Clases impartidas bajo la sombra de un árbol o en degradados edificios son algo común en las áreas rurales de Filipinas.
El escaso aporte presupuestal del gobierno obliga a esperar una solución adecuada a la escasez de aulas, libros, sillas e incluso de maestros.
El Departamento de Educación admitió que necesita construir 21.000 aulas y contratar a 10.000 maestros para cubrir los problemas actuales en las escuelas públicas de todo el país, y el problema es encontrar el dinero para eso.
No es de extrañar, por lo tanto, que la calidad de la educación se deteriore con rapidez en un país que una vez ostentó una de las tasas de alfabetismo más altas de Asia.
Si bien hay 16 millones de alumnos registrados en escuelas públicas de los niveles primario y secundario, Filipinas gasta en educación básica solo una octava parte de lo que invierte Tailandia, según datos oficiales.
Se ha registrado un aumento mínimo de los gastos públicos para servicios sociales como educación básica, cuidado preventivo de la salud, agua y sanidad, en proporción al total de lo que se gasta, según Philip Tuaqo, del Centro de Estudios Políticos en la Universidad de Manila.
La participación del gasto en servicios sociales en el presupuesto "aumentó apenas de 11 a 12 por ciento en 10 años, desde 1987 a 1997", apuntó.
La falta de inversiones en educación y otros servicios sociales básicos fue tambien notada por la directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Carol Bellamy, en una visita a Manila en marzo.
"Si se desea un retorno de la inversión hay que invertir en los niños", instó Bellamy al gobierno y al sector privado. Tambien señaló que una "moderada desnutrición" entre los escolares filipinos afecta su capacidad de aprendizaje.
La desnutrición causada por la pobreza ha sido mencionada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como uno de los factores que afectan la enseñanza.
Un estudio de la Unesco en 1999 dijo que al menos 1,7 millones de niños filipinos de entre siete y 12 años se mantienen fuera de la escuela. La mayoría residen en las provincias más pobres del país.
"Si bien la educación pública elemental es gratuita, gastos relacionados con la escuela como transporte, meriendas, almuerzos, útiles escolares y otros materiales didácticos están por encima de la capacidad de padres pobres", señaló Unesco.
De 100 escolares filipinos inscriptos cada año, 66 completarán el ciclo elemental, 42 terminarán la enseñanza secundaria pero solo 14 obtendrán un diploma universitario, apuntó el Centro para Estudios Asia-Pacífico.
El gobierno está tratando de mejorar la calidad de la educación e inició un programa de adquisición de textos escolares para elevar la proporción de libros por alumno en las escuelas públicas.
Mediante un programa financiado por el Banco Mundial para 26 provincias pobres, el Departamento de Educación confía elevar la relación de un libro por cada tres estudiantes en el año escolar que comienza en junio. La relación actual es de uno por cada seis en la enseñanza primaria y uno por cada ocho en la secundaria.
Con fondos adicionales ya aprobados por el congreso filipino, se espera llevar la proporción, incluso, a uno por cada dos para junio de 2001. Otro préstamo del Banco de Desarrollo Asiático, rama regional del Banco Mundial, está en programa para lograr la relacion ideal de un libro por cada alumno en junio de 2002.
Los resultados de un sondeo patrocinado por el gobierno llamó de nuevo la atención pública acerca del deterioro de los programas de estudio y la competencia docente.
El sondeo, realizado para obtener información sobre la calidad y las condiciones de trabajo de los maestros de escuelas públicas en el país, corroboró hallazgos anteriores de Unesco y otras agencias sobre el estado del sistema de educación filipino.
De 405.973 maestros censados, 55 por ciento dijeron que sus escuelas carecen de electricidad, mientras 84 por ciento carecen de agua corriente y solo 38 por ciento están provistas de baños.
Cerca de 25 por ciento dijeron enseñar en aulas sin techo, 45 por ciento afirmaron llevar sus propios pupitres a la escuela, y 43 por ciento aportaban sus propias sillas. Aquellos poseedores de pupitres y sillas dijeron que estaban en malas condiciones y eran un riesgo para los alumnos.
"Si el mobiliario es inadecuado, es obligación de la escuela proveerlo", dijo la senadora Tessie Aquino-Oreta, quien auspició el sondeo en su carácter de presidenta de la Comisión de Educación de la cámara alta.
En "Malas Notas", informe publicado en marzo por el Centro de Investigación Periodística, la experta Ivonne Chua señaló la creciente brecha entre escuelas públicas y privadas. Uno de los principales motivos, observó Chua, es que el sistema de educación pública "esta cayendo por su propio peso".
El sistema de escuelas públicas concentró sus energías en "ampliar el acceso en vez de mejorar la calidad didáctica".
Para cubrir la demanda, el Departamento de Educación dispuso tres turnos de clases en áreas urbanas y un sistema en que se unen en la misma aula alumnos de distintos grados en zonas escasamente pobladas.
Eso dio como resultado una disminución de las horas de clase, según Chua. Una escuela cuyos alumnos perdían dos horas de clase cada jornada escolar durante cuatro años deja por el camino 1.600 horas de estudio, observó la experta.
Además, del sondeo surgió otro hecho alarmante: el cuerpo docente está envejeciendo. Alrededor de un tercio se retirará en los próximos 10 años.
"Si el plan para bajar la edad de retiro a 55 años entra en vigor, entonces el presupuesto oficial deberá tener en cuenta ese factor en los requerimientos financieros para los beneficios jubilatorios de 126.900 maestros", apuntó.
La pregunta más difícil de contestar es si habrá suficiente personal para reemplazarlos. (FIN/IPS/tra- eng/ap/ms/ral/ego/mj/ed/00
