La decisión gubernamental de limitar a 11 por ciento el aumento del salario mínimo, anunciada hoy en Brasil, frustró a sindicalistas y parlamentarios, incluso entre los oficialistas.
La menor remuneración legal en el país pasará de 78 a 87 dólares a partir de 3 de abril y tendrá vigencia por 12 meses, decidió el presidente Fernando Henrique Cardoso, provocando duras críticas de la oposición y de sus propios partidarios.
Esa suma es "un insulto", replicó el diputado y ex sindicalista Luiz Antonio Medeiros, del Partido del Frente Liberal (PFL), uno de las tres grandes fuerzas políticas que respaldan el gobierno.
El lider del PFL, Antonio Carlos Magalhaes, presidente del Senado, desató hace algunos meses una campaña por un salario mínimo equivalente a 100 dólares, lo que obligó a Cardoso y a su equipo económico a anticipar el aumento que tradicionalmente tenía lugar el 1 de mayo.
Pero la decisión, adoptada tras una fuerte polémica entre parlamentarios y autoridades económicas, contempla una flexibilidad para que los gobiernos estaduales puedan fijar un adicional con validez local.
El salario mínimo nacional responde a las limitaciones de los estados menos desarrollados, y por eso su valor puede ser "insignificante" en las regiones más ricas del país, explicó el ministro de Trabajo, Francisco Dornelles, al efectuar el anuncio.
Por eso el presidente enviará al Congreso legislativo un proyecto de ley que abriría la posibilidad de que los estados tengan su propia remuneración mínima, válida para trabajadores no sujetos a la legislación nacional, es decir excluyendo los jubilados.
La batalla por un salario mínimo más elevado, bandera de la oposición izquierdista, se repite todos los años en Brasil. Este año el PFL, un partido conservador, se sumó a la campaña, en un intento por romper el monopolio izquierdista de ese reclamo.
Las elecciones municipales de octubre estimularon a los políticos del oficialismo a adoptar actitudes propias de sindicalistas.
Razones fiscales, especialmente el agravamiento del déficit del sistema de previsión social, y la consecuente inflación, impiden un mayor aumento, argumentan el presidente y sus ministros.
La elevación a 87 dólares ya supera la suma prevista en el presupuesto de este año, que es de 83,5 dólares. Eso aumenta cerca de 600 millones de dólares el déficit previsional, obligando el gobierno a reducir gastos en algun otro rubro o buscar nuevos ingresos.
La polémica no termina con la decisión anunciada este jueves. Parlamentarios laboristas de oposición y del PFL anunciaron que procurarán modificar el decreto presidencial para elevar el salario mínimo a la suma pretendida, de cerca de 180 reales (104 dólares). (FIN/IPS/mo/mj/if/00
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