AGRICULTURA-ARGENTINA: El estigma de los subsidios ajenos

Entre los factores que causan mayores perjuicios a la agricultura de Argentina están los subsidios que otorgan a ese sector Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, opinó 40 por ciento de los productores argentinos encuestados por una empresa privada.

La consulta hecha por el estudio Victoria Manny en el marco del foro "Perspectivas Agrícolas 2000", organizado este mes por la consultora AgriPac, también reveló que el sector agropecuario de este país espera la aplicación de rebajas tributarias para compensar esa desigualdad.

Ese planteo fue formalizado este mes por las asociaciones de productores al presidente Fernando de la Rúa, quien prometió una respuesta integral a la severa crisis que afecta a la actividad agropecuaria.

El campo ingresó en una fuerte recesión en 1997, a partir de la crisis financiera mundial nacida en julio de ese año en el sudeste de Asia, destino de buena parte de la producción argentina.

La desgracia llegó tras un período de bonanza en los precios que ahora, en perspectiva, se recuerdan con nostalgia como los mejores en varias décadas para los principales granos y oleaginosas de exportación local.

El valor promedio del trigo entre 1991 y 1999 fue de 129 dólares la tonelada, incluso en los dos últimos años críticos, mientras que en el 2000 se ubica en 98 dólares la tonelada.

En tanto, el maíz pasó de 98 a 83 dólares la tonelada, el girasol de 189 a 140 dólares y la soja, producto bandera del desarrollo del campo argentino, bajó de 211 a 177 dólares la tonelada.

El impacto del retroceso de los precios internacionales se observa en el alto endeudamiento de los productores, que llega a casi 65 por ciento del producto bruto agrario, y en la tendencia a la desaparición de pequeñas explotaciones rurales.

También se refleja en la caída de casi 50 por ciento en la venta de tractores y 40 por ciento en la de cosechadoras el año pasado, respecto de 1998.

La crisis hizo que en el mismo lapso el área sembrada de algodón se contrajera 54 por ciento y la de arroz 27 por ciento, mientras que la caída de las ventas de semillas y agroquímicos fue de entre 16 y 20 por ciento.

El tímido repunte de la actividad en lo que va del año no permite ser demasiado optimistas, dicen expertos y autoridades en un país cuya producción agropecuaria, con y sin manufacturar, representa más de 60 por ciento del total de las exportaciones.

En ese marco, el complejo sojero de aceites, granos y harinas proteicas, en el que Argentina es primer exportador mundial, aporta las mayores divisas, seguido por la comercialización del petróleo.

Detrás de esos dos productos aparecen el trigo, el maíz y el girasol, que superan a las exportaciones pesqueras, de automóviles y de carnes.

Toda esta producción está basada de manera fundamental en las buenas condiciones del suelo y del clima, sin que el sector reciba ningún tipo de subsidios.

Por eso es que los productores creen injusto que los países del Norte industrializado subvenciones su producción agrícola, menos eficiente, lo cual empuja a la baja los precios en el mercado mundial.

Tampoco existen demasiadas esperanzas de avances en las negociaciones para eliminar esos subsidios, iniciadas este año en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El Comité de Agricultura de la OMC no definió sino hasta marzo la realización de nuevas reuniones este año, tras el fracaso de la conferencia ministerial realizada en la ciudad estadounidense de Seattle a fines de 1999.

Las citas previstas para junio, septiembre, noviembre y diciembre serán de preparación para que en marzo del 2001 se presenten las propuestas ya compiladas al comité sobre cuatro áreas específicas: subsidios a las exportaciones, ayuda interna, acceso a mercados, y reglas y disciplinas.

El Grupo Cairns, integrado por 15 países que casi no destinan fondos públicos a subsidios agrícolas y entre los cuáles está Argentina, prepara un borrador para presentar al comité de la OMC, pero los productores argentinos, en especial los pequeños, no pueden esperar el desarrollo de ese incierto proceso.

Endeudados y con presión impositiva creciente en los últimos años por necesidades fiscales, miles de pequeños productores enfrentan la disyuntiva de sobrevivir en la pobreza o rematar sus campos, que por lo general van a parar a manos de grandes terratenientes.

Las condiciones son críticas para todos, pero los expertos aseguran que la producción en gran escala, lo cual implica grandes extensiones de tierra, ofrece mayores posibilidades de bajar costos y conseguir mejores tarifas en los servicios e intereses menores en los créditos.

El problema de los costos internos es clave para el sector, por lo cual fue mencionado como el segundo punto de preocupación por los productores encuestados en el marco del seminario que se realizó en Buenos Aires.

La mira de los empresarios agropecuarios está puesta en los altos precios de los combustibles y en la carga tributaria que este tiene.

Un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Sociedad Rural Argentina estima que el combustible representa 50 por ciento del costo en la producción de arroz.

"La agricultura es el sector más afectado por el precio del combustible utilizado por los vehículos a gasoil y, dada la cantidad que necesita el productor de arroz, los costos se le duplican", denunció el documento.

En este contexto, los productores esperan que en mayo el gobierno de De la Rúa anuncie medidas destinadas a bajar el precio de los combustibles, previa negociación con las empresas petroleras, así como el porcentaje de los impuestos.

También esperan que las autoridades, que asumieron el 10 de diciembre, cumplan con la promesa de renegociar las tarifas de los servicios públicos, a cargo de empresas privadas, y logren mayor control de las fusiones de empresas agroalimentarias, que también conspiran contra el pequeño productor.

Los empresarios agropecuarios piden, además, la eliminación de impuestos creados en los últimos años, como el de la renta mínima presunta o el tributo a los intereses, y hasta subsidios para productores rurales más pobres, similares a los que aplica la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. (FIN/IPS/mv/dm/if/00

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