La brecha que separa a quienes pretenden el control de toda transferencia de armas livianas de quienes sólo desean atacar el mercado ilegal ha comenzado a ampliarse en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La ONU realizará en junio del próximo año una conferencia sobre armas pequeñas y livianas, y la primera de la serie de reuniones preparatorias comenzó el lunes en la sede del foro mundial, en Nueva York, con una clara división de posiciones.
La Asamblea General de la ONU convocó a la conferencia para discutir "el tráfico ilícito de armas pequñas y livianas en todos sus aspectos".
Las últimas cuatro palabras fueron invocadas por los partidarios de una amplia interpretación de la convocatoria para argüir que el tráfico ilegal y las transferencias legales deben ser consideradas por la futura conferencia.
Quienes se alinean en esa posición señalan que la mayoría de las armas ilegales fueron fabricadas de modo lícito, para entrar luego en el círculo de la ilegalidad debido a la falta de controles a su exportación y a la superproducción.
Esto significa que los gobernantes deben reconocer que el problema es cusado no sólo por "terroristas", "renegados" y "criminales", sino también por quienes fabrican y exportan armas.
Los bandos en que se divide la conferencia no siguen el esquema tradicional Norte-Sur, y el equilibrio de fuerzas se inclina a favor de la interpretación amplia del mandato recibido de la Asamblea General.
Las declaraciones más enérgicas en apoyo de la interpretación amplia proceden de las naciones más devastadas por las armas, ya sean éstas de origen legal o ilegal.
Argelia y Malí, dos países africanos vecinos, manifestaron puntos de vista opuestos en la sesión inaugural de la reunión preparatoria.
"La conferencia no debe limitarse a discutir el tráfico ilícito de armas pequeñas, sino que también debe considerar el comercio legal. Sólo con más transparencia y el control de la transferencia de armas pequeñas la comunidad internacional podrá estar en condiciones de acabar con el tráfico ilegal", advirtió el embajador de Malí, Moctar Ouane.
Pero Abdelkade Mesdoua, de Argelia, arguyó que "si bien es difícil trazar una línea clara de demarcación entre tráfico ilícito y legal, creemos que es riesgoso abordar el comercio legal entre naciones".
Mesdoua invocó el derecho de los estados a la autodeterminación y a su defensa para proponer la exclusión de las transferencias legales de la mesa de discusiones.
La mayoría de los países y la Red Internacional de Acción contra las Armas Pequeñas, conformada por 200 organizaciones no gubernamentales, se afiliaron a la interpretación amplia e incluso señalaron que la conferncia debe abordar cuestiones sociales y políticas vinculadas con el asunto central.
El embajador Carlos dos Santos, de Mozambique, presidente de la reunión preparatoria, exhortó a los participantes a "lanzar un proceso para fortalecr la estabilidad económica, social y humana de los países afectados por la plaga de las armas livianas".
"El objetivo final de nuestros actos debe ser el alivio del sufrimiento de los pueblos", dijo Dos Santos.
Mozambique es ejemplo del caos que causa la presencia sin control de armas livianas. Su larga guerra civil fue alimentada en parte por los suministros que los rebeldes recibieron del régimen racista de Sudáfrica.
El desmantelamiento a principios de esta década del apartheid en Sudáfrica determinó también el fin de la guerra en Mozambique y el desarme de los combatientes.
Pero aún abundan las armas en ese país, como lo demuestra la confiscación de cargamentos destinados a Sudáfrica para el uso de delincuentes. Otras fueron enterradas para ser utilizadas en caso de retorno de la violencia política.
El gobierno mozambiqueño teme que esas armas y las minas explosivas sembradas durante la guerra civil queden al descubierto cuando se retiren las aguas que han inundado grandes zonas del país.
Las armas pequeñas y livianas son aquellas que pueden ser manejadas por una sola persona y cargadas por un individuo, un vehículo ligero o un animal. Se trata de pistolas, granadas de mano, fusiles de asalto, bazucas y cierta clase de armas antiaéreas.
Dado que diferentes clases de armas entran en esas dos categorías y debido a que su uso es legítimo en el caso de fuerzas de seguridad y defensa e incluso de civiles, no es factible aplicarles la misma prohibición que a las minas antipersonas y a las armas químicas.
No obstante, es posible determinar controles para su venta y uso.
El embajador de Noruega en la ONU, Gunnar Lindeman, propuso la implementación de programas para reunir y destruir las armas al finalizar todo conflicto, el aumento de la colaboración entre los srvicios de seguridad en cada país y medidas para controlar la venta de esos instrumentos letales.
Eugenia Piza-Lopez, de la organización no gubernamental Alerta, recomendó restringir la exportación de armas, mejorar los sistemas de rastreo de las mismas y la negociación de acuerdos entre países para combatir el tráfico.
"La conferencia debe instruir a los estados miembros (de la ONU) para discutir códigos de conducta en materia de transferencia de armas, sobre la base de principios relativos a derechos humanos y la ley humanitaria", dijo por su parte Loretta Bondi, de la organización Human Rights Watch.
"También es necesario asegurar la transparencia (de la venta de armas), pues "no tenemos idea de la cantidad" vendida", agregó Bondi.
La sesión en curso finalizará el viernes, aunque se aguardan nuevas reuniones antes de la conferencia del año próximo. (FIN/IPS/tra-en/jw/ks/ff/ip/00
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