Más de 90 grupos ambientalistas de Canadá, México y Estados Unidos exigieron la inmediata suspensión de reuniones a puertas cerradas que suponen destinadas a cambiar los acuerdos ecológicos contenidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Según documentos de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, representantes de los tres gobiernos se han reunido en los últimos 10 meses para revisar los procedimientos del tratado que otorgan el derecho de petición a todo ciudadano para enfrentar el incumplimiento de leyes ambientales determinado por presiones comerciales.
"Es uno de los únicos mecanismos diseñados para crear derechos internacionales en favor de individuos y grupos sin fines de lucro y contrabalancear los derechos y ventajas concedidas a los negocios privados en el contexto de acuerdos de libre comercio", señalaron los ambientalistas.
La coalición de organizaciones no gubernamentales (ONG) incluye al Fondo Mundial de la Naturaleza, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Amigos de la Tierra y la Asociacion Canadiense de Ley Ambiental.
Durante la acalorada negociación del TLCAN, los mismos grupos se movilizaron para defender las normas ambientales de las presiones económicas y comerciales aguardadas del aumento del comercio en América del Norte.
"La credibilidad y legitimidad de la Comisión para la Cooperacion Ambiental (CEC) como institución pública está amenazada por esas reuniones secretas", dijeron las ONG. La CEC, radicada en la ciudad canadiense de Montreal, es el organismo intergubernamental creado por el TLCAN para recibir las peticiones de los ciudadanos.
Los ambientalistas exigen saber por qué las revisiones propuestas han sido negociadas en secreto. En el pasado, todas las revisiones fueron efectuadas en consulta con organizaciones no gubernamentales de los tres países.
También advirtieron que si los funcionarios de los tres países siguen manteniendo conversaciones reservadas, se "debilitará profundamente" la confianza pública en la capacidad de los gobernantes para balancear comercio y ambiente.
Esas conversaciones "abren serios interrogantes sobre el compromiso que los gobiernos del TLCAN han hecho para la participación de la sociedad civil en acuerdos comerciales", dijo Jake Caldwell, coordinador de comercio y ambiente de la Federación Nacional de Fauna Silvestre, de Estados Unidos.
Funcionarios gubernamentales negaron que las reuniones fueran secretas. Al respecto, señalaron que fue realizado un anuncio publico para advertir que serían discutidos aspectos menores de procedimiento.
Las ONG replicaron que la información recibida de la Agencia de Protección Ambiental, que ilustró la posición estadounidense sobre las proyectada revisión, revela el propósito de los negociadores de cambiar elementos clave del procedimiento para ejercer el derecho de petición.
Una de las propuestas manejadas por los negociadores exige al peticionante la demostración del alegado daño al ambiente.
Ese punto, poner la carga de la prueba sobre el grupo que formula la petición, fue debatido cuando se redactó el borrador del acuerdo ambiental del TLCAN, observó Steve Porter, abogado del Centro por una Ley Internacional del Ambiente.
Porter advirtió que una propuesta semejante obligaría a las comunidades locales a pagar costosos estudios de laboratorio u honorarios legales para plantear su caso.
"Eso limitará la participación pública, ya que desalentará a las ONG de seguir adelante con el mecanismo" de petición, destacó Gustavo Alanis, del Centro México de Derecho Ambiental.
Los ambientalistas también afirmaron que varias peticiones han permanecido sin respuesta durante excesivo tiempo.
"Es hora de terminar con esas demoras inaceptables", dijo David Schorr, director de la campaña del Fondo Mundial de la Naturaleza sobre comercio sustentable.
Una de las 23 últimas peticiones presentadas fue redactada por ONG ambientalistas de los tres países, que acusaron al gobierno de Estados Unidos de desconocer leyes nacionales o internacionales que prohiben matar aves migratorias.
Los peticionantes alegaron que Estados Unidos se rehúsa a hacer cumplir esa ley si la transgresión se vincula con la actividad de compañías madereras y contratistas, que destruyen el hábitat de las aves migratorias.
Así mismo, ONG mexicanas acusaron a su gobierno de violar la Ley General sobre Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, al manipular residuos peligrosos de una fundicion de plomo abandonada en la ciudad fronteriza de Tijuana.
Organizaciones canadienses elevaron una petición afirmando que su gobierno no hace respetar las leyes de pesca y no protege a los peces y el medio en que éstos viven del impacto de la industria minera.
Las mismas ONG acusaron tambien al gobierno canadiense de no asegurar la protección de los peces en los ríos de Columbia Británica amenazados por represas hidroeléctricas. (FIN/IPS/tra- eng/dk/da/ego/ff/en/00
