Los parlamentos del mundo muestran progresos en la profesionalización de sus miembros, en la eliminación de privilegios y en la moralización de la vida pública, pero retroceden en el tema de la inmunidad debido a una tendencia a limitarla, evaluó un estudio especializado.
La investigación, presentada este lunes por la Unión Interparlamentaria (UIP), examina el mandato de los representantes populares a través de las respuestas a las consultas dirigidas a más de 130 parlamentos nacionales de distintos continentes.
El secretario general de la UIP, el sueco Anders Johnsson, dijo que las conclusiones del estudio comprueban una evolución neta en tres áreas concernientes a los parlamentarios: la profesionalización, los privilegios y la moralización.
La profesionalización del mandato parlamentario puede ser considerada ya como un hecho consumado en el mundo, citó el autor del estudio, Marc Van der Hulst, jefe del servicio jurídico de la Cámara de Representantes de Bélgica.
El mandato parlamentario se ha transformado en una ocupación que los legisladores desempeñan con dedicación a tiempo completo.
Debido a esa profesionalización y a la ampliación del acceso a todas las capas de la población, los parlamentarios reciben en casi todas partes un salario básico independiente del número de sesiones en las que participan, de manera que todo ciudadano pueda ingresar al parlamento sin perjuicio de su fortuna.
Las únicas excepciones a esa regla se registran en algunos países de Africa, donde los parlamentarios siguen recibiendo asignaciones diarias, y en Cuba, donde los diputados cobran un salario similar al que percibían antes de incorporarse a las funciones legislativas.
En muchos países, en particular de Europa occidental, comienzan a estudiarse iniciativas para delimitar mediante incompatibilidades las funciones de los parlamentarios.
A las restricciones tradicionales, tendientes a proteger la independencia de los parlamentarios ante las demás ramas del gobierno, se suman otras prohibiciones destinadas a asegurar la máxima disponibilidad de tiempo para el ejercicio del mandato.
Johnsson observó también que desaparecen de manera paulatina los privilegios de los parlamentarios. En una época existía, y todavía rige en algunos países, el transporte gratuito para los legisladores, un beneficio que se ha perdido casi totalmente en la actualidad, dijo.
En ese terreno, legislador se encuentra prácticamente al mismo nivel que los demás ciudadanos, sostuvo el secretario de la UIP en una rueda de prensa de presentación del estudio denominado "El mandato parlamentario".
El informe mencionó que los escándalos que han sacudido en los últimos tiempos a la vida política de numerosos países, en especial de Europa occidental, han convencido a los parlamentos de la necesidad de "moralizar la vida política".
Aunque muchos países se encaminan hacia ese objetivo, todavía no se puede hablar de una legislación que establezca la obligación de una verdadera declaración de bienes, dijo Van der Hulst.
Austria, Letonia y la República Checa ya han implantado la declaración patrimonial, mientras Chile e India, precisó el informe, estudian medidas similares que permitirían a los parlamentos determinar si alguno de sus miembros se enriqueció por medios ilícitos.
Johnsson describió que se asiste cada vez más a una moralización de la vida pública en la actividad parlamentaria.
En el pasado se registraron numerosos escándalos que involucraron a políticos y parlamentarios pero ahora, rigen medidas generalizadas para reglamentar el cabildeo y para favorecer que la vida política sea lo más transparente posible.
El estudio de la UIP elogió el Informe de Lord Nolan, un código de conducta establecido en Gran Bretaña "que no tiene equivalentes en su género y que inspirará a otros parlamentarios".
El mérito del informe británico consiste en que contempla a los parlamentarios como hombres y mujeres iguales a cualesquiera: no son ajenos a las tentaciones ni tampoco todos pueden ser tratados de estafadores, dijo Van der Hulst.
Con relación a la inmunidad parlamentaria, el estudio dijo que un númerio cada vez mayor de países tiende a limitar los alcances de esa prerrogativa. En esos casos, se presume que las garantías ofrecidas por el derecho común son suficientes para la protección de los parlamentarios contra toda clase de presiones.
La experiencia demuestra, concluye el estudio, que la inmunidad es el Talón de Aquiles de los parlamentarios en los países donde la democracia no está suficientemente arraigada. (FIN/IPS/pc/ag/ip/00
