El presidente Ricardo Lagos logró hoy, por primera vez en Chile, sentar en una misma mesa a dirigentes indígenas y empresariales, al instalar la comisión que en un plazo de 50 días deberá proponer un "nuevo trato" para las comunidades étnicas.
Lagos, quien asumió el cargo hace cinco días, cumplió así un compromiso asumido el 2 de marzo en una reunión con dirigentes mapuches y abrió un cauce de posible solución a uno de los conflictos más complejos que heredó de su antecesor, Eduardo Frei.
"Tengo confianza en que a través del diálogo vamos a avanzar ahora, para que en los próximos 50 días exista una propuesta del nuevo trato de Chile, del Estado, para el mundo indígena", dijo el mandatario al inaugurar las labores de la comisión que 26 personas.
En el grupo participan nueve dirigentes de las etnias mapuche, rapanui, atacameña y aymara, 10 altos funcionarios del gobierno, entre ellos siete ministros, dos dignatarios católicos y una pastora evangélica, y cuatro dirigentes empresariales de los sectores agrícola y maderero.
La comisión contará así mismo con la asesoría del abogado José Aylwin, especialista en asuntos indígenas, quien estuvo a cargo de la primera comisión indígena creada en el país bajo el gobierno de su padre, Patricio Aylwin (1990-1994).
La ministra de Planificación y Cooperación, Alejandra Krauss, precisó que ésta "no será una mesa de diálogo", desvirtuando así las comparaciones que la prensa local estableció entre esta nueva instancia y la Mesa de Diálogo cívico-militar sobre derechos humanos creada por el gobierno de Frei en agosto último.
Los conflictos étnicos, latentes en la sociedad chilena desde la llamada "Pacificación de la Araucanía" en el siglo XIX, afloran cada cierto tiempo y recrudecieron desde comienzos de 1999 con movilizaciones mapuches por la recuperación de sus tierras ancestrales.
Comunidades indígenas de las regiones octava del Bíobio, novena de la Araucanía y décima de Los Lagos, entre 500 y 900 kilómetros al sur de Santiago, exigen la devolución de tierras convertidas hoy en fundos (haciendas) agrícolas y madereras.
Las empresas forestales, respaldadas por la empresarial Corporación de la Madera (Corma), han acusado a las organizaciones mapuches de utilizar "métodos guerrilleros" en ataques violentos y atentados incendiarios en los predios.
Los indígenas denuncian, a su vez, que tanto los empresarios como algunas autoridades policiales procuran desacreditar y desprestigiar su lucha reivindicativa.
A fines de febrero, diputados de la gobernante Concertación por la Democracia entregaron a la justicia antecedentes sobre autoatentados que guardias de seguridad de la empresa Mininco, una de las más involucradas en el conflicto, realizaban para luego inculpar a los mapuches.
En la comisión del nuevo trato participan el vicepresidente de Corma, Juan Eduardo Correa, y el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, quien dijo que es necesario "restablecer la confianza deteriorada entre el sector privado, empresarial, y el sector indígena y el gobierno".
Los problemas étnicos en Chile incluyen igualmente el rechazo de familias pehuenches, una rama mapuche, a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco en el cauce cordillerano del río Bíobio, el más importante del país, unos 500 kilómetros al sur de Santiago.
El grupo instalado por Lagos tendrá que considerar igualmente los reclamos de las etnias atacameña y aymara, del extremo norte de Chile, contra las compañías mineras que usufructúan las escasas fuentes de agua en los territorios altiplánicos.
El Consejo de Todas las Tierras, una de las organizaciones mapuches más radicalizadas, no participa formalmente en la comisión, pero la ministra Krauss aseguró que su líder, el werkén (mensajero o portavoz) Aucán Huilcamán, ofreció colaborar en los trabajos del grupo.
Otros grupos mapuches ajenos a la comisión realizaron este jueves una manifestación de protesta por la permanencia como director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) de Rodrigo González, designado en el cargo por Frei.
González, un abogado socialista, fue ratificado a la cabeza de la Conadi por Lagos, pese a que tanto su nombramiento como su gestión fueron objeto de fuertes críticas de organizaciones indígenas y ambientalistas durante 1999. (FIN/IPS/ggr/mj/pr hd/00
