Las autoridades de Cuba esgrimen estudios especializados para demostrar en un tribunal local que los más de 11 millones de habitantes son las principales víctimas del bloqueo de Estados Unidos, y no el gobierno de Fidel Castro.
Las pruebas de los perjuicios a la población y a la economía empezaron a presentarse el lunes en el Tribunal Provincial de La Habana como parte de una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por 121.000 millones de dólares.
Los primeros testimonios en la vista oral del proceso intentaron demostrar que, si bien en casi 40 años el bloqueo falló en su objetivo de tumbar a Castro, fue eficiente en materia de daños a las condiciones de vida en este país.
De acuerdo con especialistas de la empresa estatal cubana Alimport, las sanciones de Washington estarían detrás de la escasez de leche, pan y de otros alimentos, sobre todo después de que la isla perdió sus socios del antiguo campo socialista.
Como consecuencia del bloqueo, Cuba debe invertir anualmente decenas de millones de dólares más que otros países para comprar las mismas cantidades de cereales, leche en polvo, pollo y soja, según informes de la entidad importadora.
Alimport desembolsó el pasado año entre 15 y 18 dólares extra por tonelada de trigo, unos 18 millones en total, por no poder comprar en Estados Unidos, primer exportador mundial de cereales, afirmó Alberto Ríos, subdirector comercial de esa entidad.
El funcionario aseguró que la isla importa cada año un millón de toneladas de trigo, para la elaboración de pan y para forraje, pero al no acceder al vecino mercado se ve obligada a pagar precios mayores en Argentina, Canadá y Europa.
Algo similar ocurre con las compras de soja para la elaboración de alimentos y con productos como la leche en polvo y el pollo congelado, todos destinados a la venta racionada a la población.
Igor Montero, también funcionario de Alimport, sostuvo que para compra de leche y pollo la isla tuvo que buscar proveedores en Canadá y en sitios tan distantes como el Cono Sur latinoamericano y la Unión Europea.
La diferencia de precios en la venta de leche entre Estados Unidos y esos países representó para el gobierno cubano una erogación extra de 2,5 millones de dólares para leche en polvo y de 1,7 millones para pollo, aseguró Montero.
La Habana asegura que las dificultades para encontrar mercados donde comprar alimentos aumentaron la pasada décadas con la entrada en vigor en Estados Unidos de la ley Torricelli en 1992 y de la Helms-Burton en 1996.
La ley Torricelli prohibió a sucursales de firmas estadounidenses en terceros países mantener negocios con Cuba, justo cuando la isla perdía sus principales proveedores, ubicados en el disuelto bloque socialista, que también era el mercado de 85 por ciento de sus exportaciones.
Por su parte, la Helms-Burton estableció sanciones contra empresas de terceros países que adquieran o utilicen antiguas propiedades estadounidenses en la isla, unos meses después de que el gobierno de Castro aprobara una ley para incentivar la inversión extranjera.
El efecto directo de esas legislaciones es el encarecimiento de los fletes, pues toda vez que un barco toque puerto cubano no podrá entrar a Estados Unidos en seis meses. Ese riesgo debe pagarlo Cuba con fuertes sumas, según Alimport.
El bloqueo se suma a la crisis que afecta a la economía cubana desde 1990 para empeorar aún más la situación que, según expertos, tiene su mayor víctima en la población de la isla que vivió un brusco descenso de sus condiciones de vida.
Estudios especializados indican que en los momentos más agudos de la crisis económica, en los años 1992 y 1993, se registró un notable deterioro en el nivel de alimentación de la población, con efectos en el estado nutricional y la salud.
Entre 1989 y 1993, el consumo de calorías por persona pasó de 2.845 kilocalorías diarias a 1.863, mientras la ingesta diaria de proteínas descendió de 76,5 gramos a 46.
La recuperación de los niveles de nutrición llegaron el pasado año a 2.363 kilocalorías y 59,4 gramos de proteína diarios por persona, pero ese consumo se mantiene aún por debajo de las recomendaciones internacionales.
A inicios de los años 90, las autoridades cubanas redujeron considerablemente la venta racionada de leche a la población a precios subsidiados, limitándola a los menores de siete años y a las personas con dieta por enfermedades como la diabetes mellitis.
El pan, que se vendía libremente, fue estrictamente racionado. Tanto los productos agrícolas y del mar, las carnes y los alimentos elaborados en general empezaron a escasear de forma significativa y a venderse a muy altos precios en el mercado subterráneo.
La situación empezó a mejorar con la legalización del dólar en 1993, el acceso de la población a tiendas que venden en divisas y la apertura un año después de los mercados agropecuarios de libre concurrencia.
Pero la oferta de alimentos en pesos cubanos se mantiene deficitaria y amplios sectores de la población de la isla carecen de recursos para garantizar una alimentación balanceada a partir de la red de comercios en divisas y de los mercados campesinos.
Montero aseguró que, además de tener de pagar más que cualquier otro país por determinados alimentos, Cuba afronta perjuicios adicionales por no poder acceder a facilidades crediticias normales para otros estados.
De acuerdo con las leyes del bloqueo la isla no puede emplear el dólar estadounidense en sus transacciones comerciales y tampoco está autorizada a disponer de cuentas en esa moneda en bancos extranjeros. (FIN/IPS/da/mj/ip/00
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