción de granos para exportación, especialmente soja, con grandes inversiones en infraestructura de transportes, como ferrocarriles y puertos.
Eso implicó la "desnacionalización del mercado agrícola brasileño, que pasó al control de grandes empresas extranjeras", y el favorecimiento, entre los pequeños agricultores, de aquellos integrados al agroindustria, observó Stédile, ideólogo y uno de los coordinadores del MST.
Tal política empobrece y expulsa del campo a millones de campesinos, anulando con creces la reforma agraria que, según el ministro de Desarrollo Agrario, Raúl Jungmann, asentó a más de 300.000 familias en los últimos cinco años.
Es esa pobreza rural, opinó Stédile, el verdadero obstáculo para una elevación del salario mínimo nacional, mantenido por el gobierno en 83 dólares desde abril, a pesar de las protestas de sindicalistas e incluso de parlamentarios que apoyan a Cardoso.
Un salario mínimo equivalente a 100 dólares, como querían los opositores, agravaría el éxodo rural, pues una empleada doméstica en la ciudad lograría un ingreso superior al correspondiente a una pequeña propiedad familiar en el campo, argumentó el dirigente del MST.
Las autoridades económicas alegan que el déficit fiscal impide un salario mínimo superior. Casi 13 millones de jubilados ganan ese piso legal y cualquier aumento agravaría el desequilibrio del sistema de previsión social.
El mantenimiento de la actual política agrícola hace imposible una verdadera reforma agraria, evaluó Stédile. Hay en el país, según él, más de 100.000 familias en 500 campamentos, organizados en predios ocupados y a lo largo de carreteras, muchos a la espera de asentamiento hace varios años.
Por eso se intensificaron las manifestaciones del movimiento social, "y no solo del MST".
El Movimiento de Mujeres Rurales reunió 5.000 campesinas en Brasilia en marzo, y los sindicatos rurales y organizaciones locales de pequeños agricultores ocuparon predios, sedes gubernamentales y carreteras para reclamar tierras, crédito y mejores condiciones para sus actividades, ejemplificó Stédile.
Entre 1990 y 1996 se registró un promedio de cien a 120 invasiones anuales de predios rurales (ocupaciones, según la terminología del MST). Esa cifra se elevó a 480 desde 1997 hasta hoy y "tiende a aumentar más aun, ante el descontento social" y la adhesión de otras organizaciones a esa forma de lucha, previó.
El gobierno responde a ese cuadro con represión policial y un intento de desacreditar el MST a través de los medios de comunicación, según el dirigente del movimiento.
Los ataques a balazos y gas lacrimógeno resultaron en un muerto y decenas de presos el día 2, cuando el MST tomó oficinas del Ministerio de Hacienda en varias capitales.
Además, el gobierno creó una división de represión política en la Policía Federal, amenazó con movilizar el ejército y dictó nuevas leyes contra ocupaciones de tierras.
La ola represiva que se siente en el país desde el mes pasado incluyó la brutal dispersión de una protesta de 3.000 indígenas y negros contra las celebraciones de los 500 años de la llegada a Brasil, el 22 de abril en una playa del estado de Bahía, de los primeros colonizadores portugueses.
Algunos días antes, la policía local había destruido un monumento con que los indígenas querían homenajear a sus muertos en la resistencia contra la colonización.
Una batalla callejera se registró también en Sao Paulo el jueves, dejando más de 20 heridos, cuando la policía atacó a funcionarios públicos, especialmente profesores, que protestaban contra sus bajos sueldos.
El MST responderá a la represión con "mayor movilización, alianzas con otras organizaciones sociales, sin radicalizar", pero manteniendo sus formas de lucha tradicionales, como ocupaciones de predios improductivos y sedes gubernamentales, aseguró Stédile.
Este tipo de medidas son rechazadas por el gobierno, que las califica de "antidemocráticas".
Mientras, el movimiento trata de negociar con las autoridades una solución para las más de 100.000 familias que viven en campamentos a la espera de asentamiento y aumento del crédito para los agricultores ya asentados. (FIN/IPS/mo/mj/ip dv/00
