Grupos ambientalistas celebraron en México la aprobación en primera instancia de un proyecto de ley que impone etiqueta identificatoria a los alimentos genéticamente modificados (OGM), para aclarar al consumidor el origen de esos productos.
El Senado apoyó el jueves por unanimidad la reforma de la Ley General de Salud para que los alimentos genéticaente modificados, ya sean de producción nacional o importados, lleven una leyenda que advierta tal circunstancia al consumidor.
Monsanto, una de las principales compañías del mundo en la producción de granos, realiza en México pruebas con al menos 12 OGM. El cultivo de semillas transgénicas en este país ya cubre 100.000 hectáreas.
Con Greenpeace a la cabeza, organizaciones ambientalistas luchan contra la importación a México de maíz estadounidense, en el que aparece combinado el material transgénico.
Las organizaciones no gubernamentales advierten los supuestos riesgos que la presencia de semillas transgénicas significa para las variedades silvestres de maíz, base de la dieta de la mayoría de los mexicanos.
Cerca de 50 especies y más de 10.000 colecciones de ese cereal, producido en México y América Central desde hace 6.000 años, son conservadas por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo.
La votación del Senado "nos sorprendió gratamente", pues propicia el aumento del conocimiento "sobre un tema tan importante para la salud y el hábitat", declaró a IPS Liza Covantes, coordinadora de la campaña de Ingeniería Genética de Greenpeace.
"Es importante que el antecedente de México se haga extensivo a otros países de América Latina", que son mayoritariamente importadores de alimentos, dijo Covantes.
"Pero nuestra batalla principal continuará, para impedir que las importaciones de maíz creado en laboratorio atenten contra la salud pública y puedan afectar las distintas variedades del grano mexicano", agregó.
La reforma aprobada pretende garantizar el derecho a la información de los mexicanos para que éstos puedan decidir con plena libertad qué alimentos desean consumir, señalaron algunos legisladores.
Aún cuando son indiscutibles los avances en materia de alimentos transgénicos, hay todavía interrogantes sobre su impacto en la salud humana, el ambiente y la economía, observó Samuel Aguilar, presidente de la Comisión de Salud del Senado.
"El señalamiento de alimento transgénico en la etiqueta constituye un elemento de certidumbre para la población y una muestra de voluntad legislativa" para lograr que "los avances científicos no rebasen el marco jurídico", añadió Aguilar.
Según la iniciativa, además de la leyenda para identificar el alimento transgénico, el envase o empaque debe explicar el tipo de gen añadido al producto.
Especialistas señalan entre las ventajas de los alimentos transgénicos su mayor valor nutritivo y que pueden ser producidos en cualquier temporada.
Pero otras voces en todo el mundo advierten que aún se desconocen los efectos a largo plazo de esos productos para la salud y la biodiversidad, aunque no existen pruebas de impacto negativo por su consumo.
El proyecto de ley debe pasar aún la prueba en la Cámara de Diputados, pero Greenpeace aplaudió la decisión del Senado por considerar que México cumple de esa manera con el Protocolo de Bioseguridad firmado en enero, indicó Covantes.
El Protocolo internacional de Bioseguridad firmado hace dos meses en Montreal, Canadá, exige la etiqueta de identificación en los productos elaborados con semillas y organismos a los que se incorpore un gen de otra especie para darles resistencia, mejorar su rendimiento o retrasar su maduración.
En algunas regiones de México se cultivan algodón y tomate transgénicos, y más de la mitad de la soja que se consume en el país procede de Estados Unidos, que la produce con semillas transgénicas, informaron fuentes del sector agrícola.
La estatal Comisión Nacional de Biodiversidad, de reciente creación, sostiene que la única forma de evitar riesgos a la salud humana y el medio ambiente es mediante "un intenso esfuerzo de investigación y monitoreo de los posibles efectos".
"La ausencia de evidencia de daños al medio ambiente no debe interpretarse como la inexistencia de riesgos", señaló la comisión. (FIN/IPS/pf/ff/en he/00
