Funcionarios del gobierno central de Brasil comenzaron hoy una huelga en reclamo de aumento de sus salarios congelados desde hace cinco años, en coincidencia con el Grito de la Tierra, protesta anual de los trabajadores rurales, lo cual amplió el brote de demandas sociales en el país.
Las manifestaciones se concentran este miércoles en Brasilia, donde el Congreso Nacional comenzó a tratar la propuesta de salario mínimo fijado por el gobierno en 151 reales (83 dólares), bajo presión de sindicalistas, funcionarios y campesinos, que piden aumentarlo.
El oficialismo asumió un riesgo al aceptar la votación en este 10 de mayo, fecha del Grito de la Tierra, protesta que cada año promueven la Confederación Nacional de los Trabajadores en la Agricultura (CONTAG) y otras organizaciones sociales en defensa de la reforma agraria y de mejores condiciones para asalariados del campo y agricultores familiares.
Unas 10.000 personas de varias partes del país fueron movilizadas para el acto de la confederación de los sindicatos rurales, que se juntaron a las protestas por un salario mínimo más digno. La mayor parte de los empleados formales y jubilados de la agricultura ganan ese piso legal.
La huelga, que no interrumpe los servicios públicos, pero enlentece o paraliza a algunos, en especial en las universidades, involucra a cerca de 450.000 funcionarios civiles que reclaman 63,68 por ciento de aumento salarial, correspondiente a la inflación de los últimos cinco años.
Además, pretenden recibir un beneficio de 28,86 por ciento concedido únicamente a los militares en 1993. Muchos funcionarios ya obtuvieron esta reivindicación por vía judicial y el gobierno propuso a los demás su pago en parcelas en los cinco próximos años, pero la mayoría lo rechazó.
Preocupante por sus efectos es la paralización de la Fundación Oswaldo Cruz, centro de investigaciones con 3.000 funcionarios y cuya sede central está en Río de Janeiro, que produce o distribuye vacunas y medicamentos contra enfermedades epidémicas, como fiebre amarilla, malaria, tuberculosis y sida.
Las huelgas en la enseñanza también proliferan en el ámbito de los estados. Profesores y funcionarios de las tres universidades estaduales de Sao Paulo detuvieron sus actividades hace dos semanas y el movimiento se extendió a escuelas de la enseñanza básica.
La batalla contra un salario mínimo de los más bajos del mundo se repite cada año, pero en el 2000 ganó fuerza por la adhesión de líderes políticos oficialistas, como el presidente del Senado, Antonio Carlos Magalhaes, del Partido del Frente Liberal, que encabezó una campaña a favor de un sueldo básico equivalente a 100 dólares.
La coincidencia de la votación parlamentaria y el "Grito de la Tierra" permitió a la CONTAG y a la Central Unica de Trabajadores juntar en varios actos en Brasilia las luchas por mejores salarios, por la reforma agraria y mejores condiciones para los pequeños agricultores familiares.
El presidente Fernando Henrique Cardoso prometió al titular de la CONTAG, Manoel dos Santos, a quién recibió antes de las manifestaciones, ampliar el crédito con bajos intereses a los agricultores y crear un fondo para apoyarlos en caso de pérdidas en las cosechas, debido a imprevistos como problemas climáticos.
El costo de los préstamos bajará de 5,75 a tres por ciento, con el principal corregido de acuerdo con la evolución del precio de los productos agrícolas. Además, se refinanciarán las deudas existentes con plazos e intereses mejores, anunció el ministro de Desarrollo Agrario, Raul Jungmann.
Santos acogió como un "triunfo parcial" las medidas anunciadas, que "fortalecen la agricultura familiar".
Sin embargo, las protestas prosiguen porque las respuestas del gobierno no atienden reclamos fundamentales, como una amplia reforma agraria y mejores salarios en el campo, sostuvo.
Además, el gobierno prometió elevar los recursos para la agricultura familiar en sólo 30,8 por ciento, muy por debajo del 162 por ciento reclamado por los campesinos.
La CONTAG, formalmente representante de los 17 millones de trabajadores rurales, entre asalariados y agricultores familiares, disputa con el Movimiento de los Sin Tierra (MST) el liderazgo de la lucha en favor de la población campesina.
Como organización sindical, a veces allegada al gobierno, obtuvo escasa resonancia con sus métodos convencionales, favoreciendo el surgimiento, en el comienzo de los años 80, de un movimiento más activo por la reforma agraria, que desembocó en la fundación del MST en 1985.
En los últimos años, la CONTAG adoptó también acciones agresivas y exitosas típicas del movimiento competidor, como las invasiones de predios rurales improductivos, marchas, actos en las grandes ciudades como este Grito de la Tierra e, incluso, la toma de sedes gubernamentales.
Investigaciones comprobaron que la mayor parte de los asentamientos de la reforma agraria concretado en los últimos 15 años, favoreciendo a unas 400.000 familias, se debieron sólo a las presiones ejercidas por los campesinos sin tierra.
La invasión de una docena de sedes ministeriales por parte del MST el día 2 provocó una dura represión policial por parte del gobierno, que además impuso un conjunto de medidas para punir ese tipo de acción.
La CONTAG quiere la revocación de algunas medidas, como la que veda la expropiación por hasta cuatro años de los predios rurales invadidos por el movimiento campesino, aunque sean improductivos.
La Constitución establece que la propiedad rural debe cumplir una función social, es decir, ser productiva, caso contrario puede ser expropiada para fines de reforma agraria.
La organización sindical reclama, además, el asentamiento de un mínimo de 250.000 familias campesinas al año.
El gobierno dejó de fijar metas este año, pero el ministro Jungmann dijo que el programa de reforma agraria puede beneficiar hasta 85.000 familias anualmente, meta que la CONTAG y el MST consideran impracticable debido a los recortes presupuestales impuestos. (FIN/IPS/mo/dm/ip/00