La negativa de Gran Bretaña a extraditar al chileno Augusto Pinochet a España causó desazón entre activistas de derechos humanos en Londres, quienes, sin embargo, confían en que el precedente establecido por el caso impedirá que otros ex dictadores viajen libres por el mundo.
"Regresa a Chile desacreditado como asesino en masa y terrorista internacional", dijo Paul May, del Comité Chileno por Justicia.
Activistas chilenos y de todo el mundo apostados en Londres se habían comprometido a sostener la acusación en España hasta la muerte del dictador.
Expertos legales manifestaron su certeza de que Pinochet no será juzgado en Chile por las graves violaciones de derechos humanos de que se lo acusa, debido a la Ley de Amnistía que él mismo sancionó en 1978 y a la inmunidad que goza en su carácter de senador vitalicio.
La médica británica Sheila Cassidy, quien sufrió torturas en los primeros años del régimen de Pinochet, manifestó su "considerable tristeza" por el desenlace determinado por el secretario del Interior británico, Jack Straw.
"Nos hemos manifestado en vano y, ahora, él nunca será juzgado por la tortura y la muerte de nuestro pueblo. Intentamos que el mundo escuchara, queríamos justicia y no la logramos", se lamentó la chilena Henrika Harkko, de 24 años, estudiante en Londres.
Pero el caso Pinochet resultó, de todos modos, un hito trascendental y un paso adelante en materia de derecho humanitario.
Un portavoz de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional dijo que el caso dejaba sentado el precendente legal en la materia "más importante desde los juicios de Nuremberg", en los que se juzgó a los criminales nazis después de la segunda guerra mundial (1939-1945).
"Este caso confirmó que el delito de torturas puede ser perseguido en cualquier parte del mundo, sin importar dónde se cometió y quién fue el autor", sostuvo el protavoz.
El director legal de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, Reed Brody, manifestó que "es una terrible desilusión para los miles de víctimas de Pinochet que no se le juzgue en España".
"Pero el hecho de que fuera arrestado y que su alegada impunidad fuera rechazada ya cambió los cálculos de los dictadores en todo el mundo", agregó Reed.
Pinochet fue arrestado a instancias del juez español Baltasar Garzón, quien lo juzga por torturas cometidas en el último período de sus 17 años de dictadura (1973-1990).
Más de 3.000 personas murieron o desaparecieron después de que Pinochet derrocó al socialista Salvador Allende en 1973. Docenas de víctimas eran ciudadanos españoles.
El Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores rechazó la inmunidad de Pinochet en relación con los casos de tortura y conjura para torturar ocurridos después del 8 de diciembre de 1988, fecha en que había entrado en vigor la Convención Internacional contra la Tortura.
El fallo sentó el antecedente de que un ex jefe de Estado no podría salvarse de una acción judicial tras cometer un delito penado por leyes internacionales.
Straw anunció este jueves su negativa al pedido de extradición de Pinochet a España por razones humanitarias, respaldado por los resultados de un examen médico practicado al militar de 84 años.
La decisión tuvo como consecuencia la liberación inmediata del militar chileno.
El ex dictador partió de inmediato hacia Chile en un avión 707 una vez difundida la declaración del secretario del Interior británico, y llegó el viernes al aeropuerto internacional de Santiago. (FIN/IPS/tra-en/nb/mj/hd ip/00
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