Activistas pidieron que las condiciones de reclusión en las cárceles de Japón sean mejoradas para cumplir la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT), que el país firmó en julio.
"La decisión de firmar la Convención fue un paso adelante, pero el gobierno de Japón sigue negando el goce de sus derechos a criminales, extranjeros y enfermos mentales, entre otras personas", declaró Hideki Morihara, de la filial japonesa de Amnistía Internacional.
Algunos de los abusos denunciados se producen en las cárceles y en los centros de detención de inmigrantes ilegales, donde extranjeros languidecen sin atención adecuada.
Los activistas señalaron casos de deportación de extranjeros que habían solicitado que Japón los acogiera como refugiados, y afirmaron que la CAT no permite esas deportaciones.
También llamaron la atención sobre la situación de enfermos mentales que son atados a camas de hospital y a quienes no se permite buscar atención médica en forma independiente.
"La CAT es importante para nosotros, los defensores de los derechos humanos, porque ayuda a identificar la falta de respeto a grupos minoritarios en Japón", explicó el abogado Yuiichi Kaido.
Los activistas aseguraron que la tortura se practica en gran escala en las prisiones, y que la CAT es violada por sistemáticos abusos verbales y físicos contra extranjeros que reciben golpes cuando están esposados o son confinados en celdas de aislamiento por funcionarios de inmigración, quienes no les permiten consultar a abogados.
Funcionarios aduaneros del Aeropouerto Kansai fueron amonestados hace un año por abusos contra seis mujeres filipinas sospechosas de contrabandear drogas, quienes fueron obligadas a desnudarse para ser revisadas. Además, se comprobó que esas mujeres no llevaban drogas.
Un mes después, el tribunal del distrito de la ciudad de Asahikawa, en la isla noriental de Hokkaido, rechazó la demanda de un preso que fue confinado en una celda de aislamiento durante 13 años, arguyendo que ese tipo de castigo es necesario para mantener el orden en las cárceles.
"El confinamiento solitario es una violación de los derechos humanos, y el dictamen demostró una vez más la complicidad de la justicia y el gobierno", comentó Kaido, quien representó a la víctima.
El mes pasado, el sistema legal japonés fue puesto en tela de juicio cuando un veredicto de culpabilidad en primera instancia contra seis jóvenes acusados de violar y asesinar a una niña de 15 años, emitido por un tribunal de familia, fue anulado por la Corte Suprema.
Los acusados, de entre 13 y 15 años, dijeron que eran inocentes pero habían confesado ser autores del crimen por las intimidaciones de policías que los interrogaron cuando estaban detenidos.
"Los tribunales se apoyan mucho en confesiones obtenidas en celdas policiales, y eso viola las normas internacionales sobre derechos humanos", señaló el abogado Satoro Shinomiya.
El caso del mes pasado puso de relieve una vez más las fallas del sistema de "prisión preventiva", que permite detener a sospechosos durante más de 23 días sin permitirles que consulten a abogados.
Los investigadores también pueden mantener a sospechosos bajo custodia policial después de que los cargos contra ellos han sido archivados.
Amnistía Internacional sostiene que ese sistema viola la CAT, y quiere que el Ministerio de Justicia impulse nuevas leyes que establezcan la obligación de registrar los interrogatorios con filmadoras y otros instrumentos.
El ministerio rechazó esa propuesta arguyendo que durante los interrogatorios no se emplea excesiva violencia y que las leyes vigentes protegen los derechos humanos de los presos.
Algunos hechos recientes dieron a los activistas esperanzas que se produzca algún tipo de reforma.
El tribunal de distrito de Chiba, una ciudad sudoriental en las cercanías de Tokio, decidió en febrero otorgar una compensación por daños a un preso que denunció haber sido golpeado con brutalidad en una celda mientras estaba atado.
"Ese dictamen fue una inusual victoria, y demostró que el público está tomando conciencia sobre la cuestión de los derechos humanos", comentó Kaido, quien no reveló otros detalles del caso.
Los activistas dijeron que van a continuar su campaña para reducir "el irregular y excesivo poder" de las fuerzas policiales, y señalaron que su lucha tiene especial importancia debido al aumento del maltrato contra extranjeros.
También expresaron su preocupación por una nueva ley antisubversiva aprobada por el parlamento en diciembre, que amplía los poderes policiales para llevar a cabo investigaciones y allanamientos sorpresivos sin orden judicial contra organizaciones consideradas peligrosas.
Esa ley permitió realizar en enero la primera investigación en una oficina de la Secta Verdad Suprema, responsable de un ataque con gas neurotóxico en un tren subterráneo de Tokio. La policía irrumpió en el edificio sin orden judicial y obligó a los miembros de la secta a permanecer afuera.
"La nueva ley es un paso atrás en el camino hacia un mayor respeto de los derechos humanos", comentó Kaido. (FIN/IPS/ tra- eng/sk/rdr/an/ego/mp/hd ip/00)
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